La discriminación es una realidad. Tanto la UE como los organismos internacionales, las estatales y diversas investigaciones realizadas en Euskadi confirman su existencia. Se trata de una patología social que dificulta o impide la integración entre diferentes, la inclusión de las personas marginadas y genera exclusión social, laboral y económica de personas por motivos que nada tienen que ver con su conducta o mérito. Con este estudio, el Ararteko ha asumido el reto de poner en la agenda pública la necesidad de promover y avanzar en las políticas vascas de lucha en favor de la igualdad y contra la discriminación y el racismo.

El Ararteko considera que existe un margen de actuación para reaccionar efectivamente, como una sociedad democrática avanzada, contra el desprecio, el abuso, la ignorancia y el desdén que sufren determinadas personas en razón de su origen, etnia, problemas de salud mental, discapacidad, opinión, orientación sexual e identidad de género, religión, condición social, entre otras razones. Las desigualdades de partida que padecen estos colectivos condicionan el libre desarrollo de la personalidad de quienes los integran y el disfrute de los derechos de los que son titulares. 

Este estudio analiza el marco jurídico existente y reúne propuestas para hacer frente a la discriminación, deteniéndose en la virtualidad de los organismos de igualdad, la necesidad de medidas de prevención, protección y reparación, o la importancia de la recopilación de datos, entre otras actuaciones necesarias para cumplir las obligaciones derivadas del reconocimiento del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación. 

Incorpora los problemas más acuciantes detectados en los informes de los organismos internacionales de supervisión en materia de derechos humanos, y se hace eco de las recomendaciones que estos organismos han emitido. 

Entre los problemas detectados se encuentran: la falta de una institución independiente y adecuadamente dotada en materia antidiscriminatoria, deficiencias en el diseño y funcionamiento de los órganos consultivos representativos de minorías, presencia de discriminación, prejuicios y estereotipos en redes sociales y deficiencias en la lucha contra el discurso de odio o en la recogida y análisis de datos sobre igualdad y discriminación así como en las estrategias y planes de lucha contra la discriminación. 

Habría que mencionar, igualmente, la falta de estudio de los impactos desfavorables de las políticas públicas sobre grupos minoritarios, el uso de perfiles étnicos en las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la segregación escolar y deficiencias en la persecución de incidentes racistas. El estudio también subrayaba, en sus iniciales versiones, la falta de una legislación antidiscriminatoria de carácter global, problema éste que ha sido reconducido tras la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Para poder ofrecer una foto lo más exacta posible de las actuaciones realizadas por las administraciones públicas vascas en este ámbito, el Ararteko recabó de éstas información, que ha quedado sistematizada en un capítulo específico.

De las respuestas recibidas, es posible extraer la constatación de la existencia de una diversidad de enfoques organizativos y estructurales, la necesidad de formación para el personal político y técnico en la perspectiva intercultural, así como la invitación a una incorporación creciente de una visión más específica de la discriminación y de los derechos humanos en la planificación administrativa. La puesta en marcha de la nueva Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha supuesto ya un impulso al desarrollo de esta necesaria perspectiva. Existe, por tanto, una situación favorable de base para poder avanzar en políticas de igualdad de trato y no discriminación en la CAE. 

Como colofón del Estudio, el Ararteko enumera una serie de recomendaciones, entre las que podemos citar:

Avanzar en la elaboración de una ley de igualdad de trato y no discriminación en la CAE

Se están dando pasos importantes a lo largo del año 2023 para su elaboración. Resulta altamente relevante poder contar en Euskadi con un marco normativo propio para garantizar mejor el derecho a la igualdad de trato, el respeto a la dignidad de cada ser humano y la protección ante cualquier discriminación. La aprobación de esta Ley tendrá una importante proyección en la normativa sectorial vasca y en la orientación adecuada de la actuación de las administraciones públicas. Por ende, en la vida de todas las personas que residen en la CAE. 

Creación de un organismo de igualdad

La existencia de un organismo de igualdad reviste un papel fundamental a la hora de asegurar la protección de las víctimas de discriminación. Permitirá, además, llevar a cabo intervenciones de carácter más colectivo para avanzar en el impulso de políticas públicas y propuestas preventivas, promoviendo así cambios a escala de las personas, las instituciones y la sociedad en su conjunto.

Para que un organismo de igualdad pueda ser efectivo, accesible y transformador es imprescindible que su diseño tenga en cuenta la exigencia de respetar ciertos parámetros ineludibles: su independencia, la disposición de recursos humanos, técnicos y económicos suficientes, la atribución de funciones de prevención, protección y reparación, así como de poderes de resolución alternativa y complementaria de conflictos. Y, por supuesto, que tenga capacidad de influencia en las políticas públicas.

Prioridad del enfoque restaurativo 

El enfoque restaurativo representa una opción válida para poder articular medidas de prevención, protección y reparación frente a actuaciones y conductas discriminatorias de manera complementaria a la reclamación administrativa o a la denuncia ante órganos judiciales. Las medidas de justicia restaurativa pretenden generar espacios comunitarios en los que las personas que han sufrido o sufren victimizaciones puedan ser acompañadas, escuchadas y reparadas en su dignidad. 

Necesidad de recoger y analizar datos para cumplir las obligaciones en materia de no discriminación 

La elaboración de estudios para el diseño de políticas públicas y la recopilación de datos sobre igualdad desagregados para la detección de patrones son fundamentales para visibilizar la discriminación y su cifra oculta, proporcionar pruebas en procedimientos administrativos y judiciales o supervisar tendencias. Además, es de interés la elaboración de estudios rigurosos sobre el disfrute efectivo de los derechos o del impacto de las crisis en grupos vulnerables discriminados. La recopilación de datos, en todo caso, hace necesario disponer  de un marco normativo adecuado.

