El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha dictado una resolución instando a la Conselleria de Vivienda a conceder de manera automática la ayuda al alquiler a las personas demandantes de vivienda pública, cuando no pueda facilitarles un alojamiento y cumplan los requisitos de pertenecer a una unidad de convivencia  especialmente vulnerable o en riesgo de exclusión  social.

El defensor insiste en que cuando una persona solicita una vivienda pública, la administración debe responderle en el plazo legal de seis meses y detallarle cómo va a resolver su problema habitacional.

Ante la petición de algo tan esencial como la vivienda, Luna considera “irrazonable” que la inscripción en el Registro de Demanda de Vivienda tenga una validez de dos años y que incluso se pueda prorrogar por otros dos más. Lo que se traduciría en que transcurridos dos o cuatro años, la administración puede que no haya sido capaz de ofrecer ninguna solución a la carencia de vivienda del ciudadano, contradiciendo así el sistema establecido por la ley valenciana de la Función Social de la Vivienda.

Por ello, esta institución ha manifestado reiteradamente que, una vez que la persona interesada ha expuesto su necesidad de vivienda, corresponde a la administración pública competente poner en marcha todo el abanico de acciones y  ayudas disponibles para satisfacer cuanto antes  el  derecho a una vivienda digna y asequible.

El Síndic propone incluir en los formularios de inscripción en el Registro de Demanda de Vivienda un apartado específico para  que, en caso de carencia de vivienda pública que adjudicar, se pueda solicitar alternativamente  alguna de las ayudas directas previstas por la Ley.  De este modo, no se obliga a la persona a estar pendientes de las convocatorias de ayudas que aparecen el DOGV para solicitarlas expresamente y se simplifican los trámites del procedimiento.

Esta resolución de recomendaciones es el resultado de la investigación que el Síndic inició en noviembre del año pasado para analizar cómo podían afectar a los derechos de las personas demandantes de vivienda pública algunas de las previsiones que contempla el nuevo decreto del Reglamento de Registro de Viviendas de la Comunitat Valenciana y Procedimiento de Adjudicación de Viviendas.

La queja de oficio se abrió para investigar el posible incumplimiento por parte del decreto analizado de la ley de la función social de la vivienda y la obligación de tramitar la inscripción en el Registro de Demanda de Vivienda solo por vía telemática. Respecto a esta última cuestión, el defensor ha sugerido a la Conselleria que proceda a modificar el decreto para revisar esa obligación, ya que supone una vulneración de la ley de procedimiento administrativo y puede implicar una discriminación a los colectivos más vulnerables por la falta de garantías del acceso, medios y conocimiento de la tecnología necesaria.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

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Ces 27 et 28 avril, les médiateurs des différents pays de l’Union européenne se sont réunis pour discuter de l'impact de la guerre en Ukraine et des effets persistants de la crise du coronavirus. La conférence du réseau européen des médiateurs était organisée par la Médiatrice européenne, Emily O’Reilly, et la Défenseure des droits de France, Claire Hédon. 

Ukrainiens en Belgique

Les médiateurs ont examiné les différentes initiatives mises en place dans leur pays pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens et les éventuelles améliorations à y apporter. Ils ont réaffirmé leur soutien à la commissaire aux droits de l’homme d’Ukraine, Liudmyla Denisova. 

En Belgique, les autorités, que ce soit l’Office des étrangers, Fedasil ou les mutuelles, fournissent de gros efforts pour aider les Ukrainiens le plus rapidement possible. Jérôme Aass et David Baele, les médiateurs fédéraux, ont récemment rencontré la commissaire aux droits de l’homme d’Ukraine et visité avec elle le centre d’enregistrement situé au Palais 8 de Brussels-Expo (Heysel). 

Digitalisation des services publics

Les médiateurs ont également discuté de la digitalisation des services publics qui s'est fortement accélérée dans toute l'Europe avec la crise du coronavirus. Comme d'autres médiateurs européens, nous recevons des plaintes à ce sujet et nous constatons que la relation entre les citoyens et les services publics est mise sous pression.

Contacts essentiellement numériques, procédures administratives modifiées, lignes téléphoniques parfois surchargées... Certaines catégories de personnes rencontrent de grandes difficultés pour avoir accès aux services publics. C'est le cas particulièrement des personnes issues de groupes vulnérables : personnes âgées, personnes à faibles revenus ou en situation de handicap, personnes disposant de peu de compétences numériques...

