El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados el Informe Anual 2021, que recoge las principales líneas de actuación de la institución Defensor del Pueblo el pasado año.

En 2021, desde el Defensor del Pueblo se tramitaron 29.401 expedientes, entre quejas, investigaciones de oficio y solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo. Además, se formularon 2.231 resoluciones a las administraciones. De ellas, se aceptaron 513, se rechazaron 185, siguen sin respuesta 784. El resto se encuentran en estudio o pendientes de recibir más información.

Ángel Gabilondo, que ha acudido al Congreso de los Diputados junto a las dos adjuntas de la Institución, Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena, ha destacado que este Informe es un ejercicio de comunicación a la ciudadanía y “una toma de posición que responde a la defensa de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, en definitiva, de los derechos humanos”.

En este sentido, se ha referido a la invasión de Ucrania por Rusia y ha señalado que “nos encontramos ante una crisis humanitaria de primera magnitud que obliga a atender su repercusión en los derechos humanos de millones de personas, y a trabajar por facilitarles el refugio y la ayuda que precisan”. 

Ángel Gabilondo ha mostrado su preocupación por los más de cuatro millones de personas que han tenido que abandonar Ucrania. “Muchas de ellas han llegado a España y esto requiere un singular esfuerzo para acogerlos y ofrecerles la posibilidad de que emprendan aquí una nueva vida, digna y segura”, ha asegurado.

Principales actuaciones

Tras recordar que las tareas y actuaciones de este informe corresponden casi en su totalidad al periodo de Francisco Fernández Marugán, a quién agradeció su labor, Ángel Gabilondo hizo un repaso de las principales actuaciones de la Institución en 2021, un año marcado por las secuelas del impacto de la COVID-19.

De las 2.245 quejas sobre sanidad, el Defensor ha destacado las relativas a la saturación de los centros de salud; el aumento de las listas de espera; la restricción en el acompañamiento a los ingresados en hospitales y en el acceso a las residencias de mayores, las dificultades en la aplicación del certificado COVID o el elevado precio de las PCR. 

El Defensor del Pueblo ha apuntado que 2022, y con la confianza en la superación de la pandemia, “es el momento de adoptar planes y medidas concretas para impulsar los servicios públicos de atención sanitaria en todos los niveles, incidiendo en aquellos aspectos y servicios cuya debilidad se ha hecho mas evidente en esta crisis”

Ángel Gabilondo ha subrayado, además, al impacto de la COVID en la atención residencial de personas mayores, dependientes o con discapacidad y ha resaltado que esta crisis ha supuesto una verdadera emergencia social para muchas personas.

Asimismo, ha insistido en que es necesario que las administraciones públicas garanticen el acceso de todos los ciudadanos a los trámites administrativos para acceder a las prestaciones sociales y ha pedido soluciones efectivas, en especial para las personas de edad avanzada o con menos medios o conocimiento del uso de las nuevas tecnologías.

En materia educativa ha repasado los problemas que la pandemia ha ocasionado en colegios e institutos. En el ámbito universitario, ha destacado las quejas relacionadas con la convalidación y homologación de títulos y cuestiones relativas a becas y ayudas.

También ha condenado la violencia contra las mujeres y ha hecho hincapié en que es necesario mejorar la detección de riesgos en los que se encuentran las víctimas y sus hijos e hijas, y facilitarles el acceso a los recursos disponibles, desde la intervención de emergencia hasta la integración social.

Ángel Gabilondo ha mostrado su preocupación por las dificultades para acceder a una vivienda y ha instado a aumentar el parque público de viviendas sociales y a establecer procedimientos de adjudicación más ágiles y transparentes.

En materia económica, la Institución ha seguido con interés el proceso de creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero. El Defensor espera que este nuevo organismo mejore la tramitación y resolución de las reclamaciones de los ciudadanos. 

Además, ha explicado que se tramitaron expedientes sobre el servicio eléctrico   -suministro, facturación, arbitrariedad con los consumos estimados o con el reconocimiento del bono social eléctrico y del bono social térmico- y que actuó de oficio por la opacidad del modelo de factura eléctrica.

En relación al empleo público, ha vuelto a alertar sobre la elevada tasa de temporalidad y ha pedido medidas estructurales para garantizar la suficiencia de personal, especialmente en el sector sanitario.

