The Seimas Ombudsman Augustinas Normantas is concerned about the information provided in the public sphere that some migrants from the camps under the control of the State Border Guard Service, where they live in tents, are planned to be evicted until the 15^th of October, when the current average air temperature is already a threat to their health and life. The Seimas Ombudsman draws his attention to the conclusion submitted to him by the State Forensic Medicine Service, in which it is stated that “the body can cool down even at a positive ambient temperature, i.e. at above 10°C or even at about 20°C”. The Seimas Ombudsman notices that the cooling of the body is promoted by many other factors: air movement (wind) speed, air humidity, choice of clothing, humidity on the human body, immobility. Cooling of the body is also affected by individual characteristics of the body, i.e. illness or exhaustion.

Older people are less resistant to lower temperatures and children are particularly sensitive to cold. The state report issued by the State Forensic Service also notes that the duration of cooling can vary between 1.5 and 12 hours; at low temperatures (-20 to -30°C) the body can cool down in a short time, at a temperatures higher than 5°C it takes longer time. A person usually dies from cold when the internal body temperature drops below 25°C.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Angel Luna, acaba de hacer pública una resolución en la que recomienda a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica a reconocer la condición de interesada en el procedimiento de “Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación del vertedero de Xixona” a la Federación Ecologistas en Acción del País Valenciano.

El defensor del pueblo valenciano también insta a que, en su condición de interesada, se le notifique a esta asociación ecologista la estimación o no de sus alegaciones, así como de las resoluciones que se adopten a lo largo del procedimiento.

El Síndic recuerda en su recomendación que, según la normativa que regula los derechos de acceso a la información en materia de medio ambiente, se considerarán personas interesadas aquellas que:

1. 1. a) Tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular.
   2. b) Se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
   3. c) Según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por la actuación, o en su caso, omisión administrativa.

Consulta nuestra resolución sobre asunto.

Les organisations de la société civile de l’UE fournissent des services, s’engagent en faveur de communautés, mènent des actions de sensibilisation, défendent les intérêts d’autrui et invitent les autorités à rendre compte de leurs actions. Mais elles sont confrontées à des menaces, sont victimes d’attaques, subissent des réductions de financement et font l’objet de restrictions disproportionnées. Comme le souligne un nouveau rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), il ne s’agit là que de quelques-unes des difficultés auxquelles les organisations de la société civile de défense des droits de l’homme sont confrontées dans certaines parties de l’UE, alors que la pandémie de coronavirus a aggravé leurs conditions de travail. La FRA invite les décideurs politiques à promouvoir un environnement de travail plus favorable à la société civile afin de contribuer à faire respecter, pour tout individu, l’ensemble des droits de l’homme.

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Jesús Maeztu aborda las preocupaciones de la ciudadanía de la provincia con el delegado del Gobierno de la Junta en Granada

El comisionado parlamentario anuncia una próxima visita de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía a Baza y Guadix

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha trasladado hoy las principales preocupaciones trasladadas a su Oficina por la ciudadanía de la provincia de Granada al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Pablo García Pérez, entre las que ha destacado la situación de las familias en riesgo de pobreza energética; la planificación de los sistemas de energía; y la atención sanitaria y de servicios sociales que se dispensa en la provincia granadina.

En una reunión de trabajo, el Defensor del Pueblo andaluz se ha vuelto a interesar por la situación de los cortes de luz en la Zona norte de Granada capital y otros municipios de la provincia, “y ha pedido un paso más”. Desde 2015 y en diversas ocasiones el Defensor se ha interesado por la situación de las personas afectadas; ha visitado domicilios y espacios públicos como centros sanitarios y educativos para comprobar in situ estas deficiencias en el suministro; ha tramitado las quejas de los particulares, y ha impulsado reuniones de la Mesa destinada a resolver este problema. Ahora el Defensor ha solicitado “coordinación” y la posibilidad de que un equipo técnico coordine las medidas que se acuerden.

En este sentido, el Defensor ha propuesto en una reciente actuación de oficio una serie medidas que puedan servir como guía y referente para enfrentar y solucionar el problema de los cortes de luz que se está produciendo en distintos barrios de Andalucía.

Igualmente, el Defensor del Pueblo andaluz ha llamado la atención sobre el estado de la situación energética, que está teniendo consecuencias como el constante incremento del coste de la luz. Jesús Maeztu ha mostrado su enorme preocupación por las consecuencias que esta situación puede tener para los hogares andaluces y, muy particularmente, para las familias más modestas y las personas en situación de pobreza energética. Desde hace unas semanas, este comisionado parlamentario ha estado reclamando la necesidad y la urgencia de aprobar medidas efectivas destinadas a minorar la repercusión de esta subida sobre las familias andaluzas, agravada por una pandemia que castiga, aún más, a las personas vulnerables.