Lors de la conférence, nous avons partagé notre plaidoyer pour que les services publics prévoient toujours des alternatives aux canaux numériques et qu'ils conservent une place pour le contact direct et humain. 

"Inklusion bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Chancen auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben bekommen wie alle anderen Menschen auch“, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz anlässlich des Europäischen Tags der Inklusion (5. Mai): „Alles andere ist Diskriminierung, sagt die UN-Behindertenrechtskonvention, zu der sich auch Österreich bekennt. Die Umsetzung scheitert aber oft am Geld, das die öffentliche Hand dafür auf den Tisch legen müsste. Der NAP Behinderung 2022 – 2030 muss ausfinanziert werden!“ Das wird noch dringlicher, weil auch die aktuelle Teuerung Menschen mit Behinderungen besonders hart trifft, denn sie sind oft auf Sozialleistungen angewiesen, die schon seit Jahren nicht erhöht, geschweige denn an die Inflationsrate angepasst worden sind.

Nationaler Aktionsplan Behinderung (NAP)

Der Nationale Aktionsplan Behinderung (NAP) dient der bundesweiten Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Österreich. Er formuliert Ziele, konkrete Maßnahmen und Indikatoren, anhand derer die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Praxis umgesetzt werden sollen. Auch die Volksanwaltschaft war in die Erstellung eingebunden.

Sozialminister und Landeshauptleute sind jetzt gefordert

„Aber ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des NAP Behinderung wird nicht nur der Inhalt sein, sondern vor allem die Finanzierung der geplanten Maßnahmen“, warnt Volksanwalt Achitz. Dafür ist, wie im Regierungsprogramm 2020 – 2024 angedacht, die Einrichtung eines aus Mitteln des Bundes und der Länder gespeisten Inklusionsfonds zur Finanzierung jener Maßnahmen erforderlich, die an der Schnittstelle zwischen Bundes- und Landeskompetenz liegen. „Sozialminister Johannes Rauch, aber auch die Landeshauptleute sind dringend gefordert, endlich eine Lösung zu finden und das Geld für die Inklusion auf den Tisch zu legen“, sagt Achitz.

(...)

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha presentado el informe ‘La situación de jóvenes migrantes sin referentes familiares en la ciudad de Barcelona’, con el propósito de abordar la realidad de este colectivo vulnerabilizado desde la perspectiva de la garantía de derechos.

¿POR QUÉ ESTE INFORME?

Desde el año 2015, unos 9.000 niños y jóvenes migrantes sin referentes familiares han llegado a Cataluña por una amalgama de razones que explican su decisión de emprender este viaje sin ningún acompañamiento familiar. En el sistema estatal de atención a la infancia y la juventud, estas personas son acogidas, tuteladas y atendidas por las comunidades autónomas. Cuando logran la mayoría de edad, finaliza la tutela administrativa y el escenario es menos regulado y más diversificado.

Se trata de un colectivo que precisa un apoyo y un acompañamiento específico para ayudarlos a desarrollar su proyecto de vida. El estudio de la Sindicatura presta una especial atención a los adolescentes y jóvenes de 18 a 23 años, que se enfrentan solos y solas a una edad adulta registral, pero no siempre real. El objetivo es identificar cómo mejorar y facilitar la transición a la edad adulta en condiciones de igualdad y equidad, promoviendo lo respecto a los derechos y libertades garantizados a cualquier persona ciudadana de Barcelona.

LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ES COMPLEJA

El Estado tiene la competencia exclusiva en materia de inmigración y extranjería y, por lo tanto, define las normas de entrada y residencia de las personas migrantes. Precisamente, en octubre de 2021 el Gobierno del Estado aprobó una reforma del Reglamento de extranjería sobre el régimen jurídico de menores y extutelados. Esta reforma tiene el propósito de dar respuesta a una situación disfuncional que provocaba que muchos jóvenes pasaran a una situación de irregularidad sobrevenida con riesgo de exclusión social, una vez finalizada la tutela por parte de la Administración a partir de su mayoría de edad. Las modificaciones introducidas también deben facilitar el acceso a la ocupación de aquellos y aquellas jóvenes con edad de trabajar.