Ángel Gabilondo también ha aludido a la cada vez mayor preocupación ciudadana por el medio ambiente. Ello se reflejó en las quejas recibidas por el impacto de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas en espacios protegidos. La Institución actuó por la degradación del Mar Menor, la situación de Doñana o la contaminación de algunas ciudades.

En materia migratoria, ha solicitado un refuerzo de los servicios públicos para mejorar el sistema de acogida y la recepción y protección de las personas que llegan a nuestras fronteras. Ángel Gabilondo ha expuesto algunas actuaciones destacadas en Ceuta, Melilla o Canarias, o las resoluciones formuladas para incrementar la protección de los menores extranjeros no acompañados.  

El Defensor ha valorado que las recomendaciones de la Institución para mejorar la protección de los menores víctimas de violencia de género, y acabar con el uso de contenciones mecánicas en los Centros de Internamiento para Menores Infractores hayan sido recogidas en la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Además, Ángel Gabilondo se ha referido a los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA y ha subrayado que las soluciones se deben abordar desde dos perspectivas: la justicia (juzgar) y la verdad (conocer).

Asimismo, el Defensor del Pueblo ha recordado que hay asuntos que todavía siguen pendientes de resolución, entre ellos, la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real y los casos de abusos y explotación sufridos por menores tutelados en diversas comunidades autónomas. También ha mencionado la actuación realizada para conocer cómo se estaba protegiendo a un menor en Canet de Mar y a su familia ante la presión que reconocía sentirse sometida tras haber reclamado clases en castellano.

Statement by ENNHRI on the protection of human rights in the armed attack on Ukraine

In a statement, the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) called for an immediate end to the Russian Federation’s armed attack on Ukraine.

Ombudsman Juris Jansons stressed: Our common demand is to stop the invasion immediately to protect human lives, safety, and well-being. Only a united, firm and unambiguously clear position of human rights defenders can serve as a basis for stopping these bloody crimes, and for effective investigations of these crimes.
 

The Ombudsman participates in the ENNHRI General Assembly

On 31 March, Ombudsman Juris Jansons participated in the General Assembly of the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI), where he expressed his support to Ukraine, its people, and the Ukrainian Parliament’s Commissioner for Human Rights Ms Lyudmyla Denisova in the context of the Russian Federation’s armed attack on Ukraine.

Together with representatives of other national human rights institutions, the Ombudsman condemned Russia’s actions. Among other things, the Ombudsman stressed that he did not believe in the statement made by the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation that almost 500 000 Ukrainian refugees who moved from Ukraine to Russia during the armed conflict had done so on a voluntary basis.

The Ombudsman on the importance of freedom of expression

Freedom of expression is the greatest asset of a democratic society. At the same time, this human right is not absolute, it is linked to duties and responsibilities. We have every right to judge, express opinions, ask questions, and criticise the decisions taken in our own country, but let us do so by showing respect for each other.

Direct or indirect calls for war, military conflict, or violence under the guise of freedom of expression are not allowed under any circumstances. Similarly, speech targeting other people on the grounds of their ethnicity, nationality or nationality is not permitted in the exercise of freedom of expression.

The Ombudsman highlights the risks related to trafficking in human beings

Trafficking in human beings is one of the most serious violations of human rights. Tens of millions of people are exposed to it every year, one third of them children. Human traffickers have long been using crises to realise their low intentions. The Ukrainian refugee crisis caused by Russia’s war in Ukraine threatens to turn into a human trafficking crisis. Latvia must do its utmost to prevent potential risks of enslavement. In such a crisis, it is particularly important that all institutions and organisations involved act in an organised and coordinated manner.

Discussion on the current issues in anti-trafficking in human beings​

On 24 March, experts of the Ombudsman’s Office met Valiant Richey, the Special Representative of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) to discuss the fight against trafficking in human beings. The experts of the Ombudsman’s Office informed the OSCE representative about the Ombudsman’s education campaigns and activities for the improvement of the regulatory framework, carried out to promote cooperation between institutions involved in trafficking in human beings. The need to introduce the function of the National Rapporteur and the possible role of the Ombudsman within this function was also discussed.

Ombudsman and the European Commission discuss the rule of law situation in Latvia

On 16 March, Ombudsman Juris Jansons participated in an online meeting with representatives of the European Commission’s Directorate-General for Justice and Consumers and the Secretariat-General. The European Commission’s annual Rule of Law Report is currently under preparation, and it provides a separate section for examining the situation in each Member State of the European Union. At the meeting, the Ombudsman gave his insight into the situation of the rule of law in Latvia.

