„Seit fast einem Jahrzehnt bewährt sich die Präventive Menschenrechtkontrolle durch die Volksanwaltschaft und ihre Kommissionen. Mit 1. Juli setzen die Kommissionen nun mit neuen Mitgliedern und teilweise unter neu bestellten Leitungen ihre Arbeit fort“, sagt Volksanwalt Walter Rosenkranz, derzeitiger Vorsitzender der Volksanwaltschaft: „Ziel der präventiven Menschenrechtskontrolle ist es, auf Rahmenbedingungen hinzuweisen, die zu Menschenrechtsverletzungen führen können.“ Alle drei Jahre erfolgt eine personelle Teilerneuerung; die Mandate der Hälfte der Mitglieder werden neu besetzt.

Die Volksanwaltschaft hat den verfassungsgesetzlichen Auftrag, zum Schutz und zur Förderung von Menschenrechten öffentliche und private Einrichtungen zu überprüfen, in denen Menschen in ihrer Freiheit beschränkt sind oder beschränkt werden können. Dazu zählen neben Gefängnissen und Polizeieinrichtungen unter anderem auch Krankenanstalten, Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Einrichtungen für minderjährige Flüchtlinge, Wohn- und Werkstätten sowie Tageszentren für Menschen mit Behinderungen.

Neue bundesweite Kommission prüft Justizanstalten und Maßnahmenvollzug

Mit einer Neuerung wird die Präventive Menschenrechtskontrolle nun weiterentwickelt: Die Justizanstalten und der Maßnahmenvollzug werden ab Juli von einer eigenen bundesweiten Kommission geprüft, die neben den schon bestehenden sechs Regionalkommissionen eingerichtet wird“, sagt Volksanwalt Werner Amon. Die Leitung übernimmt ein ausgewiesener Experte, Reinhard Klaushofer, der Leiter des Österreichischen Instituts für Menschenrechte mit Sitz in Salzburg.

Klaushofer war schon bisher in der Präventiven Menschenrechtskontrolle für die Volksanwaltschaft tätig. Er leitete die Kommission für Salzburg und Oberösterreich.

Schwerpunkte auf Psychiatrie sowie Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen

Die sechs regionalen Kommissionen prüfen weiterhin Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Psychiatrien, Einrichtungen für fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche, Kasernen und Polizeieinrichtungen. Auch (...)

El Correo, Diario Vasco

Hoy entra en vigor en todo el Estado la Carta Social Europea Revisada (CSER). Se trata del tratado internacional más completo sobre derechos humanos en el ámbito laboral y social. Proclama 31 derechos, entre los que se encuentran el derecho al trabajo, a condiciones laborales justas, a la negociación colectiva, a la salud, a la seguridad social, a la asistencia social, a la protección frente a la pobreza y la exclusión social, y a la vivienda. También tiene artículos dedicados especialmente a la protección de niños y niñas, madres y personas con discapacidad.

La CSER se adoptó en 1996 con el fin de ampliar la Carta Social Europea original del año 1961. Hasta este momento el Estado español se había negado a ratificar la CSER por lo que tan solo estaba obligado a cumplir la vieja Carta Social Europea. Ahora la ratificación de la CSER implicará que todas las administraciones competentes y, también, las administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi tendrán que dar cumplimiento a los derechos contenidos en la Carta de 1996. Así lo manda la Ley 25/2014 de Tratados y Otros Acuerdos Internacionales al decir en su artículo 29 que todos los poderes públicos deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales y velar por su cumplimiento. El Tribunal Constitucional ya ha aclarado que este deber también alcanza a las administraciones vascas.

La entrada en vigor de la CSER tiene mucha trascendencia ya que se trata de un tratado de Derechos Humanos y no todos los días entran en vigor tratados de este calado. Supondrá un espaldarazo a la efectividad de los derechos sociales y, especialmente, a algunos de gran actualidad como el derecho a la vivienda o a la protección frente a la exclusión social que no formaban parte de la Carta Social de 1961.

El control de su cumplimiento recae en el Comité Europeo de Derechos Sociales, un comité de expertos internacionales creado por la propia Carta y amparado por el Consejo de Europa. Desde que el Estado español ratificó la Carta de 1961 en el año 1980, este Comité ha emitido periódicamente informes en los que analizaba la compatibilidad de la legislación y las políticas del Estado, y también según las circunstancias de las Comunidades Autónomas, con los derechos amparados por la Carta.

Con la entrada en vigor de la CSER esta supervisión continuará y a ella se unirá otro mecanismo potencialmente muy efectivo. Los sindicatos, organizaciones de empleadores y ONGs podrán presentar reclamaciones contra el Estado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales cuando consideren que se está incumpliendo alguno de los derechos reconocidos por la CSER. El Comité resolverá en cada caso si la reclamación está fundada o no, esto es, si el Estado en cuestión ha respetado o no las exigencias impuestas por la nueva Carta revisada.

