La ineficacia de la Administración frena el progreso social de Cataluña
Date of article: 18/03/2025
Daily News of: 19/03/2025
Country: 
Spain
- Catalonia
Author: Regional Ombudsman of Catalonia
Article language: es
La Administración actual es lenta, complicada, excesivamente burocrática y obsoleta en algunos casos
El tiempo de espera para acceder a determinados servicios es demasiado largo y en ciertos casos se ha incrementado
La institución ha recibido más quejas que el año anterior, con un incremento en las áreas de infancia, servicios sociales, movilidad y transportes, y procedimiento administrativo
La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, acompañada por su adjunto general, Jordi Palou Loverdos, ha entregado hoy al presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, el Informe anual de la institución correspondiente al año 2024.
Este informe concluye que la eficacia de la Administración catalana debe mejorar, y es que la ineficacia genera desconfianza en las instituciones, afecta a la calidad de vida de las personas, amenaza la sostenibilidad del estado del bienestar, frena el ascensor social y obstaculiza el desarrollo económico. Para mejorar en eficacia, es imprescindible redimensionar los servicios para adaptarlos a la Cataluña de los ocho millones de habitantes, tal y como se reclamaba en el Informe anual de 2023, pero también hay que simplificar los trámites administrativos y el tiempo de reacción y respuesta ante las demandas de los ciudadanos.
En palabras de la síndica, “una Administración eficaz es aquella que es capaz de ejercer sus funciones respetando los derechos de las personas y la normativa aplicable, pero también la que resuelve los problemas de los ciudadanos, a los que presta un servicio de calidad, con diligencia, profesionalidad y a un coste razonable. Es necesario que la Administración sea más eficaz, empática y amable; que se centre en las personas y no en los trámites”. En este sentido, el informe anual de este año concreta algunas manifestaciones de esta ineficacia que es urgente revertir.
En primer lugar, estamos ante una Administración lenta, que tarda demasiado en dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Las listas de espera para acceder a algunos servicios y prestaciones se han incrementado en 2024. Por ejemplo, en salud, en octubre de 2024, hay un 9 % más de pacientes en lista de espera para intervenciones quirúrgicas, y un 18 % más para acceder a pruebas diagnósticas o a consultas externas. Si nos fijamos en las residencias para personas mayores y personas con discapacidad, las listas de espera para acceder a estos recursos también han aumentado (un 7 % y un 6,4 %, respectivamente): para acceder a las residencias de personas mayores hay que esperar 1,2 años y a los servicios residenciales para personas con discapacidad, seis años. En vivienda, el tiempo medio de adjudicación de una vivienda social es de casi un año y medio. Y en ayudas para la dependencia, pese a haber mejorado, el tiempo de espera es todavía de nueve meses. Por último, la dilación judicial, explicada por la saturación del servicio, también tiene claras afectaciones sobre las personas y su derecho a la tutela judicial efectiva, y provoca victimización secundaria.
En segundo lugar, la síndica denuncia que la Administración actual es complicada y excesivamente burocrática. Los trámites burocráticos que se exigen para conseguir un servicio están pensados para tener el máximo control e inhibir el incumplimiento. Sin embargo, esto a veces implica que los ciudadanos tengan que entregar la misma documentación en distintas administraciones porque la interoperabilidad reconocida en la normativa todavía no está plenamente garantizada en la práctica. Además, los formularios de uso obligatorio para tramitar determinadas solicitudes están pensados para facilitar la gestión interna de los procesos, pero pueden dificultar el ejercicio de los derechos de las personas.
En el mismo sentido, utilizar un lenguaje complejo –que no es lo suficientemente claro o adecuado– o no dar información suficiente también afecta a la eficacia de una política pública. La dificultad para comprender los trámites o documentos se traduce, por ejemplo, en incumplimientos tributarios que pueden terminar en sanciones económicas. Sin ir más lejos, la implementación de la tasa para la prestación del servicio de gestión de residuos ha generado numerosas quejas en 2024 en este sentido. La institución considera que proporcionar una información adecuada antes de implantar una medida puede ayudar a que tenga una mejor acogida y a que se confíe más en la Administración.
Por otra parte, la Administración no actúa con la máxima eficacia cuando segmenta su intervención por tratar situaciones de vulnerabilidad que a menudo son complejas y requieren ser tratadas desde varios frentes. Desde este punto de vista, resultaría imprescindible integrar la gestión de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) y del ingreso mínimo vital, y velar por su compatibilidad con otras ayudas, como las de la vivienda.
En tercer lugar, la Administración actual es obsoleta y utiliza recursos que a menudo no son los más adecuados para conseguir los objetivos que persigue. Un ejemplo de ello es el sistema de protección de la infancia, que todavía pone por delante la institucionalización de los niños y adolescentes. Es sabido que la acogida residencial es especialmente perjudicial para niños menores de seis años, pero, a septiembre de 2024, ha aumentado el número de niños menores de seis años en acogimiento residencial, con 136 menores de tres años y 293 menores de seis años.