The following topics were discussed:

• The Ombudsman’s activities, independence and resources, including in view of the 2021 amendments to the Ombudsman Law;
• The Ombudsman’s views on the openness and functioning of civil society;
• The Ombudsman’s views on media pluralism and freedom, as well as measures to protect journalists.

Improving children’s rights in out-of-family care facilities

On March 3, experts of the Ombudsman’s Office met with representatives of out-of-family care institutions to discuss shortcomings in the respect of children’s rights, as well as to provide recommendations for improvement of the situation in institutional care.

Last year’s inspections most frequently identified the following weaknesses:

•      insufficient enforcement of rights of access;
•      ineffective behavioural correction/addiction treatment;
•      shortage of specialists, etc.

Ombudsman: It is important to filter what information is available to children​

On March 3, representatives of the Ombudsman’s Office participated in a discussion organised by the foundation “Centrs Dardedze” on harmful sexual behaviour of children and young people. During the discussion, among other things, the spread of pornographic material among children and adolescents was discussed, which often leads to manifestations of sexual behaviour that is inappropriate to their age and even violations committed by children.

The Ombudsman calls on parents and other persons responsible for raising children to use the opportunity to install free content filters on Internet resources and to do everything possible to protect the child from information that could be harmful to their full development.

Discussion on examples of good practice at international level

On 2 March, Ombudsman Juris Jansons and Legal Counsellor of the Social, Economic and Cultural Rights Division Anete Ilves, delivered online presentations at the United Nations (UN) and North Macedonia Ombudsperson’s Regional Conference “Strengthening National Human Rights Institutions as independent monitoring mechanisms for the implementation of the UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities”.

The Ombudsman discussed the functions and rights of the Ombudsman of the Republic of Latvia, also in relation to the monitoring of compliance with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Anete Ilves, in turn, talked about examples of best practice and the Ombudsman’s cooperation with non-governmental organisations.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy las cuestiones relacionadas con la salud derivadas de la pandemia por COVID-19, especialmente los casos de salud mental; los problemas relacionados con la brecha digital en la relación con las administraciones públicas; los asuntos de medio ambiente, movilidad y urbanismo; la necesidad de atención e información a la ciudadanía, y cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, destacando los energéticos, como las reclamaciones y peticiones de asesoramiento de los andaluces que más aumentaron en 2021.

El Defensor del Pueblo andaluz ha entregado hoy a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el Informe Anual 2021, en el que aporta un análisis sobre los dos años de pandemia y la evolución de los retos que plantea la Institución para salir de esta crisis sanitaria en igualdad.

En cuanto al balance del segundo año de pandemia, el Defensor ha destacado el incremento en las quejas y consultas relacionadas con la atención sanitaria. Fueron más de mil quejas y otras mil consultas, un 35 por ciento más que en 2020, lo que hace encabezar las estadísticas del Defensor en números globales, solo superada por servicios sociales (mil quejas y 2.300 consultas) y continuada por vivienda, educación, consumo, e infancia y adolescencia, actuaciones que este comisionado parlamentario acomete como Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

El incremento en materia de salud responde a que se han duplicado las reclamaciones en cuanto a las cuestiones de salud pública (por las medidas antiCOVID principalmente) y la salud mental, seguido de las deficiencias en la atención pediátrica. El Defensor también ha anotado que la mención especial de su Informe este año la ha dedicado a los colectivos que tratan de mejorar la vida de los pacientes con COVID persistente.

Los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente (transición justa) y la movilidad de la ciudadanía también crecieron en 2021. En tercer lugar, el mayor incremento de quejas nuevas estuvo relacionado con asuntos de ordenación económica y administraciones tributarias, causadas en parte por la brecha digital que afecta a las personas mayores y al mundo rural, lo que el Defensor ha calificado como “apartheid digital”.

La necesidad de información y asesoramiento ante las medidas emprendidas por las administraciones públicas también se han incrementado en el ejercicio anual de la Institución. “Quiero que me atiendan ha sido la frase más repetida”, ha comentado Jesús Maeztu. También se mantiene la tendencia en los asuntos relacionados con los servicios de interés general, este año especialmente destacable en cuanto a la energía. En este sentido, tras las reuniones mantenidas el pasado lunes con la Consejería de Presidencia y el martes con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz ha emitido un pronunciamiento en el que ha reclamado medidas urgentes para que se restablezca el suministro en los barrios desfavorecidos de Andalucía.