Las comunidades autónomas, por su parte, son competentes en cuanto al desarrollo de normas e instrumentos para garantizar derechos y servicios que ayuden a la integración e inclusión de este colectivo. También son las administraciones encargadas de la tutela de las personas migrantes menores de edad y sin red familiar.

Por último, los entes locales son clave para salvaguardar la buena acogida, incorporación y participación de las personas migrantes en las ciudades y pueblos de Cataluña. Aunque no tengan las competencias, son las administraciones públicas más próximas a la ciudadanía y acostumbran a ser la primera puerta de entrada a los servicios públicos. En el caso de Barcelona, el Ayuntamiento ya hace más de veinte años que actúa en la atención de las personas menores y jóvenes migrantes que llegan a la ciudad sin red familiar, a pesar de que no es una competencia local (si bien lo tiene que atender de forma subsidiaria). Sin embargo, el número de jóvenes sin referentes familiares en la ciudad ha crecido en los últimos años, y no siempre se han adecuado los servicios y prestaciones ante este incremento, hecho que ha podido provocar desatención hacia estos y estas jóvenes.

EL ANÁLISIS DEL COLECTIVO

Según los datos de la Generalitat de Cataluña (DGAIA, 2021), se estima que en la ciudad hay más de 200 jóvenes migrantes sin referentes familiares. Es necesario señalar que estos datos solo hacen referencia a la parte de este colectivo que ha estado en algún momento bajo la tutela de la Generalitat. Por lo tanto, deja fuera los que pueden haber sido tutelados en otras comunidades autónomas, los que tienen dificultad para acreditar su minoría de edad, o los que han llegado a Barcelona cuando ya eran mayores de edad.

En cuanto al perfil de los y las jóvenes, gran parte de ellos son chicos (97,1%) que han llegado recientemente a la mayoría de edad. Una minoría son chicas, que acostumbran a estar invisibilizadas en las estadísticas. Algunas entidades están trabajando progresivamente para adoptar estrategias con perspectiva de género que permitan mejorar la atención de este colectivo, especialmente vulnerable a la violencia y a la explotación sexual.

La Sindicatura también muestra su preocupación por la situación habitacional de este colectivo vulnerabilizado. En el año 2020, el Servicio de Detección e Intervención (SDI) del Ayuntamiento atendió aproximadamente 500 niños y jóvenes migrantes sin referentes familiares. De estos 500, un 30,9% son mayores de edad en situación de sinhogarismo. De este 30,9%, un 14,2% están vinculados al servicio de atención a personas sin hogar, y un 10,2% viven en alojamientos considerados inseguros o inadecuados. El 5,6% es juventud itinerante.

Por lo tanto, más de un 55% se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y alto riesgo de exclusión social. Para acceder a recursos habitacionales, deben estar vinculados a una entidad social y seguir un Plan de Trabajo Individual (PTI).

También es motivo de inquietud el estado de salud de este colectivo de jóvenes, especialmente en cuanto a su salud mental y el consumo de tóxicos, puesto que son factores de vulnerabilidad. El estrés que desarrollan las personas que han emprendido solas el proyecto migratorio es especialmente agudo. Por este motivo, la Sindicatura considera que la atención psicosanitaria de jóvenes migrantes sin referentes familiares es imprescindible. También es importante ser conscientes de que la movilidad o la precariedad residencial de este colectivo dificulta su detección, seguimiento y tratamiento.

El ámbito educativo es un reto porque marca de manera clara sus posibilidades de éxito futuro. Por ahora se detectan dificultades de acceso a la educación y la formación. Si bien este es un derecho de la infancia, lo cierto es que aquellas personas que tienen más de 16 años ya no se pueden matricular fácilmente en los institutos, y la falta de formación básica cronifica su situación futura.

En cuanto a la incorporación de este colectivo en el mercado laboral, las personas jóvenes migrantes sin referentes familiares sufren más dificultades que el resto de jóvenes para acceder a puestos de trabajo. Por este motivo, iniciativas de apoyo como las de Barcelona Activa o entidades sociales, deben ser claves para favorecer esta primera entrada al mercado de trabajo. Especialmente en el momento actual, que el nuevo Real decreto ha eliminado trabas a su incorporación en el mundo laboral.

