On September 13, 2024, Deputy Commissioner for Human Rights Wojciech Brzozowski spoke with representatives of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) at the CHR Office. The main topic of conversation was a draft law separating the positions of the Minister of Justice and the Prosecutor General. The delegation was led by the Vice Presidents of the Venice Commission, Marta Cartabia and Martin Kuijer.

The delegation came to Poland at the invitation of the Ministry of Justice. The purpose of the visit is to analyze the draft amendments to the Law on the Public Prosecutor's Office, which envisages, among other things, the separation of the positions of Minister of Justice and Prosecutor General. Members of the Commission have been meeting with both representatives of entities involved in the legislative process and those whose activities will be affected by the proposed changes. The visit will result in an opinion of the Venice Commission regarding the proposed changes to the law. Commissioner Brzozowski presented to the Venice Commission delegation key conclusions of the Commissioner's opinion on proposals to amend the Law on Public Prosecutions and answered questions of the delegation.
 

Links:

• https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zrpo-wizyta-komisja-wenecka-projekt-prawo-o-prokuraturze

La institución cuestiona el que las respuestas a las hojas de quejas presentadas no sean susceptibles de recurso o reclamaciones, ni ante la Administración ni órgano judicial

Luna quiere saber si Sanidad ha adaptado su normativa para establecer tiempos máximo de acceso a la atención sanitaria programable

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El Síndic ha abierto una queja de oficio con el fin de investigar y supervisar el funcionamiento del Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP), que es la unidad funcional dependiente de la Conselleria de Sanidad responsable de atender, informar y asesorar a la ciudadanía del sistema sanitario público.

El propósito de la investigación es conocer si la Conselleria de Sanidad ha adaptado su normativa para establecer tiempos máximos de acceso a la atención sanitaria programable; si se informa a las personas que presentan quejas sobre los tiempos de espera y alternativas; los criterios del personal del SAIP para diferenciar entre quejas y reclamaciones; y las acciones para informar a los ciudadanos sobre qué opciones tienen en caso de discrepancia con Sanidad.

En el ámbito sanitario valenciano, la Orden 6/2018 regula cómo presentar y tramitar sugerencias, quejas y agradecimientos en las instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad. Las respuestas del SAIP que derivan en procedimiento de queja no son, según la normativa citada, susceptibles de recurso o reclamación ni ante esta u otra administración o un órgano judicial.

Del examen de algunas quejas recibidas en esta institución se desprende que cuando alguien presenta una queja a la Conselleria de Sanidad (a través del formulario “hoja de queja”) para obtener asistencia sanitaria, no se le informa del tiempo máximo de espera, no se le ofrecen alternativas (como ser derivado a otro hospital) y no se le indican los recursos disponibles si no está de acuerdo con la decisión o el tiempo de espera.

El Síndic considera que usar el término “queja” en lugar de “reclamación” puede llevar a quejas que realmente son reclamaciones, privando a las personas de derechos básicos como recurrir decisiones o ser informados sobre los plazos máximos de los procedimientos.

Asimismo, esta institución entiende que es importante usar correctamente el procedimiento de queja, limitándolo a casos que realmente son quejas y no reclamaciones. Además, estimamos que las personas que presentan una queja deben ser informadas de las alternativas disponibles para expresar su disconformidad, como acudir a la Inspección General de Servicios de la Generalitat.

Por todo ello, esta institución ha solicitado un informe a la Conselleria de Sanidad que clarifique las siguientes cuestiones:

1. Informe si la Comunidad Valenciana ha adaptado su normativa para establecer tiempos máximos de espera en la atención sanitaria programable.
2. Indique si, al presentar una queja sobre asistencia sanitaria, se informa a la persona del tiempo máximo de espera, de las alternativas disponibles y de los recursos en caso de desacuerdo.
3. Informe de los criterios que usa el personal para diferenciar entre una queja y una reclamación.
4. Indique las acciones que se toman para informar a los ciudadanos de sus opciones en caso de discrepancia, incluyendo la posibilidad de acudir a la Inspección General de Servicios de la Generalitat.

Consulta la resolución del Síndic de inicio de investigación de esta queja de oficio.

El Consejo Asesor Joven (CAJ) está formado por una quincena de alumnos de institutos de todo el país y se renueva parcialmente cada año
 

Este órgano se reúne mensualmente y trata temas no solo de interés para el colectivo, sino también de interés para la ciudadanía
 

El CAJ es un órgano de participación, consulta y asesoramiento del Síndic de Greuges de Cataluña. Se reúne una vez al mes en nuestra sede y trata temas que afectan directamente a niños y jóvenes, pero también temas de interés para la sociedad. Ahora está en proceso de renovación, y es por eso que buscamos a diez jóvenes que quieran formar parte de este órgano durante el curso 2024/2025. Para apuntarse, los jóvenes deben dirigirse a la persona de referencia de su instituto para que nos haga llegar la petición. La fecha límite para enviarla es el 4 de octubre.