En este ámbito, el Defensor del Pueblo Andaluz ha trasladado su preocupación por las consecuencias sociales y ambientales que pueden derivarse del proceso acelerado de implantación de instalaciones de energía renovables -huertos solares y parques eólicos- sin una adecuada planificación previa. Maeztu ha informado al delegado provincial de la actuación de oficio abierta por la Institución sobre la falta de planificación en el despliegue de las energías renovables en Andalucía. El Defensor del Pueblo andaluz ha defendido la coordinación de los planes de lucha contra el cambio climático con otras preocupaciones de la ciudadanía como la protección del paisaje, la biodiversidad o la defensa de los intereses de las zonas en riesgo de despoblación, un posicionamiento de defensa del concepto de transición justa. En este sentido se ha referido a la situación de la línea de alta tensión entre Baza y Caparacena, proyecto que ha despertado protestas por parte de algunos sectores.

Jesús Maeztu ha avanzado que en el próximo mes de octubre un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) de la Institución se desplazará a las comarcas de Baza y Guadix, donde se atenderá personalmente a los vecinos y vecinas de estas localidades que así lo soliciten y se mantendrán reuniones con las asociaciones y los equipos de trabajadores sociales.

Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz ha incluido entre los temas de trabajo la atención sanitaria que se dispensa en la provincia, siendo Granada una de las provincias andaluzas que mayor preocupación muestra sobre los temas relacionados con la salud. Como en otras provincias, el Defensor ha señalado que se mantiene por parte de la ciudadanía la misma percepción de desatención en la atención primaria, con quejas desde Granada capital, Santa Fe, Cúllar Vega, Alhaurín el Grande, Motril o Armilla, entre otros, y la falta de pediatras en municipios de la zona norte, que han trasladado queja. En cuanto a los servicios sociales, el Defensor del Pueblo andaluz ha indicado que la principal razón de las peticiones de la población de la provincia, en lo que se refiere a la renta mínima de inserción social, se fundan en las dilaciones en la gestión y resolución de procedimientos, en torno a los diez meses, ha apuntado . Por su parte las dilaciones en la valoración de la discapacidad del Centro de Valoración y Orientación de la provincia supera los 18 meses para la valoración de la discapacidad cuando el plazo legal máximo es el de seis meses.

La salud, el medio ambiente y los servicios de interés general (consumo) han sido -tras los problemas planteadas por el personal del sector público- los asuntos que más actuaciones están motivando la intervención del Defensor del Pueblo andaluz en la provincia de Granada, más de 800 quejas gestionadas y 750 consultas atendidas en lo que va de año, en total, más de 1.500 actuaciones.

En paralelo, el Defensor del Pueblo andaluz celebra en la ciudad a partir de las 19:00 horas su tercera sesión de los Diálogos de Mediación (#MediacióndPA) con el fin de reflexionar sobre “La comunicación y la gestión de emociones en la mediación”, que se puede seguir vía streaming. Este jueves el equipo técnico mantiene una reunión con asociaciones de mediación.

Immer wieder wenden sich gehörlose Menschen an die Volksanwaltschaft, die eine Umschulung in einen neuen Beruf machen wollen. Dafür brauchen sie Unterstützung durch Gebärdensprache-Dolmetscherinnen und Gebärdensprache-Dolmetscher, aber die bekommen sie nicht. Stattdessen werden sie zwischen verschiedenen Landes- und Bundesbehörden hin- und hergeschickt. Volksanwalt Bernhard Achitz anlässlich des Internationalen Tags der Gebärdensprachen (23. September): „Inklusion muss bedeuten, dass Gehörlose dieselben Chancen bekommen wie Hörende. Wenn ich einen zweiten Bildungsweg einschlagen kann, dann muss das auch Menschen mit Behinderung ermöglicht werden. So sieht es die UN-Behindertenrechtskonvention vor, und alles andere ist Diskriminierung.“

Ein aktueller Fall: Frau P. absolviert die Ausbildung zur Elementarpädagogin. Das Sozialministeriumservice hat die Übernahme der dafür notwendigen Dolmetsch-Kosten abgelehnt, mit der Begründung, dass Frau P. bereits eine Berufsausbildung absolviert hat und auch berufstätig ist. Laut der „Richtlinien Individualförderungen zur Beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung“ bekommt sie deshalb keine Förderung. Frau P. ist dadurch von einer Umschulung und Weiterbildung ausgeschlossen. Achitz: „Das ist auch deshalb unfair, weil Frau P. bisher noch nie Dolmetschkosten für eine Ausbildung gefördert bekommen hat.“

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