Su participación en la vida social y cultural también es muy limitada, a pesar de ser capital para su bienestar e inclusión social. Se puede decir que, en muchas ocasiones, participan solo de actividades autorreferenciales, donde no se fortalecen las redes relacionales con el entramado de la ciudad. También se ha identificado una brecha digital que dificulta su acceso a recursos públicos y privados.

LAS PROPUESTAS DE LA SINDICATURA

Para mejorar la atención a los jóvenes migrantes sin referentes familiares en la ciudad, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha elaborado una serie de propuestas, de las cuales destacaremos algunas de ellas desde diferentes dimensiones:

Dimensión jurídica

• Dar seguimiento a la aplicación de la reforma del reglamento de extranjería para garantizar que los y las jóvenes llegan a la mayoría de edad con toda la documentación requerida y para reforzar el trabajo en sus itinerarios de emancipación.

• Reforzar los espacios de atención de las personas jóvenes migrantes sin referentes familiares en el ámbito de la detección o el acompañamiento, o en la defensa de sus derechos, a través de instrumentos como: asesoramiento y atención especializada, la clínica jurídica local, la figura de la persona referente o mentora, o el refuerzo de los equipos educadores de calle para mejorar la detección de los y las jóvenes.

Dimensión socioeconómica

• Refuerzo de las alternativas residenciales, atendiendo al desajuste entre necesidades y recursos en el ámbito de la vivienda. Por este motivo, se deberían explorar otras opciones, como la acogida, que serviría no solo para superar la situación de la falta de vivienda, sino que también favorecería la creación de vínculos entre jóvenes y la sociedad de acogida.

• Refuerzo de la atención en salud mental, estableciendo un protocolo de atención y acompañamiento psicológico, y de atención en el estrés postraumático, a través del desarrollo de un espacio sociosanitario para personas en situación de riesgo de exclusión social, ampliando la cobertura de programas de convalecencia y psiquiatría de calle. Esta actuación requiere coordinación interadministrativa.

• Reforzar la formación y capacitación lingüística de los y las jóvenes, y garantizar la continuidad de la formación de este colectivo, facilitando también su acceso a los estudios superiores. También es importante evitar que se generen desigualdades digitales vinculadas a estas personas jóvenes.

Dimensión comunitaria

• Fomentar la participación del colectivo sin referentes familiares mediante la creación de espacios donde se fortalezcan las redes relacionales con la ciudadanía, y haciendo programas de acompañamiento y mejora de su sentimiento de pertenencia.

• Implementar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad de acogida para evitar narrativas y discursos negativos hacia el colectivo.

Dimensión de gobernanza

• Asegurar una coordinación multinivel y multisectorial entre las diversas administraciones y áreas que tienen competencias vinculadas al colectivo.

• Fortalecer la formación especializada y el diseño de protocolos que faciliten la actuación de los diferentes actores de los procesos de atención, cura e inclusión de estos jóvenes.

• Mejorar la recogida y tratamiento de datos, especialmente cuando no han formado parte del sistema de tutela y acogida durante su minoría de edad.

• Incorporar la perspectiva de género en el diseño y en la implementación y evaluación de las diferentes actuaciones y servicios.

• Fortalecer el rol de XBcn para llevar a cabo una coordinación más generalizada y estructurada del trabajo de todos los actores involucrados, con el objetivo de evitar el riesgo de duplicidades en algunas áreas, y escasez de recursos en otras.

• Fortalecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los diferentes programas a fin de mejorar las actuaciones y servicios, identificando buenas prácticas y experiencias que se puedan compartir con otras ciudades del entorno.

Finalmente, la Sindicatura recalca que es precisamente en la mayoría de edad de los y las jóvenes migrantes sin referentes familiares donde el Ayuntamiento tiene más margen de actuación, puesto que se trata de jóvenes residentes en la ciudad. Ahora bien, garantizar un proceso de emancipación exitoso requiere un trabajo continuado desde el primer momento.