Las conclusiones y recomendaciones del CAJ se incorporan en el informe anual que presentamos al Parlamento de Cataluña. Además, este año está previsto que los miembros del CAJ las expliquen directamente a los diputados y las diputadas aprovechando una visita al Parlamento.

En el marco internacional, los jóvenes que forman parte del CAJ también son miembros de ENYA, la Red Europea de Jóvenes Asesores. Este es un proyecto impulsado por la Red Europea de Defensores de la Infancia (ENOC) que permite elevar las recomendaciones de los jóvenes asesores a la Comisión Europea.

El año 1997 se creó la figura del adjunto o adjunta de Infancia con la voluntad de incorporar la perspectiva de los niños y jóvenes en todos los ámbitos de la institución. Por un lado, trabajamos las quejas que nos hacen llegar los menores de edad, o sus representantes, sobre temas relacionados con infancia y educación. Y, por el otro, de una forma más proactiva, difundimos la cultura de los derechos de los niños y jóvenes con el objetivo de empoderarlos, especialmente en relación con el derecho a participar y ser escuchados.

Más información en este vídeo. 

Mercredi 18 septembre 2024, Claire Hédon était en déplacement à Tours pour une rencontre avec les acteurs de la Justice du territoire.

À l’occasion de ce déplacement, Claire Hédon a pu s’entretenir avec Monsieur Patrice Latron, préfet d’Indre-et-Loire, et profiter d’un temps d’échange sur les particularités du territoire avec les délégués du Défenseur des droits rassemblées autour de Slimane Laoufi, chef du pôle régional Normandie Centre Val de Loire.

Dans cette région qui compte près de 2.5 millions d’habitants, 23 délégués interviennent dans 37 lieux de permanence. Près de 4000 réclamations ont été instruites l’an dernier, principalement autour des sujets de la protection sociale, du droit des étrangers, des services publics locaux, du fonctionnement du service public de la justice ou du droit routier.

Une série de rencontres avec les acteurs de la Justice d’aujourd’hui…

La Défenseure des droits s’est entretenue au Conseil de l’Ordre avec Madame Séverine Payot, Bâtonnière de Tours, avocate spécialisée en droit de la famille et des personnes. Les échanges ont porté sur la vulnérabilité des enfants et la nécessaire protection dont ils doivent bénéficier. Une attention particulière a été accordée aux les relations du Barreau de Tours avec l’Institution du Défenseur des droits, notamment la complémentarité dans les dossiers de discriminations.

Plus tard dans la journée, une rencontre était organisée à la Maison de justice et du droit de Tours avec les cheffes de juridictions et les délégués du Défenseur des droits, principalement autour des thèmes de l’accès au droit, de l’accès aux services publics, des relations avec le parquet. De même, il a été souligné la parfaite collaboration avec les délégués et le pôle régional à l’occasion de différents évènements locaux (Nuit du droit, Journée nationale d’accès au droit etc…). En fin de rencontre, un temps convivial était organisé autour de la visite d’une exposition d’œuvres d’enfants sur les discriminations.

Et de demain…

En fin de journée, Claire Hédon était invitée à intervenir devant les élèves de la nouvelle promotion de l’Institut d’études judiciaires de Tours qui se préparent notamment aux concours de la magistrature, de l’administration des greffes ou de la profession d’avocat. Un moment d’échange riche avec ces futurs professionnels du droit et de la justice.

Cette visite à Tours s’ajoute à une longue liste de déplacement de la Défenseure des droits à Lille, Rouen et Louviers, Rennes, Poitiers et en Outre-mer.
Au même titre que l’opération « Place aux Droits ! » organisée à Mayotte, Strasbourg et Trappes ces dernières années, avant de se tenir à Marseille en octobre 2024, ces rencontres permettent de mesurer l'effectivité des droits dans les différentes régions de France et de mieux connaître les difficultés rencontrées par les acteurs du droit et de la justice.
 

Commissioner O’Flaherty visited Poland from 16 to 18 September 2024 for a mission focusing on the situation on the Polish-Belarusian border and the human rights of refugees, asylum seekers and migrants. The Commissioner’s mission was prompted by longstanding  reports about incidents on the Polish-Belarusian border and followed up on two letters sent in July to the Prime Minister and the Marshal of the Senate of Poland on that topic.

The Commissioner commends Poland for welcoming and assisting millions of people fleeing Russia’s war of aggression in Ukraine. He also acknowledges the challenges posed by the instrumentalisation of migration and destabilising actions of the Belarusian authorities on the Polish-Belarusian border. However, he considers that Poland’s current summary return practice at the Polish-Belarusian border, facilitated by legislative changes adopted in Poland in 2021, does not allow for full respect of international human rights standards. The practice of summary returns of persons across the border to Belarus, without an individual assessment, including in some cases persons who have formally requested asylum on Polish territory, exposes them to the risk of serious violations of the rights protected by the European Convention on Human Rights.

