El defensor gallego apoya la mayor participación de la sociedad en el proceso de toma de decisiones que le afectan y prepara un estudio monográfico sobre la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Santiago de Compostela, 2 de octubre de 2014. El Valedor do Pobo trabaja en la elaboración de un informe extraordinario acerca de la ley de transparencia que, según su criterio, constituye un importante avance social y un canal fundamental para mejorar la participación de los ciudadanos y la calidad democrática en la comunidad.
El informe extraordinario, que verá la luz en las próximas semanas, resaltará la conveniencia de adaptar lo antes posible las normas de transparencia y bueno gobierno a nuestra comunidad, determinando los órganos competentes dentro de nuestro ámbito para hacer cumplir cada una de las exigencias de la normativa estatal. De este modo, su aplicación práctica se hará efectiva lo antes posible para que los ciudadanos tengan claro la quien dirigirse para reclamar el ejercicio de sus derechos.
El alto comisionado parlamentario, dentro de sus funciones, ya viene desarrollando desde hace tiempo la labor de control y garantía de los derechos de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Con la nueva ley se reforzará ese compromiso que, según a defensoría, se debe convertir en el eje fundamental de toda actividad pública.
El actual titular de la institución, José Julio Fernández, tiene claro que solo cuando la acción de los responsables públicos se someta la escrutinio, cuando los ciudadanos puedan conocer como se toman las decisiones que les afectan e incluso como se manejan los fondos públicos o bajo que criterios actúan nuestras instituciones, se podrá hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comiencen a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación.
Como punto de partida, la nueva norma incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública. Reconoce y garantiza, por otra parte, el acceso a la información y establece los deberes de buen gobierno que deben acatar los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumprimento.
Para ser más sólidas, las instituciones deben tomar cómo uno de sus pilares la creciente aspiración de la sociedad a un conocimiento cada vez más hondo de los proceso de toma de decisiones que les afectan así como su participación en la adopción de las mismas.
La elaboración del presente informe entronca con el trabajo ya desarrollado por la defensoría en los últimos años a favor del acceso ciudadano a la información en diferentes administraciones y con la participación, esta ya más reciente, en foros que ponen el foco en cuestiones sobre la transparencia en diferentes ámbitos como pueden ser lo de la sanidad o lo de la administración local, entre otros.
Spain
- Andalucía