En urbanismo, ha destacado la problemática que sufren las urbanizaciones con déficits

En medio ambiente, ha querido destacar que es necesario promover el sistema de recogida puerta a puerta

En cuanto a la vivienda, ha recordado que es un derecho supramunicipal que requiere una actuación conjunta y coordinada de la administración local y autonómica

Hoy, el síndico, Rafael Ribó, acompañado del adjunto general, Jaume Saura, ha comparecido ante la Comisión de Políticas Digitales y Territorio para presentar una ponencia sobre la Proposición de ley de mejora urbana, ambiental y social de los barrios y villas, que se está tramitando en el Parlamento de Cataluña.

En relación con la temática de urbanismo, el Síndic ha querido destacar la problemática de las urbanizaciones con déficits y la necesidad de que la Generalitat colabore de forma activa con los municipios, tanto desde el punto de vista institucional como desde una perspectiva económica. En este sentido, Rafael Ribó ha valorado positivamente la creación del Fondo de recuperación social, urbana y ambiental que prevé la Proposición de ley, que, además de incluir aportaciones estatales, de la Unión Europea y de la Generalitat, supone la recuperación de esta colaboración.

El Síndic también se muestra satisfecho con el hecho de que la Proposición de ley recoja en su articulado principios que deben regir las actuaciones urbanísticas para tender hacia un modelo de ciudad sostenible, y a los que el Síndic ya se ha referido en sus informes anuales, en el Plan de derechos humanos y en el Informe sobre las urbanizaciones con déficits.

En relación con la temática de medio ambiente, el Síndic también ha tratado a lo largo de varios informes, por ejemplo, la contaminación atmosférica, concretando una serie de propuestas con la idea de reducirla, como crear un peaje de congestión o aplicar una tasa diaria que deba pagarse por conducir dentro de la ciudad y potenciar los aparcamientos de enlace (park & ​​ride). La Proposición de ley también hace referencia a la prevención, minimización y mejora de la eficiencia de la gestión de residuos, incluida la implantación de sistemas más eficientes de recogida y las medidas dirigidas a la reducción y reutilización. En este sentido el Síndic se ha manifestado favorable al sistema puerta a puerta, dado que se ha demostrado que es el más adecuado para garantizar la separación de residuos municipales y, por tanto, es del criterio a promover. Sin embargo, la implantación de este sistema es compleja, ya que implica imponer nuevos hábitos en la ciudadanía en un contexto de emergencia climática y de exigencias de resultados introducidos por la Unión Europea con vista a los próximos años; por tanto, esta no es sencilla ni se puede abordar desde un solo punto de vista, puesto que son diversas las posibles afectaciones a los derechos de la ciudadanía.

En cuanto al tema de la vivienda, el Síndic ha querido destacar que la mayoría de los objetivos que persigue la citada Proposición ya han sido ampliamente reivindicados por la institución en los últimos años, como la necesidad de luchar contra la segregación residencial y la gentrificación, de garantizar los principios de promoción de la diversidad y la lucha contra la exclusión social, de favorecer el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, de garantizar una respuesta pública y suficiente ante las situaciones de emergencia residencial y de considerar el derecho a la vivienda como derecho supramunicipal que requiere una actuación conjunta y coordinada de la Administración local y autonómica.

Por último, en cuanto al ámbito de consumo, la Proposición de ley habla de pobreza energética e incluye la transición energética como uno de los objetivos a conseguir en las actuaciones en el ámbito de urbanismo, vivienda y eficiencia energética. Sin embargo, a criterio del Síndic la reducción de la pobreza energética también debería añadirse como uno de los objetivos del Fondo de recuperación social, urbana y ambiental de barrios y villas de Cataluña, previsto en el artículo 1 de la Proposición de ley, puesto que habría que no sólo hacer unos barrios más eficientes desde el punto de vista energético, sino también que los suministros básicos sean asequibles para las personas que viven en ellos.

En relación con la gestión del agua, la Proposición de ley dispone que es necesario fomentar acciones destinadas a mejorar su eficiencia. Desde este punto de vista, el Síndic ha insistido en que es necesario que se regule un tratamiento tarifario excepcional para los casos de escape en las instalaciones interiores y que cuando se detecte un escape se avise de forma inmediata al receptor del servicio. También se ha destacado la necesidad de promover la implantación de sistemas de telelectura de los contadores de agua en los municipios, porque, entre otras ventajas, permiten detectar con mayor celeridad supuestos de escape y, en consecuencia, evitar el desperdicio de agua.