En total, la Institución que dirige Jesús Maeztu atendió en 2021 a más de 30.000 personas, lo que motivó más de 28.000 actuaciones por parte de la Institución. De estas, 8.873 fueron escritos de queja nuevos y 61 quejas de oficio, lo que supuso 8.934 quejas iniciadas el pasado año, a las que se sumaron las pendientes de años anteriores hasta alcanzar las 13.092 quejas tramitadas. Un total de 354 fueron gestionadas por la vía de la mediación, un volumen que se ha multiplicado por seis en los últimos cinco años. La ciudadanía presentó, además, 14.924 consultas, a las que el Defensor ha prestado escucha y asesoramiento.

En los dos años de convivencia con el virus, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que han sido más de 8.600 actuaciones directamente relacionadas con la COVID, que han venido a sumarse a las preocupaciones y problemas que ya existían con anterioridad a la irrupción de esta crisis sanitaria, especialmente dramáticas cuando se trata de familias vulnerables que demandan una mayor protección. Jesús Maeztu ha apuntado la preocupación de la Institución para que la ciudadanía salga en igualdad de esta crisis, lo que la Institución concretó en 13 retos o lecciones que avanzó al término del primer periodo de la COVID, ya concluido el confinamiento, en el Informe extraordinario 'Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia'. En este Informe Anual 2021, el Defensor del Pueblo andaluz aporta un seguimiento y evolución de estos 13 retos. Por último, el Defensor ha recordado que para prestar un mejor servicio a la ciudadanía la Institución aprobó este año la Estrategia 2021-2024 del Defensor del Pueblo andaluz.

El 21 de junio de 2021, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la Resolución 2381, que llevaba por título “¿Deberían juzgarse los políticos por declaraciones emitidas en ejercicio de su cargo?”, la cual se basaba en el informe redactado por el diputado Boriss Cilevičs, al que había dedicado más de un año y para el que había realizado una visita a España con el apoyo de autoridades públicas del Estado. Durante esta visita se entrevistó con un amplio abanico de interlocutores tanto del ámbito jurídico como del político.

El trabajo en Cataluña contó con la colaboración del Síndic de Greuges, se hicieron reuniones y entrevistas del equipo del relator con entidades de nuestro país y se aportaron los informes sobre derechos y libertades de la institución, que fueron utilizados como fundamento y documentos de soporte en la parte de las argumentaciones.

La Resolución planteaba, entre otros, el necesario tratamiento político –no penal– del conflicto, la modificación o reinterpretación de delitos como el de sedición, rebelión y malversación, la concesión de indultos o la libertad de los presos políticos (de acuerdo con la descripción de la Resolución 1900 (2012)), el paro de los procedimientos judiciales abiertos contra otras personas por causas vinculadas al referéndum del 1 de octubre y el diálogo entre las partes. El informe también ponía de manifiesto que en Europa no debe haber margen para la persecución penal de los políticos en los actos realizados en el ejercicio de su cargo y que hay que proteger la libertad de expresión y la posibilidad de cuestionar 'status quo de un estado.

En este contexto, el Síndic pidió al Parlamento de Cataluña que creara una comisión de estudio específica para realizar el seguimiento y evaluar el nivel de cumplimiento de las medidas y recomendaciones contenidas en el informe, que a fecha de hoy no se ha formalizado.

El informe presentado hoy tiene el objetivo de contribuir a la labor de seguimiento de la resolución del Consejo de Europa y hace una valoración del grado de consecución de las recomendaciones formuladas.

En cuanto a la primera recomendación de la Resolución, que invita a todos los estados del Consejo de Europa a garantizar que todos, incluidos los políticos, disfruten de libertad de expresión y reunión, el Síndic denuncia que en España estos derechos están sufriendo desde hace tiempos graves retrocesos. Para ejemplificarlo ha destacado que sólo en los últimos cuatro años se han abierto procesos penales y los tribunales han condenado a penas diversas (multas, penas de prisión y de inhabilitación, según los casos) personas por expresiones contenidas en canciones o publicadas en las redes sociales. Especialmente preocupante es el uso que se ha hecho de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias en la Corona, y de los delitos de odio (a partir de expresiones dirigidas contra algunas instituciones estatales o contra la policía, que no son objeto de protección como tales).

