Europa conmemora cada 22 de febrero una jornada dedicada a la igualdad salarial para hacer visible la brecha existente entre las retribuciones que perciben las mujeres a respecto de los hombres.

Informes sindicales apuntan a que serán precisos trescientos años para conseguir la equiparación salarial entre ambos sexos en nuestra comunidad. Excepto en el sector público donde es más fácil la transparencia y las categorías profesionales tienen baremaciones objetivas, en la empresa privada la diferencia supera el 21%, equivalente a 27.121 millones de euros anuales.

A esto hay que añadir que el 42% de las asalariadas cobran el salario mínimo interprofesional o cantidades menores. Incluso con licenciaturas, son minoría las que superan los 19.000 euros. Las gallegas -según dichas fuentes- “perciben al año 5.283 euros menos que los hombres, siendo hoy su salario similar al de los hombres en 2007, lo que supone once años de retraso. Si se analiza la retribución por hora trabajada la diferencia es de un 12,8 %, ocupando las mujeres de nuestra comunidad el sexto puesto en el conjunto del Estado”.

Salta la alarma ante datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística cuando informa de que después de una cierta recuperación desde 2014, vuelve a haber un retroceso. Las cifras confirman la necesidad de superar esta discriminación por razón de sexo que carece de cualquier fundamento en cuanto a idoneidad o equiparación de capacidades.

Desde la Valedoría do Pobo queremos manifestar nuestra preocupación y demanda para que las partes implicadas: empresas contratantes, empleadas y sindicatos, lleguen a acuerdos justos y dignos. Porque para las mujeres no habrá igualdad real sin igualdad de trato salarial y sin posibilidades de desarrollo económico.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se va a interesar por la situación en la que se encuentran los 57 menores que fueron devueltos el pasado mes de agosto a Marruecos contra su voluntad y sin poder hacer efectivo el ejercicio a ser escuchados antes de que se tomara esa decisión.

Recientemente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Ceuta ordenó el retorno a España de 14 menores marroquíes. La sentencia señala que la expulsión se produjo sin seguir, como es preceptivo, los trámites pertinentes en un expediente de repatriación. Entre otros, disponer de un informe sobre las circunstancias familiares del menor e informe de los servicios de protección al menor y del Ministerio Fiscal, además de oír al menor.

El Defensor del Pueblo va a recabar información, del Ministerio del Interior, sobre estos 57 menores, que se quejaron en su día a la Institución, para estudiar su situación y solicitar que se repongan sus derechos, en caso de que hubieran sido vulnerados.

El ararteko Manuel Lezertua y la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco Arantxa Tapia, han inaugurado esta mañana en Bilbao la jornada "Obstáculos y buenas prácticas para garantizar la participación de los consumidores energéticos vulnerables en las comunidades energéticas locales de Euskadi".

El ararteko ha iniciado su intervención, haciendo una doble reflexión. Por un lado ha dicho que la emergencia climática en la que se encuentra el Planeta, requiere una transición ecológica y energética para paliar los efectos más graves del cambio climático. Por otro ha remarcado que "tenemos una obligación ética de actuar y de alcanzar una transición justa, en la que no se deje atrás a ningún colectivo, en especial a los más vulnerables, y que ponga al ciudadano en el centro de las políticas energéticas y climáticas".

Lezertua ha hecho referencia, también, a la pobreza energética, una cruda realidad que padecen muchos hogares y que es de especial entidad en los meses de frio.

El Ararteko promueve esta jornada, durante la semana europea de la pobreza energética, con el especial interés de analizar cuáles deben ser los mecanismos que permitan, tanto a las administraciones públicas como a las entidades sociales, integrar y gestionar mejor las situaciones de pobreza energética mediante el autoconsumo.

Las comunidades energéticas locales (CEL) son entidades de consumidores energéticos constituidas para promover el autoconsumo de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, de forma colectiva a través de socios locales. Son una oportunidad para permitir una mayor aceptación local de las energías renovables y una mejor participación de toda la ciudadanía en la transición energética.

En este contexto, los poderes públicos deben tener en cuenta el potencial que tienen las CEL para reducir la factura de la electricidad y disminuir la dependencia energética de las familias, en especial, de aquellos colectivos de consumidores más vulnerables.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha reunido hoy en la sede de la Institución con el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán.

En esta primera toma de contacto entre el Defensor del Pueblo y el responsable de Amnistía Internacional en España han abordado aspectos relacionados con los derechos de la salud -atención primaria, salud mental, residencias mayores…-, con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y con el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, entre otros asuntos relativos a los derechos humanos.

En el encuentro también han participado la responsable del departamento de Campañas e Investigación de Amnistía Internacional, Beatriz Perales, y la encargada de relaciones institucionales de la organización, Martina Kaplún. Además, han estado presentes la directora de Gabinete del Defensor, Isabel Aymerich y el responsable del Área de Sanidad y Política Social de la Institución, Rafael Muguruza.