El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, valora positivamente que el Gobierno haya ampliado la prestación por cuidado de hijo con cáncer o enfermedad grave hasta que la persona causante de la prestación alcance los 23 años.

La Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 introduce, en su disposición final vigésimo segunda, una modificación del Real Decreto que regula esta prestación ampliando el periodo de disfrute de la misma más allá de la mayoría de edad del hijo o hija enferma, tal y como solicitó el Defensor.

En los últimos años, la Institución ha recibido centenares de quejas que ponían de manifiesto la necesidad de realizar este cambio normativo. Las madres y padres de estos menores exponían en sus escritos que cuando sus hijos e hijas alcanzan la mayoría de edad no sólo no mejoran en su enfermedad, sino que, en muchos casos, requieren aún más cuidados.

Asimismo, el Defensor del Pueblo también ha recomendado a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social una modificación normativa de la prestación económica por cuidado de menores con enfermedades graves, encaminada a flexibilizar otros requisitos como el relacionado con la situación laboral de los progenitores.

– Office de Protection du Citoyen d’Haïti –
 

L’Office de la Protection du Citoyen (OPC), Institution Nationale indépendante de promotion et de protection des Droits Humains, condamne l’assassinat des journalistes Amady John Wesley et Wilguens Louissaint de Radio Écoute FM et d’un media en ligne survenu dans l’après-midi du 5 janvier 2021 dans les périmètres de laboule 12, alors qu’ils s’apprêtaient à réaliser un reportage spécial sur la situation sécuritaire dans cette zone tombée sous le contrôle des bandits armés, sans foi ni loi.
 

Cet acte révoltant et inadmissible nous rappelle tristement la disparition et l’exécution du photo journaliste Vladjimir Legagneur en mars 2018 à grand ravine (quartier de Martissant).
 

L’OPC tient à souligner que la protection des journalistes relève de la responsabilité de l’État qui a pour obligation « de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.»
 

Ne pas protéger le journaliste dans l’exercice de sa noble mission d’informer l’opinion publique constitue une entrave à la liberté de la presse, à la démocratie et au respect des droits humains, de manière générale.
 

L’OPC demande aux autorités constituées de diligenter une enquête autour de l’assassinat des journalistes Amady John Wesley, Wilguens Louissaint et celui de l’inspecteur de police Dan Jerry Toussaint aux fins d’identifier les présumés auteurs de ces crimes et de les poursuivre conformément à la loi pénale.

The University of Applied Sciences Vienna (FH Campus Wien) is conducting a study on the role of Ombudsman institutions in the context of the growing digitalization of public services worldwide.
 

Prof.(FH) Dr. Julia Dahlvik, socio-legal scholar at the University of Applied Sciences Vienna, is spearheading this project and invites IOI member institutions to share their vast experience in this field and to participate in a short online survey (approx. 5 minutes). The link to the short online survey can be found here. The survey should be filled in by a person who has knowledge about complaint behaviour. Dr. Dahlvik would also very much appreciate if Ombudsman colleagues would consider participating in a short (online or telephone) interview, to gain more insight on their experiences.
 

Dr. Dahlvik has led a sociological research study on the occasion of the Austrian Ombudsman Board’s 40th anniversary. The IOI Board of Directors therefore fully endorsed a proposal from Austrian Ombudsman and IOI Secretary General Werner Amon and encourages IOI member institutions to actively contribute to this study (see letter in the download section for more details).
 

Research on this topic is still quite rare and of utmost importance, considering the rapid development we all witnessed in this area during the last years of the Covid-19 pandemic. The analysis and outcome of this study will therefore be of great benefit to Ombudsman institutions worldwide.
 

If you have any more questions on the study itself, or if you would like to express your interest in taking part in an interview, please contact Dr. Dahlvik directly via email.

Una ciudadana planteó al Ararteko su disconformidad con la decisión de la sociedad pública Alokabide de exigir el pago por las labores de desinsectación realizadas en la vivienda asimilada a la de protección pública perteneciente al Programa de Vivienda Vacía "Bizigune".

En enero de 2021 informó por vez primera a la sociedad pública de la existencia de cucarachas en el inmueble. A mediados de septiembre la empresa contratada por Alokabide para el servicio de obras de reparación y reformas necesarias del mantenimiento y conservación, acudió a la vivienda y llevó a cabo el tratamiento de desinsectación. Días más tarde el servicio de Atención al Cliente de la sociedad pública notificó a la reclamante la orden de pago por la realización de los citados trabajos (689,70 €).

La reclamante manifestó que residía en la citada vivienda desde 2019, que acciones semejantes se habían llevado a cabo con anterioridad y que en su contrato de arrendamiento no se recogía obligación alguna que exigiera tal pago.

El Ararteko solicitó la colaboración del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco y le trasladó una serie de consideraciones.

Según la Ley de Arrendamientos Urbanos la persona arrendadora está obligada a realizar "todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido." En definitiva, las reparaciones necesarias son las indispensables para el disfrute digno de la vivienda.

A juicio del Ararteko, si la persona arrendataria tiene la obligación de devolver la vivienda al concluir el contrato tal como la recibió, justo es imponer a la arrendadora la realización durante la vigencia del contrato de aquellas reparaciones que resulten necesarias para conservar la vivienda en unas condiciones óptimas para servir al uso convenido. Inicialmente no observamos la existencia de informe técnico alguno que confirmara un uso inapropiado o poco diligente por parte de la inquilina que justificara la imputación del gasto por las actuaciones de desinsectación.

Por ello, solicitamos la colaboración de departamento, que ha aceptado esta argumentación, señalando que "Según el informe obrante en Alokabide, la infestación es leve y está localizada en la cocina, básicamente. La vivienda está en buenas condiciones de uso e higiene, por lo que una vez analizado el expediente y teniendo en cuenta que desconocemos el origen de la plaga, la imputación de la factura no se ha realizado correctamente. Es decir, tal como indica el Ararteko, no existe razón objetiva para que la persona arrendataria lo abone. Alokabide asumirá el importe íntegro de la mencionada factura."

Una vez resuelto favorablemente este expediente, el Ararteko concluye su actuación y agradece la colaboración prestada por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco.