El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha alertado sobre varias situaciones que están provocando un retroceso de derechos para la ciudadanía, y que se han “cronificado”. “Es inadmisible que los asumamos como algo cotidiano y normal”, ha lamentado Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz ha comparecido hoy en el pleno del Parlamento andaluz para presentar el Informe anual de la Institución de 2022, en el que ha ofrecido un balance de más de 25.000 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía -12.400 quejas y otras 12.700 consultas con respuesta, a lo que se incluye más de 600 acciones de promoción de derechos- para las más de 30.000 personas que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario.

El Defensor del Pueblo andaluz ha relatado estas situaciones “inaceptables” que están afectando a numerosos colectivos, y ha puesto de ejemplo las atenciones que necesitan personas mayores, personas con discapacidad, dependientes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, familias, mujeres solas con hijos… “en cuestiones tan variadas como ingresos de subsistencia, acceso a una vivienda digna; suministros básicos... que están sufriendo asfixiantes demoras en su tramitación”.

En su enumeración, Jesús Maeztu ha señalado las dilaciones en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, que siguen superando los dos años y que algunas llegan a los tres años. "Está dejando de sorprendernos que la resolución de los expedientes lleguen cuando las personas mayores han fallecido, incrementando de esta manera no solo el dolor de sus familiares, sino la desconfianza en las administraciones”, ha expuesto Jesús Maeztu, quien también ha considerado “inconcebibles” las dilaciones en el reconocimiento de la discapacidad.

Jesús Maeztu ha subrayado su preocupación por los retrocesos en la percepción de la violencia de género. “¿Qué está pasando? ¿Qué medidas son necesarias para atajar este problema de la violencia machista que está corrompiendo a la sociedad, y del cual nos encontramos cada vez más réplicas cometidas por personas jóvenes y adolescentes? ¿No existen medidas suficientes o adecuadas?”, ha señalado el Defensor, para destacar la necesidad de replantear las actuaciones de prevención y protección a las mujeres.

Este comisionado, Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, se ha preguntado por las aspiraciones para una juventud que carece de empleo estable y el acceso a una vivienda a un precio asequible, y ha interpelado a los miembros del Parlamento por “si nos tomamos en serio el derecho a una vivienda digna y adecuada”. Maeztu también ha llamado la atención sobre el impacto de los cortes de luz en los barrios vulnerables, “donde es evidente que la pobreza y la desigualdad son persistentes, agudizadas además por la subida de los precios”.

En esta línea sobre actuaciones que afectan a personas, asuntos que ocupan más de la mitad de las intervenciones del Defensor, Jesús Maeztu ha señalado el deterioro de la sanidad pública como otro de los asuntos que más ha preocupado a los andaluces, con especial atención a la atención primaria y los problemas de salud mental. El Defensor también se ha ocupado del derecho a la educación; de la erradicación de los asentamientos de personas migrantes en Huelva y Almería, y de los riesgos de la transición digital, para lo que ha reclamado una regulación de la cita previa que acabe con los retrasos en la atención ciudadana, al tiempo que ha reclamado atención presencial complementaria a la telemática.

Rafael Yanes avanzó a Astrid Pérez la realización de un informe extraordinario sobre la situación social de la vivienda en Canarias

El Diputado del Común, Rafael Yanes, realizó este martes 25 de julio una visita institucional a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, en la que comunicó que “está bastante avanzado un informe extraordinario sobre la situación social de la vivienda en Canarias”, y que los estudios sobre dependencia y centros residenciales de mayores realizados por la Diputación del Común en la X legislatura “tendrán que repetirse en un plazo de tres o cuatro años para comprobar si las deficiencias detectadas se han corregido o no”.

Rafael Yanes avanzó que existe la previsión de que “en los próximos meses” pueda realizarse otro informe extraordinario sobre discapacidad, “un servicio con muchas deficiencias en Canarias”.

Astrid Pérez agradeció al Diputado del Común su trabajo en los últimos cinco años y valoró “el esfuerzo realizado para mejorar la comunicación, la divulgación de la actividad diaria y el acercamiento a la sociedad de este órgano dependiente del Parlamento de Canarias”.

Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-07/cp230129fr.pdf

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COMMUNIQUE DE PRESSE n° 129/23

Luxembourg, le 24 juillet 2023

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-107/23 PPU | Lin 1 Lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l’Union européenne : les règles nationales de prescription pénale doivent permettre une prévention et une répression effectives

Le juge national est tenu, en principe, d’écarter les règles ou la jurisprudence nationales qui créent un risque systémique d’impunité pour de telles infractions

Plusieurs ressortissants roumains condamnés à des peines d’emprisonnement pour fraude fiscale, notamment à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ont saisi la cour d’appel de Brașov (Roumanie) afin de contester leur condamnation définitive, en invoquant la prescription de leur responsabilité pénale. 

(...)

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presidido este jueves una nueva reunión de la Comisión Asesora encargada de elaborar un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, tal y como señala la encomienda aprobada en su día por el Congreso de los Diputados.

El objetivo de esta Comisión, que inició su trabajo hace un año, es “determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder”.

La Comisión está formada por personas externas a la institución con experiencia en atención a víctimas, con conocimientos en el ámbito jurídico, en el de los derechos humanos, en victimología y en la docencia, entre otros. Además, también forman parte de la misma la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta segunda, Patricia Bárcena.

Para llevar a cabo el trabajo encomendado por el Congreso de los Diputados, la institución Defensor del Pueblo también creó una Unidad de Atención a las Víctimas y un Foro de Asociaciones.

La Unidad de Atención a las Víctimas está compuesta por profesionales cuya labor es atender y escuchar a las víctimas que han decidido compartir su testimonio con la institución Defensor del Pueblo. Por otra parte, el Foro de Asociaciones es un espacio en el que representantes de asociaciones de víctimas aportan su experiencia y posiciones en diferentes sesiones de trabajo.

Las víctimas que deseen ofrecer su testimonio pueden dirigirse al Defensor del Pueblo, a través de la web www.defensordelpueblo.es. Además, pueden solicitar entrevista presencial en el teléfono 900 111 025 (gratuito), por correo electrónico (atencionvictimas@defensordelpueblo.es) o por correo postal (Defensor del Pueblo. Calle Zurbano, 42. 28010). 

PRESS RELEASE NO. 2/2023 - DATE Wednesday | 26 July 2023

European Ombudsman Emily O’Reilly has opened an own-initiative inquiry aimed at clarifying Frontex’s role in search and rescue operations in the Mediterranean sea following the drowning of hundreds of people off the coast of Greece on 14 June. 

Ms O’Reilly has asked to inspect a wide range of documents concerning Frontex’s responsibilities to rescue those in distress at seas, including the formal report (Serious Incident Report) about how events unfolded with the Adriana boat as well as reports of the other recent incidents involving considerable loss of life in the Mediterranean.

She has also asked for details about how information about search and rescue operations is shared between Frontex and national authorities and whether Frontex has a say on how these operations are designed or implemented.

Other questions concern whether there are specific rules for the use of cameras mounted on boats during joint operations and whether Frontex reports on fundamental rights violations with regard to the interactions of Member State authorities with NGO vessels that rescue people at sea.

The Ombudsman is coordinating her inquiry with Greek Ombudsman Andreas Pottakis who has the power to look into how the Greek authorities dealt with the Adriana boat.

“While the Greek authorities' role is being investigated at the national level, Frontex’s role in search and rescue operation also needs to be clarified. It has been reported that in this instance Frontex alerted the Greek authorities to the ship’s presence and offered assistance but it is not clear what else it could or should have done,” said Ms O’Reilly.

“A tragedy of this magnitude requires all those involved to reflect on their responsibilities and to be clear to the public who is accountable for these deaths. My Office will focus on the role of Frontex as we try to piece together the events that led to the capsizing of the boat and the deaths of at least 500 people.”

“Migration to Europe will continue and it is up to the EU to ensure that it acts in a way that maintains fundamental rights and does not lose sight of the human suffering that compels people to seek a better life beyond their home countries,” said the Ombudsman.

Further planned inquiries

In autumn, the Ombudsman will further look into the role of EU institutions in upholding fundamental rights in border management activities.

Ms O’Reilly is planning an own-initiative inquiry into how the Commission monitors respect for fundamental rights in the context of border management operations supported by EU funds. It follows an inquiry, closed in 2022, concerning EU funds for border management in Croatia in which Ms O’Reilly asked the Commission to require the national authorities to provide information on steps taken to investigate reports of mistreatment of migrants and asylum seekers. The European Ombudsman will request input from the Greek Ombudsman for the new inquiry.

The Ombudsman also plans to ask for more information regarding the recent EU deal with Tunisia on border management, including how the human rights impact of certain activities covered by the agreement will be assessed.