Equality, non-discrimination and racism Hate crime Racial and ethnic origin

FRA provided evidence-based input to support the development of the EU’s Anti-Racism Strategy 2026–2030. The contribution draws on the Agency’s survey data, research findings, and expert opinions.

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The submission addresses key areas outlined in the European Commission’s Call for Evidence. These included racism and racial inequalities in various areas of life, including racial discrimination, racist harassment, structural inequality, racism and discrimination through an intersectional lens. 

It also covered rights awareness, knowledge of equality bodies and (under)reporting of discrimination, hate crime, racial profiling and racism in policing, racist hatred online and bias in algorithms, and the pressures facing civil society organisations. 

In addition, it touches on equality data and fundamental rights-based approach in monitoring and evaluation. 

FRA’s contribution aims to support the strategy with solid evidence to help ensure effective and rights-based measures across the EU. 

Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-07/cp250088en.pdf

Languages available: de el en fr

Access to documents: the General Court annuls the decision of the Parliament refusing to grant its former Vice-President, Ms Eva Kaili, access to certain documents

Such access does not undermine the protection of court proceedings.

On 15 December 2022, on the basis of an investigation concerning the management of parliamentary allowances, the European Chief Prosecutor, Ms Laura Kövesi, requested that the President of the European Parliament, Ms Roberta Metsola, lift the parliamentary immunity of Ms Eva Kaili, the former Vice-President of the Parliament. Ms Metsola decided to announce the request in the plenary session of the Parliament and to refer that request to the Committee of Legal Affairs. Ms Kaili then applied to the General Court of the European Union for annulment of both the European Chief Prosecutor’s request and the decision of the President of the Parliament (‘the case brought before the General Court’). 1

Subsequently, Ms Kaili requested that the Parliament grant her access to documents relating to all cases concerning irregularities in the management, by Members of the European Parliament, of allowances relating to accredited parliamentary assistants. 2 The Parliament refused access to those documents on the ground that such access would undermine the protection of the court proceedings in the case brought before the General Court. Ms Kaili claims that the General Court should annul that decision of the Parliament.

The General Court annuls the decision of the Parliament. (...) Read more

FRA has published its contribution to the European Commission as part of the consultation for the next EU budget.

FRA’s input focused on ensuring values-based conditionality for all EU funding. This aims to ensure the EU’s Financial Regulation complies with the EU Charter of Fundamental Rights. 

It was part of the public consultation on the performance of the EU budget. 

Based on its long-standing work on the Charter as well as its 2023 report on EU Funds, FRA’s input also underlines the need to ensure independent monitoring of the respect for the EU’s values when using EU funds. 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna,  ha solicitado a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que reconozca la condición de parte interesada a la hija de una usuaria del servicio de teleasistencia, que ya ha fallecido, y que le facilite el acceso al informe de inspección relacionado con su caso.

La resolución parte de la queja presentada por esta ciudadana, quien denunció una posible negligencia en el servicio de teleasistencia y solicitó acceder al expediente de inspección abierto tras el fallecimiento de su madre. La Administración denegó dicho acceso alegando que las actuaciones eran previas y que la solicitante no tenía la condición de interesada.

Tras analizar el caso y los informes remitidos por la Conselleria, el defensor del pueblo valenciano concluye que se ha vulnerado el derecho de la promotora de la queja, quien sí debe ser considerada interesada por su relación directa con la afectada y por promover la actuación administrativa.

Además, el Síndic sostiene que el acceso al informe de inspección es legítimo, incluso si no se ha iniciado un procedimiento sancionador, ya que las actuaciones inspectoras habían concluido. Esta interpretación se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo y en resoluciones del Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana.

Por todo ello, el Síndic recomienda a la Conselleria que facilite el acceso al informe y a toda la documentación generada en esas actuaciones previas. La Administración dispone de un mes para responder, indicando si acepta la recomendación y qué medidas adoptará, o justificando su rechazo en caso contrario.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Ararteko recibió una queja relativa a los requisitos lingüísticos exigidos en la contratación de personal de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz. Señalaba que en las contrataciones de personal no se había exigido un nivel de euskera que permita el adecuado desarrollo de las funciones docentes, y que esa circunstancia impedía la oferta de talleres en esa lengua, a pesar de que una parte del alumnado es bilingüe y tendría interés en cursarlos en esa lengua. También recordaba que la Fundación de la que depende la Escuela se encuentra integrada por diversas administraciones públicas y recibe fondos públicos para su organización y funcionamiento.

El Ararteko solicitó información a la Fundación que respondió que, en la actualidad, la Escuela no cuenta con un plan lingüístico específico, pero que se ha previsto implantar diversas medidas para que el euskera conviva con normalidad en la Escuela.

El análisis que justifica la recomendación del Ararteko parte del hecho de que la Fundación no forma parte del sector público vasco, si bien recibe subvenciones tanto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como de la Diputación Foral de Álava.

La Escuela imparte enseñanza no reglada, diferente, por tanto, a las enseñanzas de régimen general y de régimen especial a las que, de entrada, se les aplican las prescripciones legales relativas al uso del euskera en la enseñanza. Esa circunstancia no permite concluir, sin embargo, que la Escuela no tenga obligación alguna con respecto al tratamiento del euskera, dado que la normativa educativa propugna una visión integradora de todos los ámbitos que tengan carácter educativo.

Además, como perceptora de subvenciones públicas, la Fundación está obligada a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y el uso del euskera en la difusión de la actuación subvencionada.

Y, por otra parte, la normativa recoge la obligación de los poderes públicos de fomentar el uso del euskera en todos los ámbitos de la vida social.

Por todo ello, el Ararteko entiende que resultaría contradictorio que una entidad como la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz, que desarrolla una reconocida y relevante labor en el ámbito cultural y cuya actividad se encuentra sostenida por fondos públicos, quedara al margen de las obligaciones que la normativa impone a los poderes públicos vascos con relación al tratamiento del euskera.

Por tanto, el Ararteko considera necesario que la Fundación apruebe un documento oficial que recoja el análisis de la situación actual, los objetivos a cumplir, las medidas que permitan alcanzar estos, las previsiones temporales de actuación, así como cualquier otra cuestión relevante en esta materia, de forma que todo ello pueda ser conocido, puesto en marcha dentro de una planificación estructurada, y posteriormente evaluado.

RESOLUCIÓN

Vitoria-Gasteiz, 8 de julio de 2025