El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha dirigido al Ayuntamiento de El Campello una resolución que pretende solucionar el problema de los vertidos de aguas fecales en la Playa de la Almadraba.  Para ello, el defensor valenciano ha instada a impulsar, con la mayor diligencia y brevedad, la tramitación del proyecto de adecuación de los sistemas de evacuación y saneamiento, así como el posterior mantenimiento de esta red municipal. Asimismo, el defensor ha requerido que se le informe mensualmente sobre el estado de tramitación del procedimiento de aprobación del referido proyecto.

Esta institución inició su investigación tras la queja presentada por los vecinos de las urbanizaciones colindantes en la que denunciaban la inactividad del consistorio ante la avería de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) de L’Almadrava. De acuerdo con la misma, a consecuencia de la avería se produjo una cascada de vertidos de aguas fecales en la playa y zonas verdes. Los vecinos también insisten en que esta situación es habitual tras las lluvias o fallos del sistema de impulsión.

En su resolución, el Síndic recapitula las diferentes normas que atribuyen a las corporaciones locales la competencia y la responsabilidad legal en materia de tratamiento y evacuación de aguas residuales. Atendiendo a las mismas, Luna advierte que corresponde a estas administraciones «el control de vertidos a las redes municipales de alcantarillado, incluyendo la adopción de medidas correctoras cuando sean necesarias». En este sentido, el Ayuntamiento de El Campello tiene el deber y la obligación de paliar las deficiencias detectadas que, según se desprende del propio informe municipal remitido a esta institución, radican fundamentalmente en «el elevado caudal que entra en poco tiempo en situaciones de fuertes lluvias, al estar conectada la red de pluviales y fecales”; una circunstancia que está afectando de manera evidente y directa a los derechos constitucionales a la salud y a un medio ambiente adecuado de los vecinos de la zona.

Además, el Sindic considera que el problema no acaba con la creación de la infraestructura, sino que es necesario establecer un sistema de gestión que garantice su mantenimiento.

Consulta la resolución de consideraciones sobre este asunto.

El Defensor del Pueblo Andaluz e Iberdrola han renovado hoy un convenio de colaboración por el que mejoran los procesos en cuanto a las reclamaciones, sugerencias, propuestas y consultas que recibe la Institución sobre la comercialización de los suministros y servicios que presta Iberdrola a sus clientes en esta comunidad autónoma.

El acuerdo, que fue iniciado en 2017, y que ha sido valorado muy positivamente por ambas partes, se ha renovado en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz por parte del responsable de esta Institución, Jesús Maeztu, y el delegado comercial de Iberdrola en Andalucía y Extremadura, Borja Cañas. A la firma también ha acudido Antonio Fernández, delegado institucional de la compañía.

El objetivo del acuerdo es resolver de manera ágil y eficaz las quejas, reclamaciones, sugerencias, propuestas o solicitudes de información relativa a suministros y servicios prestados por las empresas comercializadoras de Iberdrola que el Defensor del Pueblo andaluz reciba de clientes de la compañía. Para ello, este comisionado trasladará cada notificación de estas características a la empresa y, por su parte, Iberdrola analizará y estudiará cada caso de forma individual y personalizada e informará directamente al consumidor o usuario, al mismo tiempo que enviará una notificación al Defensor del Pueblo Andaluz.

Este trámite se realizará con carácter general, y salvo intervención de terceros para su resolución, debe resolverse en un plazo máximo de 30 días desde el inicio de la tramitación de la solicitud. En caso de discrepancia con la solución propuesta por la empresa comercializadora, la persona afectada puede ejercer sus derechos de reclamación a través de las autoridades administrativas que correspondan.

Este acuerdo también servirá para realizar acciones formativas y de concienciación sobre eficiencia energética y uso responsable de los suministros con el fin de disminuir el consumo energético, y así ahorrar en la factura final. En este marco se engloban otras acciones como la facilidad y flexibilidad de pago a clientes con dificultades, por la que los clientes pueden elegir cuánto y cómo quieren pagar, y seleccionar, por ejemplo, el plan de pagos que mejor se adapte a su situación.

Además, ambas instituciones van a constituir un grupo de trabajo para el seguimiento de las actuaciones conjuntas, así como para la realización de acciones de sensibilización, promoción y defensa de los derechos de las personas consumidoras, en particular, en cuestiones relativas al suministro de productos y servicios en el ámbito de la energía.

Equality, non-discrimination and racism   Hate crime Racial and ethnic origin Religion and belief

When 17 November 2022

Where Berlin, Germany

External event

FRA will speak on a panel on improving victim support and data collection via multisectoral cooperation.

It will build on its report on encouraging hate crime reporting, and the EU key guiding principles on cooperation with law enforcement and civil society organisations.

The conference takes place in Berlin on 17 November.

Nottinghamshire County Council has been told to repay a mum half the additional charges she paid for nearly two years because it did not properly oversee a nursery’s charging policy.

The child should have received 30 hours a week free under the national free early education entitlement scheme, but the mum complained she was given no option but to pay for ‘consumables’ and the nursery’s invoicing was not clear or transparent on this matter.

She asked the council to investigate, and it did identify some problems with the way the nursery was charging parents and asked the nursery to amend its terms. However, the Local Government and Social Care Ombudsman’s investigation into the mum’s complaint found the council’s own investigation did not do enough to get to the bottom of the problem.

The council did not seek to resolve the matter for the mum, including getting the losses she suffered reimbursed. The Ombudsman also found the council did not do enough to prevent the issues reoccurring by ensuring the nursery met its Local Provider Agreement terms.

Michael King, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

“In this case the council did not do enough to work with the mum and the nursery to resolve the case, and instead simply referred her complaint back to the nursery.

“It is the council’s duty to work with providers to ensure their invoices and receipts are clear, transparent and itemised.

“I now ask the council to consider my report at the highest level to ensure it learns from this complaint so other parents are not disadvantaged in a similar way.”

The Local Government and Social Care Ombudsman remedies injustice and shares learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council should pay the mum a combined £200 for the time and trouble and distress felt.

It should also refund half the additional charges the mum has paid between January 2020 to the date her child left the nursery in February 2022.

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve processes for the wider public. In this case the council should review the nursery’s policies and practices to ensure it complies with the council’s provider agreement.

Article date: 16 November 2022

Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220184fr.pdf

Languages available: fr nl

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 184/22

Luxembourg, le 16 novembre 2022

Arrêt du Tribunal dans l’affaire T-469/20 | Pays-Bas/Commission

Le Tribunal annule la décision de la Commission européenne validant la compensation pour la fermeture de centrales électriques au charbon opérant aux Pays-Bas

La Commission ne pouvait pas se prononcer sur la compatibilité d’une mesure nationale avec le marché intérieur sans avoir établi au préalable que cette mesure constituait une aide d’État

Le 11 décembre 2019, le Royaume des Pays-Bas a adopté une loi interdisant l’utilisation du charbon pour la production d’électricité à partir du 1er janvier 2030 au plus tard.

À la suite de l’entrée en vigueur de cette loi, quatre des cinq centrales électriques au charbon opérant aux Pays-Bas ont bénéficié d’une période transitoire de cinq à dix ans afin de leur donner la possibilité de récupérer les investissements réalisés, de s’adapter à une autre matière première ou de se préparer à la fermeture. En revanche, la centrale Hemweg 8, qui ne brûlait pas de biomasse, ne produisait aucune énergie renouvelable, et dont le rendement était plus bas que celui des quatre autres centrales au charbon, a été contrainte de fermer à la fin de l’année 2019.  (...)