El modelo de atención a las personas mayores tampoco responde a las necesidades actuales y no sigue la tendencia europea. Mientras que los datos señalan que la gente mayor prefiere vivir en casa o en una vivienda accesible en caso de dependencia, se ha apostado por aumentar las plazas residenciales (2,6 %), cuando lo que debería potenciarse es una atención domiciliaria integral, y disponer de una red de servicios de apoyo y ayuda coordinados e interconectados.
La Administración tampoco ha dado una respuesta eficaz al problema cronificado de Cercanías, que es el servicio de transporte público con peor valoración, claramente por detrás de otros servicios ferroviarios. Las graves incidencias sufridas en 2024 –por la infraestructura, los trenes o la información ofrecida– han frenado la tendencia creciente de pasajeros de años anteriores, a pesar de haberse mantenido las medidas de accesibilidad económica. Durante 2024, Cercanías de Cataluña registró 127,4 millones de viajeros, cifra muy similar a la de 2023, mientras que otros servicios ferroviarios (FGC o metro) han experimentado crecimientos superiores al 5 %.
En cuarto lugar, la síndica ha puesto sobre la mesa que la Administración a veces está ausente, en el sentido de que no se ha creado a lo largo de los años una política pública lo suficientemente sólida para responder a las necesidades de las personas, o no se llega a todas las personas que lo necesitan. Es el caso, por ejemplo, de la vivienda social: 39.942 viviendas sociales y 97.544 personas inscritas en el Registro de solicitantes de vivienda de protección oficial. También de la RGC o el ingreso mínimo vital: más de la mitad de la población en situación de pobreza material severa no recibe ninguna de estas ayudas. Del mismo modo, tampoco existe un modelo de acogida e inclusión para la inmigración: no se garantiza la equidad y la cohesión social, y la población de origen migrante tiene un acceso desigual a las oportunidades de bienestar social. Y la misma falta de planificación se ve en las políticas para hacer frente a los efectos del cambio climático: solo 206 municipios (39 %) disponen de un plan de emergencias por inundaciones, de los 521 que obligatoriamente deberían tenerlo.
En quinto y último lugar, el informe cita algunos ejemplos de casos en los que la Administración no ha gestionado correctamente los recursos públicos. Un caso importante son las reclamaciones de ingresos indebidos de la RGC y sus problemas derivados: más de 2.300 personas recibieron erróneamente ingresos y después se les reclamó que lo devolvieran. Esto supuso un sufrimiento sobrevenido para unas personas que vieron amenazada su ya precaria economía familiar, pero también un uso indebido de recursos públicos. En este sentido, el informe también destaca la infrafinanciación del sistema educativo, pese a que se ha incrementado un 70 % el presupuesto ejecutado desde 2014. La financiación es lineal, sin discriminar a los sistemas con elevada complejidad.
Cifras destacadas de la institución
Este año se han iniciado 22.825 actuaciones, entre quejas, consultas y actuaciones de oficio. El número de quejas y actuaciones de oficio ha aumentado y se sitúa en 11.214 y 221, respectivamente.
Evolución de las quejas, actuaciones de oficio y consultas
Un año más, las políticas sociales –servicios sociales, educación y salud– constituyen el principal ámbito de intervención del Síndic de Greuges: representan el 43 % del volumen total de quejas y actuaciones de oficio iniciadas. Esto señala la dificultad que tienen las administraciones públicas para dar respuesta de forma adecuada a las necesidades sociales de la población. Sin embargo, se consolida un incremento de las quejas relativas a políticas territoriales (del 15 % al 18 %), especialmente a consecuencia de las incidencias en los transportes públicos.
Quejas y actuaciones de oficio iniciadas por áreas
En servicios sociales, destacan las quejas por la demora en la tramitación de la RGC o por la devolución de ingresos indebidos, seguidas por la demora en el reconocimiento y revisión de grado de discapacidad (15 %) y por los servicios residenciales y centros de atención diurna para personas mayores (8 %). En educación, los principales motivos de queja están relacionados con la admisión, la programación de oferta y la segregación escolar (21,6 %); la educación inclusiva (15,3 %), y la tramitación de ayudas, acceso y preinscripción en educación universitaria (10,3 %). Y en salud, destacan las quejas por las listas de espera, que provocan un 20 % más de quejas y actuaciones de oficio.
El segundo ámbito con más intervenciones ha sido el de Administración pública y tributos, como en los últimos años. Ha habido, por ejemplo, una queja colectiva porque el Ayuntamiento de Barcelona ha revocado la licencia a varios clubes sociales de cannabis y una queja colectiva relacionada con la tasa para la prestación del servicio de gestión de residuos.
El tercer ámbito de intervención de la institución ha sido el de las políticas territoriales, sobre todo por las deficiencias del servicio de cercanías y regionales de Cataluña, un tema que afecta gravemente a la movilidad de la ciudadanía y que pone de manifiesto las carencias de transporte público.
En cuanto al cierre de las actuaciones, las cifras indican que se ha detectado irregularidad en el 45,3 % de las actuaciones, lo que supone un incremento del 10 % respecto al año anterior. La institución ha incrementado su nivel de exigencia para conseguir que los ciudadanos, al menos, obtengan una respuesta de la Administración.
Como novedad, también se ha puesto en marcha una web explicativa del informe con acceso a los datos abiertos de la institución.
