12.05.2021

Wiederkehrende Anfragen veranlassen uns zu folgenden Hinweis:

 Schutzimpfungen gegen das Corona-Virus müssen nicht zwingend vom eigenen Hausarzt erbracht werden. Impftermine dürfen auch bei anderen kassenärztlich tätigen Hausarztpraxen vereinbart werden.

The Venice principles in ibero-America

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Wednesday, May 12 2021
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• alora positivamente el proyecto de Ley de la Infancia y Adolescencia en Andalucía

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha valorado hoy muy positivamente el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia en Andalucía durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Para el Defensor “esta futura ley va a constituir uno de los hitos más importantes en la tarea del Parlamento de Andalucía para la atención y protección de los niños y niñas andaluces”.

Durante su intervención, Jesús Maeztu, ha aportado algunas reflexiones sobre este proyecto legislativo, fruto del intenso trabajo que desarrolla en defensa de los derechos y las libertades de la infancia y adolescencia en Andalucía.

Para el Defensor es fundamental el acomodo de esta Ley a las prescripciones futuras de la norma estatal de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia de la que recientemente se pronunció como muy importante para visibilizar los casos de violencia y proteger a los niños y las niñas con todas las herramientas posibles.

Jesús Maeztu ha propuesta una nueva redacción del artículo 3 sobre el interés superior del menor, otorgando mayor protagonismo y concreción a este principio fundamental acorde con su triple dimensión como derecho sustantivo; principio general y norma de procedimiento.

El Defensor del Menor de Andalucía ha pedido un mayor reconocimiento del derecho del menor a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, así como que su opinión sea tomada en cuenta y a recibir la información en un lenguaje comprensible y en formatos adaptados a sus circunstancias. Este derecho del niño a ser oído y escuchado es una de las aportaciones más trascendentes en orden a considerar al menor como sujeto de derechos, ya que supone una transformación que convierte al menor en protagonista activo.

El titular de la Institución considera que este proyecto de ley reconoce el ejercicio de este derecho, sin embargo, a su juicio, es necesario un mayor reconocimiento, teniendo en cuenta la realidad de nuestra Comunidad Autónoma como destino de cientos de niños y niñas que llegan a las costas andaluzas sin referentes familiares en busca de un futuro mejor. Sobre estos menores, el Defensor también ha señalado la oportunidad de que la futura Ley de infancia contemple de manera expresa las señaladas garantías y condiciones para la infancia migrante sin referentes familiares, destacando la importancia de incidir en los aspectos recogidos en la señalada Ley Orgánica en cuanto que para dichos menores se procurará la búsqueda de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, siempre que dicha medida responda a su interés superior y no coloque al menor o a su familia en una situación que ponga en riesgo su seguridad.

Durante su exposición, Jesús Maeztu ha reclamado una mayor protección para los jóvenes que abandonan el Sistema de Protección al alcanzar la mayoría de edad. El titular de la Institución ha recomendado que la futura Ley andaluza reconozca el liderazgo del Sistema de Protección en la promoción y desarrollo de un proyecto integral de inclusión social para estos jóvenes.

El Defensor del Menor ha valorado positivamente el carácter prioritario de la reunificación familiar cuando la actuación protectora implique la separación de su entorno familiar, pero, a su juicio, es importante ampliar la regulación respecto de las garantías y condiciones en las que se deben realizar los procesos de reunificación del menor.

Asimismo ha pedido la retribución del acogimiento familiar para el sustento de los menores acogidos, sobre el que ha dicho que no puede ser concebido como una medida meramente asistencial, sino como la medida de protección más aceptable para la persona menor de edad y que evita los efectos negativos del internamiento prolongado en centros de protección. En este sentido considera que la obligación de la Administración de proteger al menor y garantizar su bienestar debe actuar en consonancia con las necesidades económicas de la familia que previamente ha declarado idónea para el acogimiento de la persona menor bajo su tutela.

Finalmente, el Defensor del Menor de Andalucía ha pedido que en la futura Ley de la Infancia y Adolescencia se contemple un mayor desarrollo de la figura de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, como garante de los derechos y libertades de estas personas menores de edad.

