El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, valora positivamente que el Gobierno haya ampliado la prestación por cuidado de hijo con cáncer o enfermedad grave hasta que la persona causante de la prestación alcance los 23 años.

La Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 introduce, en su disposición final vigésimo segunda, una modificación del Real Decreto que regula esta prestación ampliando el periodo de disfrute de la misma más allá de la mayoría de edad del hijo o hija enferma, tal y como solicitó el Defensor.

En los últimos años, la Institución ha recibido centenares de quejas que ponían de manifiesto la necesidad de realizar este cambio normativo. Las madres y padres de estos menores exponían en sus escritos que cuando sus hijos e hijas alcanzan la mayoría de edad no sólo no mejoran en su enfermedad, sino que, en muchos casos, requieren aún más cuidados.

Asimismo, el Defensor del Pueblo también ha recomendado a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social una modificación normativa de la prestación económica por cuidado de menores con enfermedades graves, encaminada a flexibilizar otros requisitos como el relacionado con la situación laboral de los progenitores.

de en fr hr it


The costs for leasing replacement locomotives do not fall under the strict liability of railway infrastructure managers for loss of or damage to property of the carrier under the CUI Uniform Rules. Such liability, however, can be extended by the parties to the contract.


In July 2015, a train consisting of six locomotives of the German private railway company Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion derailed in Kufstein Station (Austria), resulting in damage to two of the locomotives. For the time of their repair, which took several months, Lokomotion leased replacement locomotives. Lokomotion is claiming these costs from ÖBBInfrastruktur, the railway infrastructure manager. The contract on the use of railway infrastructure for international transport which the two companies had concluded includes a reference to several Austrian acts and the Uniform Rules concerning the contract for the use of infrastructure in international rail traffic (‘the CUI Uniform Rules’). The latter provide, among others, that the infrastructure manager is liable for loss of or damage to property caused to the carrier during the use of the infrastructure and having its origin in the infrastructure. The Oberster Gerichtshof (Supreme Court, Austria), seized of the case, must decide whether the costs of leasing the replacement locomotives are to be regarded as such loss of or damage to property, and submitted in this context several questions to the Court of justice. First, it inquires whether the Court has jurisdiction to interpret the CUI Uniform Rules which form part of COTIF 1 , an international agreement concluded by both the EU and its Member States (therefore a “mixed agreement”) in the field of transport, in which the Union and the Member States share competence. Second, in the event that jurisdiction is established, the Court is invited to interpret the extent of liability of railway infrastructure managers under the CUI Uniform Rules.


In today’s Opinion, Advocate General Tamara Ćapeta proposes to the Court to answer that it has jurisdiction to interpret the CUI Uniform Rules.

es cs de en fr it hu pl pt sk


The Turów open-cast lignite mine is located on Polish territory, close to the borders of the Czech Republic and Germany. In 1994, the competent Polish authorities granted PGE Elektrownia Bełchatów S.A., now PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (‘the operator’), a concession to operate that mine until 30 April 2020. According to a Polish law of 2008, 1 the validity of a lignite mining concession may be extended once for a period of six years without any environmental impact assessment where that extension is motivated by rational management of the deposit without extending the scope of the concession. On 24 October 2019, the operator submitted an application to extend that concession for six years On 21 January 2020, the Regional Director for Environmental Protection in Wrocław (Poland) adopted the Decision on the environmental conditions for the project relating to the continued exploitation of the Turów lignite deposit until 2044 (‘the EIA decision’) and, on 23 January, declared that decision immediately enforceable; On 24 January 2020, the operator attached the EIA decision to its 2019 application for the extension of the mining concession. By a decision of 20 March 2020, the Polish Minister for Climate granted development consent for lignite mining until 2026. Considering that Poland had infringed EU law in several respects by granting that consent, the Czech Republic referred the matter to the European Commission on 30 September 2020. 2 On 17 December 2020, the Commission issued a reasoned opinion in which it criticised Poland for several infringements of EU law. In particular, the Commission considered that, by adopting a measure allowing a six-year extension of lignite mining consent without carrying out an environmental impact assessment, that Member State had infringed the directive on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment. 3

El Síndic ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de la situación en la que se han encontrado los aspirantes a la prueba de formación sanitaria especializada, convocada para el pasado 29 de enero, y que estaban contagiados de COVID, o que se encontraban en aislamiento preventivo por contacto estrecho con un positivo en esa fecha.

Los estudiantes han denunciado que no se les ofreció ningún otro día de convocatoria alternativo ni se previó ningún espacio seguro para poder llevar a cabo el examen y, que paralelamente, esto habría podido comportar que muchas personas habrían acudido a la convocatoria, a pesar de sanitariamente no estaba indicado, ante la perspectiva de tener que esperar un año para poder volver a examinarse, previsiblemente, en la convocatoria del próximo año.

De acuerdo con la información publicada, el Ministerio de Sanidad consideró que no era posible establecer una fecha alternativa para realizar un segundo examen, ya que consideran que era necesario mantener el calendario para garantizar la incorporación de los residentes a los planes de trabajo de todas las unidades docentes de los hospitales de España. Asimismo, también apelaron a la equidad que supone realizar una prueba única.

De hecho, en la Orden SND/948/2021, por el que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2021 para el acceso 2022, a plazas de formación sanitaria especializada por las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, se prevé una única fecha de convocatoria de pruebas y no se hace referencia ni a la actual situación de pandemia por coronavirus ni a otras circunstancias excepcionales o de fuerza mayor que puedan afectar a los candidatos.

El mismo Departamento de Investigación y Universidades de la Generalidad de Cataluña y el Colegio de Médicos de Cataluña, entre otros, han reclamado que se facilite una vía alternativa a estos aspirantes para poder acceder a las plazas ofertadas y cursar la especialidad éste mismo año.

En este contexto, el Síndic pide al Defensor del Pueblo que se dirija al Ministerio de Sanidad para que valore la posibilidad de poder articular vías alternativas que permitan celebrar la convocatoria prevista de forma que se garantice la equidad, así como el principio de mérito y capacidad que deben regir la celebración de las pruebas junto con la salud y la seguridad de los aspirantes.

En la misma línea, el Síndic en varios informes ha recomendado a las administraciones competentes que se tomen las medidas necesarias para aumentar las plazas de formación sanitaria, especialmente en aquellas especialidades en las que existe una fuerte demanda de profesionales en la sanidad pública y de difícil cobertura. También ha pedido en reiteradas ocasiones que es necesario que se articulen mecanismos para retener a los profesionales formados en nuestro sistema de salud pública.

El Síndic recuerda que con la convocatoria de las pruebas selectivas del año 2021, también abrió una actuación de oficio para conocer las circunstancias que habían dado lugar a la denuncia por parte de un grupo de aspirantes que no pudieron participar por una confusión en relación con el lugar donde debían realizar la prueba. En esa ocasión, el Ministerio de Sanidad esgrimió que no se vulneraron los derechos de los aspirantes. A pesar de lo anterior, de acuerdo con la información facilitada por la Universidad de Barcelona, las medidas de seguridad aplicadas para contener la pandemia que suponían una restricción a la hora de acceder al edificio habrían podido dificultar la ubicación de las mesas y la confusión que alegaban estos aspirantes.