Se abre así una nueva era en la protección de los derechos sociales. Las nuevas obligaciones internacionales y el nuevo mecanismo de control implican para las administraciones vascas el deber de asegurarse de que sus políticas laborales y sociales son compatibles con los estándares de la CSER. No hay que olvidar que, respecto al derecho a la asistencia social, el Comité Europeo de Derechos Sociales ya ha declarado que, allí donde la provisión de la asistencia social contemplada en el artículo 13 de la Carta esté descentralizada, examinará su cumplimiento por parte de las autoridades autonómicas competentes, que deberán cumplir con el citado artículo. Esto mismo será aplicable a todo el elenco de derechos incorporados a la CSER.

En esta nueva etapa la sociedad civil también tiene un papel renovado que jugar: presentando reclamaciones colectivas, enviando sus observaciones sobre los informes periódicos del Estado y, sobre todo, promoviendo el uso y cumplimiento de la Carta por parte de las autoridades estatales y autonómicas en sus campañas, sus programas y sus litigios estratégicos. La institución del Ararteko se siente también interpelada por la entrada en vigor de este nuevo tratado de derechos humanos y se compromete, igualmente, a integrarlo en su labor de defensa de los derechos de la ciudadanía.

Aprovechemos esta oportunidad para dar un nuevo impulso al cumplimiento de los derechos sociales. Todos y todas tenemos algo que aportar en nuestro ámbito de actuación en pro de los derechos humanos laborales y sociales.

Manuel Lezertua Rodríguez
Ararteko

Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210117en.pdf

Language available:es de el en fr it pt 

Court of Justice of the European Union

PRESS RELEASE No 117/21

Luxembourg, 1 July 2021

Judgment in Case C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

In the determination of the taxable amount of a transaction concealed by taxable persons for VAT purposes, the amounts paid and received as reconstituted by the tax authority must be regarded as already including that tax

Any other interpretation would be contrary to the principle of VAT neutrality

The Lito group is a group of companies responsible for the management of infrastructure and orchestras for patron saint feast days and village festivals in Galicia (Spain). In the context of an activity subject to value added tax (VAT), an agent for performing artists would negotiate performances by orchestras on behalf of the Lito group with the municipal festival committees. The festival committees paid in cash and there were no invoices. These payments were not declared to the tax authority for the purposes of either corporate tax or VAT. The agent would receive 10% of the Lito group’s income. Payments to him were also made in cash, with no invoices, and were not declared, either. Since the agent did not issue invoices, he did not complete VAT returns. 

(...)

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, valora positivamente que el Ministerio de Justicia haya aceptado su recomendación para garantizar que en la inscripción de nacimiento de niños y niñas de origen extranjero se tenga en cuenta siempre las variantes de género de sus apellidos.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del citado Ministerio, ha emitido una circular dirigida a todos los registros civiles para que asuman este cambio de criterio interpretativo del artículo 200 del Reglamento del Registro Civil.

En esta circular, en la que se atiende a la recomendación del Defensor, la Dirección General asegura que “no puede mantenerse la negativa sistemática a variar la terminación del apellido de origen extranjero de un menor en función de su sexo si tal es el deseo de los progenitores, siempre que se acredite convenientemente la existencia de dicha variante en el país del que se trate”.

Fernández Marugán solicitó este cambio de criterio tras recibir la queja de una ciudadana, nacional de Bielorrusia, cónyuge de un ciudadano español, que al nacer su hija no logró que en un registro de una localidad madrileña la inscribieran con la versión femenina del apellido materno.

Esta madre había tenido primero un hijo varón al que inscribieron con el apellido materno en versión masculina sin encontrar ningún obstáculo para ello, pero al nacer la hermana el registro madrileño les indicó que el apellido materno debía ser el mismo que el de su hermano.

Los progenitores transmitieron al citado registro los problemas que podría llegar a tener su hija cuando visitara el país de la madre con la versión masculina del apellido. Así, relataban que a los tratos denigrantes que podría llegar a padecer, había que sumar las confusiones y rectificaciones que le supondría a la hora de realizar cualquier actividad ya que las reglas del idioma determinan que la desinencia del apellido es distinta según el género.

La responsable del registro no aceptó sus explicaciones y acordó inscribir a la menor con el apellido masculino. Por este motivo, se dirigieron al Defensor que, estudiado su caso, formuló la recomendación para solicitar un cambio de criterio ante este tipo de casos.

Fernández Marugán abogaba por admitir siempre las variantes de género ya que no hacerlo podría generar perjuicios a los menores en sus países de origen al no corresponder la forma del apellido con su sexo. La Institución celebra la aceptación de esta recomendación que beneficiará a muchas familias mixtas en la que uno de los cónyuges sea originario de un país en el que existan variantes de género en sus apellidos.

La Défenseure des droits constate que la transformation d’un nombre croissant de gares en Points d’Arrêt Non Gérés (PANG)  est de nature à rendre plus difficile l’accès aux titres de transport. Les usagers ne sont donc pas toujours en capacité de se procurer un titre de transport avant leur montée dans le train...