Han transcurrido más de dos décadas desde la creación del Defensor del Menor en Andalucía, y la experiencia y el trabajo desarrollado permiten poner de manifiesto la consolidación progresiva de la figura del Defensor del Menor de Andalucía como garante de los derechos de la infancia y adolescencia. Esta especial dedicación a los derechos de las personas menores de edad que contempla el nuevo Estatuto de Autonomía, las directrices establecidas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y el incremento de la aspiración de la sociedad andaluza por dar una mayor trascendencia y seguridad jurídica al desarrollo y protección de los derechos de los menores, son razones que han de servir para que la futura ley contemple un mayor desarrollo de esta figura.

Today, the Commissioner published her written observations to the European Court of Human Rights concerning the case of Cláudia Duarte Agostinho and others v. Portugal and 32 other States which relates to the negative impact of climate change on a range of human rights, in particular those of younger generations.

Noting the pronounced impact of environmental degradation and climate change on human rights, the Commissioner argues that international environmental and children’s rights law instruments should play a significant role in defining the scope of states’ obligation to prevent human rights violations caused by environmental harm. She considers that the European Convention on Human Rights encompasses many elements of the right to a healthy environment, providing a solid legal framework to protect victims of climate change, and emphasises the importance of the right to a remedy, pointing to the barriers faced by these victims in accessing justice.

The Commissioner concludes that “the increasing number of climate change-related applications provide the Court with a unique opportunity to continue to forge the legal path towards a more complete implementation of the Convention and to offer real-life protection to individuals affected by environmental degradation and climate change.”

• Read the Commissioner's written observations to the European Court of Human Rights

Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes, Samiah El Samadoni, begrüßt die Zustimmung des Bundesrates zur lang diskutierten Reform im Kinder- und Jugendhilferecht. Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) wird in großen Teilen voraussichtlich noch in diesem Monat in Kraft treten.

Das KJSG ist am 22. April 2021 im Bundestag verabschiedet worden. Am Freitag hat der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt. „Das Gesetz beinhaltet – trotz Kritikmöglichkeit an einigen Stellen – eine Vielzahl von Verbesserungen, insbesondere für junge Menschen und deren Eltern“, sagte El Samadoni dazu heute in Kiel. „Es ist sehr erfreulich, dass diese Reform nun endlich auf den Weg gebracht wird, nachdem in der letzten Legislaturperiode die Umsetzung des damaligen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes gescheitert war. Ich hoffe, dass die Jugendämter mit ausreichend Fachkräften ausgestattet werden, damit die beschlossenen Verbesserungen auch tatsächlich umgesetzt werden können, so die Bürgerbeauftragte.

Die Reform soll einerseits jungen Menschen, die in Jugendhilfeeinrichtungen oder in Pflegefamilien leben, besser schützen und ihnen anderseits mehr Möglichkeiten auf Teilhabe geben. Nach den dazu gefassten Änderungen am Achten Buch Sozialgesetzbuch – SGB VIII – werden Jugendhilfeund ähnliche Einrichtungen künftig einer strengeren Aufsicht und Kontrolle unterstellt.

Auch die Kostenbeteiligung von jungen Menschen, die in Jugendhilfeeinrichtungen oder in Pflegefamilien leben, wird von 75 auf 25 % ihres Einkommens aus Schülerjobs, Praktika oder einer Ausbildung gesenkt. Dabei bleibt ein Freibetrag von 150 Euro ihres Einkommens von der Kostenbeteiligung ausgenommen. Einkommen aus kurzfristigen Ferienjobs und ehrenamtlicher Tätigkeit sind gänzlich freigestellt. Die Bürgerbeauftragte begrüßt diese Änderung als wertvollen Schritt in die richtige Richtung. Es sei jedoch weiterhin eine komplette Befreiung von der Kostenheranziehung geboten, so El Samadoni. „Die jungen Menschen, die es trotz ihres schwierigen Lebensweges schaffen, ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis zu begründen, sollten hierin noch stärker unterstützt werden.“