La segunda recomendación manifestaba la necesidad de que los estados examinen sus disposiciones penales y la aplicación de éstas a la práctica de acuerdo con las sentencias y decisiones judiciales y también de acuerdo con otros países, con el objetivo de asegurar que estas disposiciones estén redactadas de forma clara y precisa para evitar que puedan conducir a sanciones desproporcionadas. En este contexto, el Síndic ha recordado que todavía no se han derogado las disposiciones más problemáticas de la Ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana de 2015 (Ley mordaza), aunque se está debatiendo una modificación legislativa en el Congreso de los Diputados.

En el caso concreto de España, la Resolución recomendaba en primer lugar reformar las disposiciones penales en materia de rebelión y sedición para que no puedan ser interpretadas de forma que invaliden la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, tal como pretendía el legislador cuando abolió este delito concreto en 2005, o para que no puedan aplicarse sanciones desproporcionadas a infracciones no violentas. En este apartado, el Síndic ha destacado que, una vez concedidos los indultos, el Govern ha renunciado a esta reforma. Por tanto, en el momento de elaborar este informe no se ha dado cumplimiento a la recomendación del Consejo de Europa.

La Resolución también contenía la recomendación de indultar o liberar a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum de octubre 2017 y las manifestaciones masivas pacíficas que derivaron, además de considerar la posibilidad de dejar sin efecto los procedimientos de extradición interpuestos a los políticos catalanes que están en el extranjero y que están perseguidos por los mismos motivos. En este apartado el Síndic constata que los nueve condenados a penas de prisión por el STS 459/2019 fueron indultados el 22 de junio, a condición de no volver a delinquir, y quedaron en libertad, pero el resto de penas no privativas de libertad no fueron indultadas, por lo que les sigue vigente la inhabilitación para desempeñar todo tipo de cargos públicos.

El Síndic también ha destacado que en contra de lo que recomienda la Asamblea Parlamentaria no se han dejado sin efecto los procedimientos de extradición interpuestos a los políticos catalanes que están en el extranjero y que están perseguidos por los mismos motivos.

En cuanto a la recomendación de retirar los restantes procesos contra cargos inferiores, también implicados en el referéndum inconstitucional de 2017, y no sancionar a las personas que han sucedido a los responsables políticos encarcelados, el Síndic recuerda que no ha habido una retirada generalizada de estos procesos por parte de la Fiscalía.

En otro ámbito, la Recomendación también pedía garantizar que la disposición sobre malversación de fondos públicos se aplicara sólo cuando pudieran constatarse pérdidas reales y cuantificadas para el presupuesto o patrimonio del Estado. En este sentido, el Síndic constata que el Tribunal de Cuentas mantiene abiertas actuaciones contra altos cargos que ya fueron juzgados por estos hechos por el Tribunal Supremo.

El informe también recomendaba no exigir a los políticos catalanes que cumplen condena a que renieguen de sus profundas convicciones políticas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o de la posibilidad de obtener el indulto. En este punto, aunque para obtener el indulto no tuvieron que renunciar a sus convicciones políticas, el Síndic sí ha puesto en cuestión que se haya respetado totalmente esa recomendación. Y es que el indulto está condicionado a no volver a cometer un delito grave, lo que puede percibirse como una amenaza que limita la libertad de actuación de las personas indultadas y el pleno ejercicio de sus derechos. A criterio del Síndic, también es cuestionable que el Tribunal Supremo utilice el argumento de la falta de arrepentimiento para oponerse a la concesión de los indultos o revocar beneficios penitenciarios que habían sido concedidos a los condenados. En este apartado también es cuestionable que las personas condenadas debieran someterse a un programa de reinserción que tenía por finalidad inculcarles determinadas ideas.

El Consejo de Europa también recomendaba establecer un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Cataluña con el fin de fortalecer la calidad de la democracia española. En este sentido, se ha constituido una mesa de diálogo entre los gobiernos del Estado y catalán, aunque todavía no han trascendido resultados tangibles.

Finalmente, la resolución recordaba que era necesario respetar los principios del estado de derecho, tal y como han sido definidos por el Consejo de Europa, lo que implica el respeto de la legalidad pero también de los derechos fundamentales, entre los que figura de forma destacada la libertad de expresión. Sin embargo, el Síndic advierte que en España se ha constatado en esta cuestión una concepción legalista y formalista del Estado derecho, que no tiene en cuenta sus otros elementos esenciales, tal y como demuestra que en su día el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial afirmara que el artículo 2 de la Constitución española, relativo a la indisoluble unidad de la nación española es el “ basamento último, nuclear e irreductible de todo el Derecho de un Estado”.

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Personal del Ararteko ha asistido un seminario coorganizado por la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (ENNHRI) y por la Defensoría del Pueblo de Georgia, se han discutido las consecuencias que tuvo la COVID-19 para las personas con discapacidad. Expertas y expertos de la sociedad civil (European Network on Independent Living ENIL) y de instituciones nacionales de derechos humanos (Instituto alemán de derechos humanos, defensoría del pueblo de Bulgaria, Equinet) han expuesto los principales problemas que han encontrado en sus estudios al respecto así como sus reivindicaciones para el futuro.

Problemas

La red ENIL realizó un estudio a nivel global sobre los derechos de las personas con discapacidad durante la pandemia. Su conclusión principal es que hubo un fracaso del Estado para proteger el derecho a la vida de las personas con discapacidad en instituciones (entendiendo por ellas todo tipo de alojamiento colectivo responsabilidad del Estado), si bien no hay datos concretos porque los datos oficiales de mortalidad no dan información sobre el lugar de fallecimiento. Además de la mortalidad, el estudio apunta a que a muchas personas se les negó el acceso a servicios de salud. Otro problema fue la privación de libertad: no poder salir, no poder recibir visitas, o la prohibición de entrada de personal sanitario en las instituciones. El estudio también apunta a la falta de información de las personas con discapacidad residentes en instituciones y a una ausencia de supervisión.

Por su parte, la red europea de organismos encargados de velar por la igualdad Equinet ha creado una base de datos sobre discriminación, incluida la discriminación contra personas con discapacidad, y sobre la actuación de los poderes públicos para combatirla durante la pandemia en distintos Estados europeos. Algunos de los problemas detectados han sido:

• Falta de consulta de las autoridades públicas con expertos en derechos humanos y discriminación, en especial en sus efectos sobre colectivos vulnerables
• Falta de información adaptada a determinadas personas con discapacidad como las personas sordas
• Falta de acceso a los servicios de salud para las personas con discapacidad
• Problemas de progenitores de niñas y niños con discapacidad para cuidarlos en casa
• Imposibilidad para las personas cuidadoras de acudir al domicilio de las personas a las que cuidaban
• Escuelas de educación especial que se quedaban cerradas mientras se abrían las escuelas ordinarias
• Clases online y teletrabajo no adaptados para la accesibilidad
• Falta sistemática de datos de igualdad que dieran información sobre personas con discapacidad
• Respecto a las vacunas: priorización que dejó fuera a personas con determinadas discapacidades; falta de accesibilidad de centros de vacunación y de la información que se daba sobre las vacunas; incertidumbre sobre los efectos de algunas vacunas en personas con discapacidad y presiones para vacunarse a personas con discapacidad residentes en instituciones

Desde las instituciones nacionales de derechos humanos participantes, se señalaron problemas como una posible discriminación de las personas con discapacidad a la hora de recibir tratamiento intensivo de urgencia (situaciones de triaje). Se habló de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania que ordena cambios legislativos para evitar dicha discriminación. También se mencionó la falta de atención hacia los problemas de personas con discapacidad que no residían en instituciones.

Reivindicaciones

Como reivindicación general, se recordó que los estándares mínimos de no discriminación se deben respetar también en situaciones de emergencia.

Se apuntó que la sociedad civil dedicada a los derechos de las personas con discapacidad estaba esperando que la pandemia fuera una llamada de atención para salir de la institucionalización y pasar a modelos de atención más comunitarios. Sin embargo, algunos países han decidido invertir más en instituciones: mejor aislamiento, mejor equipamiento médico, etc. sin plantearse la desinstitucionalización.

Se reivindicaron estrategias inclusivas respecto a los efectos a largo plazo de la pandemia en las personas con discapacidad en ámbitos como la educación o el empleo. Los planes de emergencia también deben ser inclusivos. La pandemia debe suponer la ocasión para hacer una revisión sistemática de la situación de las personas con discapacidad y de los servicios que se les prestan, siempre con su participación y la de sus instituciones representativas.

Documentación

• Estudios de impacto de la COVID-19 sobre personas con discapacidad de la Comisión Europea en cada uno de los Estados miembros (incluida España)
• Resultados de las consultas regionales del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas
• Aprendizajes de la COVID-19 para los organismos encargados de velar por la igualdad y la no discriminación