The newly appointed Ombudsperson of Equal Opportunities, Agneta Lobačevskytė, seeks to improve the activity of Equal Opportunities Ombudsperson's Office by gaining more experience from the Seimas Ombudsmen's Office, which was called exemplary in tackling human rights problems.

On 15 July 2015, the Ombudsperson of Equal Opportunities met with the Seimas Ombudsmen Augustinas Normantas and Raimondas Šukys at the Seimas Ombudsmen's Office and discussed cooperation opportunities in improving the activity of Equal Opportunities Ombudsperson's Office.

"Your institution is unique. The complaints are investigated thoroughly with clear and strong arguments, as well as sound reasoning, in written conclusions. We need to gain more experience from the Seimas Ombudsmen by devoting scrupulous attention to the quality of investigation of complaints and monitoring of the implementation of recommendations," she said.

The Ombudsperson of Equal Opportunities has voiced the hope for increased cooperation with the Seimas Ombudsmen in building awareness in society about human rights.

"The society should learn more about the activity of both institutions not only from the media but also from ourselves. Therefore, we want to organize more visits to different regions of Lithuania jointly with the Seimas Ombudsmen's Office," said the Ombudsperson of Equal Opportunities at the meeting.

The Seimas Ombudsmen A. Normantas and R. Šukys congratulated Ms. A. Lobačevskytė on her new appointment, wishing her every success in pursuing equal opportunities in Lithuania.

"We hope your intention to pursue the highest standards of public administration and the interinstitutional cooperation in paying attention to the quality of investigation of complaints will come true," expressed the head of the Seimas Ombudsmen's Office.

More than a half (54%) of Lithuanian residents would know where to find protection against human rights violations. As many as 42% would seek help from the Seimas Ombudsmen. Those are the findings of a representative survey of the population commissioned by the Seimas Ombudsmen’s Office carried out at the end of last year.

The survey has revealed that 42% of Lithuanian citizens would apply to the Seimas Ombudsmen for protection against human rights violations compared to 34.5% in 2013 and just 24.3% in 2012.

El Síndic ha solicitado al Departamento de Salud que dé cumplimiento a la Ley de garantías de las personas LGTBI y regule el derecho de las mujeres lesbianas a acceder a las técnicas de reproducción humana asistida (RHA) con cargo a la sanidad pública.

Rafael Ribó, quien tiene el mandato del Parlamento de supervisar la actuación de la administración con relación a la ley citada, investigó este agravio tras recibir una queja de la asociación "Ca la dona". El escrito, del pasado mes de mayo, denunciaba una vulneración de derechos fundamentales y de discriminación en el acceso a estos tratamientos.

La queja también planteaba que en algunas ocasiones y en algunos centros públicos, las mujeres lesbianas pueden acceder a esta prestación con cargo a la sanidad pública. En estos supuestos, sin embargo, se encuentran con que los formularios que deben cumplimentar hacen referencia a datos en clave heterosexual, los protocolos aplicables valoran criterios médicos que no se adecuan a su realidad y el tratamiento a que deben someterse es excesivamente medicalizado e innecesario en muchos casos. Ello comporta, además, una discriminación entre estas mujeres y las que pertenecen a zonas sanitarias donde el acceso no es posible.

Respecto a esta situación, el Síndic ha recomendado que los protocolos, los impresos y los tratamientos vinculados a estas técnicas se adecuen a la realidad de las mujeres lesbianas. En esta misma línea, el Síndic ha sugerido que desde el Departamento de Salud se impulsen contactos con los colectivos de mujeres lesbianas con el objetivo de analizar conjuntamente los diversos aspectos relacionados con esta prestación.

El Síndic considera que es imprescindible acabar tanto con la situación de incertidumbre en que se encuentran actualmente las mujeres lesbianas catalanas respecto a las condiciones de acceso a las técnicas de reproducción asistida como con la discriminación que es produce a día de  hoy cuando, en función del centro a que son derivadas pueden acceder o no a la prestación con cargo a la sanidad pública. 

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se ha reunido esta mañana con el Director de Cáritas Diocesana de Zaragoza, Jaime Sanaú y con la Coordinadora de Atención Social, Ana Mari Gutiérrez, con el fin de incorporar su experiencia y valoraciones sobre la situación de la pobreza y la marginalidad en Aragón al Informe especial que la Institución está elaborando sobre esta materia.

Al margen de las cifras que se recogen en la memoria anual de la entidad, disponible en su página web, y que entre otros datos reflejan que en 2014 la organización atendió a 16.000 personas, 6.380 familias con ayudas directas de 2,3 millones de euros, los representantes de Cáritas han aportado su visión cualitativa de la situación que atraviesan las personas en situación de precariedad.

Dentro de este colectivo, han distinguido a las personas que padecen una pobreza crónica, muchas veces acompañada de trastornos mentales intergeneracionales, de aquellas otras que hasta hace dos años no habían entrado en contacto con Cáritas ni con ninguna otra organización social, y que desconocen el entramado asistencial público y privado al que pueden recurrir. Este grupo es el más numeroso y a su precaria situación económica se suma un estado de desesperación, angustia y desinformación que requiere atención directa y focalizada.

Con independencia del perfil de la persona que acude a Cáritas y que participa en alguno de los proyectos de la entidad, ya sea de vivienda, inserción socio-laboral, atención especializada si padece un trastorno mental, acogimiento residencial o seguimiento en la cárcel, los responsables de Cáritas han hecho hincapié en la necesidad de que el trabajo se realice en red y en coordinación con la Administración municipal, autonómica y otras entidades sociales para que los cambios sean posibles.

También se han mostrado a favor de que las ayudas sociales se tramiten con agilidad y estén vinculadas a compromisos por parte de los beneficiarios y a un seguimiento real y efectivo de los servicios sociales, para lo cual deben disponer de los medios económicos y humanos necesarios y, a día de hoy, son insuficientes. En esta misma línea de tejer redes sólidas que sostengan intervenciones individuales y familias, los representantes de Cáritas han defendido los proyectos de “intervención comunitaria” que trabajan en los barrios con la coordinación de la asociación de vecinos, el colegio, el centro de salud, la comunidad de vecinos, etc. para los cuales los fondos, cuando los hay, son insuficientes.

El servicio que Cáritas prensa a las personas en situación de necesidad parte de la ayuda económica directa con el objetivo de promover un cambio en la persona o en la familia que les dote de autonomía para seguir adelante, analizando las causas de la situación de precariedad para encontrar soluciones que, habitualmente, pasan por la inserción socio-laboral, la superación de adicciones y/o el tratamiento médico en caso de enfermedad mental.