Necesidad de adoptar medidas para hacer frente al discurso de odio

La información y discurso sobre cuestiones problemáticas, parciales y estigmatizantes focalizadas en determinadas actuaciones abusivas o delictivas que se atribuyen a miembros de colectivos vulnerables y difundida en la opinión pública y en las redes sociales, sobre todo, si afecta al debate público, legitima opiniones que actúan como catalizadoras de conductas discriminatorias y de una discriminación sistémica. Los medios de comunicación tienen un papel importante para evitarlo.

Se hace necesario tomar en consideración las diferentes propuestas existentes para hacer frente al discurso de odio, principalmente, las que están menos desarrolladas por no tener incidencia penal, así como desarrollar un instrumento, protocolo o estrategia adaptado a la situación y contexto de Euskadi. 

Otras recomendaciones que destacar:

•    Mejora de la coordinación multinivel con la Administración General del Estado y entre las diferentes administraciones públicas vascas
•    Elaboración de instrumentos de planificación y de estrategias que contemplen la lucha contra la discriminación como objeto principal y que prevean indicadores de seguimiento y su evaluación.
•    Impulso a la participación de las organizaciones sociales y de los colectivos objeto de discriminación en los órganos consultivos. 
•    Necesidad de información, asesoramiento y acompañamiento de las víctimas reales o potenciales de actuaciones discriminatorias o racistas
•    Establecer medidas de prevención, protección y reparación frente a actuaciones y conductas discriminatorias de manera complementaria a la reclamación administrativa o a la denuncia ante órganos judiciales.
•    Articular garantías en los mecanismos de toma de decisión automatizados
•    Reforzar y extender los programas de formación en materia de derechos humanos y no discriminación 
•    Sensibilizar a la ciudadanía vasca sobre los perjuicios de la reproducción de imaginarios discriminatorios. 

ESTUDIO

RESUMEN EJECUTIVO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Bilbao, 28 de junio de 2023

La institución Defensor del Pueblo hace un llamamiento al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social solicitando que estrechen los controles para proteger a las personas expuestas a condiciones ambientales extremas en el ejercicio de su actividad laboral.

En los últimos días se han registrado dos fallecimientos de trabajadores del campo, presuntamente, por golpes de calor. El primero se produjo el fin de semana en Aznalcóllar (Sevilla) y el segundo, ayer mismo en Cinco Casas (Ciudad Real).

El Defensor del Pueblo ya inició el pasado verano una actuación interesándose por las inspecciones que ese organismo público realiza para tratar de prevenir los graves episodios provocados por temperaturas extremas en trabajos a la intemperie. La actuación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social solicitaba información sobre las inspecciones que se realizan para minimizar los riesgos en aquellos sectores laborales que, expuestos a condiciones ambientales extremas, pongan en peligro la seguridad y la salud de las personas en el ejercicio de su actividad profesional.

El escrito que la institución ha remitido a la Inspección de Trabajo apunta que “dadas las altas temperaturas que actualmente se registran en la mayor parte de España, y la constatación de que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso de nivel naranja por calor en varias provincias, se ha considerado oportuno dirigirnos nuevamente a este Organismo Estatal para poner de manifiesto la importancia del cumplimiento de la normativa para salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores ante episodios de temperaturas extremas”.

Añade el escrito, además, que “resulta imprescindible intensificar las actuaciones comprobatorias e inspectoras” y “que se estima necesario dar traslado de esta preocupación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con la finalidad de conocer las actuaciones que se han planificado y se están desplegando para comprobar el debido cumplimiento de las medidas obligatorias de adaptación de las condiciones de trabajo en las zonas en los se han activado avisos de nivel naranja o rojo por calor”.

Au regard de l’issue tragique de cette intervention de police : le décès d’une personne, de l’âge de la personne décédée, mineure, du déroulement de cette intervention, au cours de laquelle une arme à feu a été utilisée, la Défenseure des droits a décidé mardi 27 juin de se saisir d’office des circonstances dans lesquelles un garçon de 17 ans a été tué à Nanterre, le mardi 27 juin 2023, en application de l’article 5 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, afin de les examiner au regard du respect des règles de déontologie de la sécurité et des droits de l’enfant.

Nachdem zum 1. Januar durch tiefgreifende Reformen „Hartz IV“ das Bürgergeld geworden ist, erwarten Bezieher*innen dieser Leistungen einige weitere Änderungen. Auch in anderen Bereichen wird es zu Neuerungen kommen. Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein, Samiah El Samadoni, gibt einen Überblick über kommende Änderungen im Sozialrecht.

Grundsicherung für Arbeitsuchende (Bürgergeld statt „Hartz IV“): Bürgergeld: Ab dem 1. Juli werden die Freibeträge für Erwerbstätige verbessert, indem eine weitere Stufe von 30 % bei einem Einkommen zwischen 520 € und 1.000 € eingeführt wird. Zudem dürfen junge Menschen unter 25 Jahren das Einkommen aus Schüler- und Studentenjobs und aus einer förderungsfähigen Ausbildung genauso wie Bundesfreiwilligen- und FSJ - Dienstleistende bis zur Minijob-Grenze (derzeit 520 €) behalten. Einkommen aus Schülerjobs in den Ferien bleibt gänzlich unberücksichtigt. Ehrenamtliche können jährlich bis zu 3.000 € der jährlichen Aufwandsentschädigung behalten. Darüber hinaus wird Mutterschaftsgeld nicht mehr als Einkommen angerechnet.

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Zeit: Montag, 3. Juli 2023 , 12.00 Uhr
Ort: Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101