Under the Convention, states are prohibited from exposing anyone to a real risk to life or to torture or inhuman or degrading treatment or punishment, even when faced with significant challenges related to migration. Returns without any individual examination may also violate the prohibition of collective expulsions. The Commissioner calls on the Polish authorities to put a stop to all summary returns to Belarus and to ensure that every person who wishes to claim international protection on Polish territory is effectively able to do so and receives a careful individual assessment of their case. In addition, the Commissioner recalls that due attention must be paid to the most vulnerable groups among asylum seekers and migrants.

The Commissioner has received credible allegations of isolated acts of misconduct by some members of the Polish Border Guard against asylum seekers and migrants. The Commissioner welcomes the commitment of the leadership of the Border Guard to zero tolerance of such acts. He takes note of the establishment of a specialised prosecution unit tasked with dealing with such alleged acts and encourages the continuation of this work to ensure that any such alleged case of misconduct be investigated and sanctioned.

The Commissioner calls on the Polish authorities to invest more in creating structures for meaningful dialogue with expert civil society organisations active in providing people with legal and humanitarian assistance on the Polish-Belarusian border. To this end, he encourages the re-establishment of a consultation platform between the civil society organisations and the Border Guard, noting that such a structure was in operation prior to 2015. The Commissioner has learned about cases of criminalisation of persons involved in providing legal and humanitarian assistance on the border. He calls for any charges made in connection with such legitimate activity aimed at defending human rights to be dropped.

The Commissioner welcomes the efforts of the Polish authorities to carry out search and rescue operations at the border, the initiative to embed specialised human rights coordinators in all Polish Border Guard units and at the central level, and the human rights training for members of the Border Guard. He encourages the continuation and development of these initiatives. However, he observes that only a handful of human rights and humanitarian actors among Poland’s civil society organisations have so far been allowed access to the buffer zone, which was established on the Polish-Belarusian border in June and was recently extended for another 90 days. He recalls that humanitarian access is essential to protect the human rights of people stranded in the border areas and to prevent inhuman or degrading treatment or even threats to their right to life. Legal assistance is an essential safeguard to uphold the prohibition of refoulement, to prevent collective expulsions and to ensure access to effective remedies. Noting the autonomous authority of local Border Guard commanders to grant or deny access permits to the zone, the Commissioner calls for the establishment of clear and standardised criteria for the granting of such entry permits.

The Commissioner recommends that consideration be given to the establishment of an independent human rights monitoring mechanism to monitor respect for human rights along the border on a permanent basis*.

Noting the prominent role Poland plays in shaping European migration policies, the Commissioner encourages the Polish authorities to show leadership by developing a robust migration management system in which legitimate security concerns are accompanied by solid legal and policy safeguards to protect the dignity and human rights of refugees, asylum seekers and migrants in full respect of international law, including the 1951 Refugee Convention and the European Convention on Human Rights. The Commissioner, while noting the encouraging changes in official commentary on migration matters, calls on the government to tackle those narratives in Polish society that are based on disinformation, and calls for this issue to be addressed by the forthcoming migration strategy.

With regard to the recently adopted legislation which exempts from criminal liability certain categories of state agents deployed in border areas who, under certain conditions and in situations of urgency, use direct force or firearms in violation of the applicable rules, or who authorise such use by others, the Commissioner considers it to be at variance with international law and Council of Europe standards, especially the requirements of Articles 2 (right to life) and 3 (prohibition of torture and ill-treatment) of the European Convention on Human Rights. He regrets its entry into force and recommends its repeal.

During the visit, the Commissioner met with the Minister of Foreign Affairs, Radosław Sikorski; the Undersecretary of State in the Ministry of Interior and Administration, Maciej Duszczyk; and the Commander-in-Chief of the Border Guard, General Robert Bagan, and appreciates the openness of the discussions. The Commissioner visited border crossings at Terespol and Połowce and parts of Poland’s border with Belarus located in the buffer zone. He also met with representatives of civil society and international organisations. On the occasion of the visit, the Commissioner also attended the ceremony of the Lech Wałęsa Solidarity Prize awarded to Belarusian opposition figure Pavel Latushka.

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* Cf. Commissioner for Human Rights, Pushed beyond the limits: four areas for urgent action to end human rights violations at Europe’s borders, Recommendation, April 2022, chapter 3; European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 30th General Report of the CPT (2020), May 2021, p. 15-16; EU Fundamental Rights Agency, Monitoring fundamental rights during screening and the asylum border procedure – A guide on national independent mechanisms, September 2024.