Durante la mañana del día 8 de julio de 2015 se ha mantenido un encuentro con representantes de la Asociación de Policía Local de Andalucía, ATESVAN, en el curso de la cual se han tratado cuestiones relacionadas con la competencia en materia de medio ambiente que viene desarrollando la Policía Local.

Sin perjuicio de un tratamiento más singularizado sobre esta problemática, podemos adelantar que tal y como ya en diversas ocasiones ha denunciado la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, aunque la policía realiza su trabajo de inspección y denuncia sobre infracciones relacionadas con la contaminación acústica provocada por establecimientos de hostelería, por la usurpación del espacio público derivada de la inadecuada instalación de terrazas, sillas y veladores, lo cierto es que la pasividad en la tramitación de dichas denuncias por parte de muchos responsables locales impide que estas actuaciones de la policía tengan consecuencias en términos de protección de los derechos de la ciudadanía.

Por otro lado, se ha tratado también la necesidad de que nuestras ciudades apuesten claramente por modelos de movilidad sostenible potenciando los espacios peatonales, educando a la ciudadanía en proyectos tales como los caminos escolares, apostando claramente por los carriles bicis diseñados sobre los espacios hasta ahora destinados al trafico rodado de vehículos de motor, evitando, por tanto, la ocupación de espacios peatonales, reduciendo la velocidad límite en nuestras ciudades y en definitiva haciendo estas más habitables, “calmando el trafico” en unos casos, y peatonalizando en otros.

En el futuro se mantendrán nuevos encuentros para profundizar en el análisis de los obstáculos que impiden el que la voluntad del legislador de proteger los derechos de la ciudadanía se sea vulnerada por la pasividad de gobiernos locales y la ausencia de un compromiso serio para llevar a cabo las previsiones recogidas en las agendas publicas que formalmente apuestan por la sostenibilidad

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se ha reunido esta mañana con representantes de la Fundación La Caridad, que desde hace más de 100 años gestiona en Zaragoza una guardería, un colegio concertado, el Centro de Día “El Encuentro”, un proyecto para personas sin hogar y con enfermedad mental grave, y un Centro de Día especializado en personas dependientes.

La reunión a la que han asistido Francisco Javier Galindo y Ana Núñez forma parte de las entrevistas programadas por el Justicia con organizaciones sociales que trabajan en la atención de personas sin recursos, con el fin de elaborar un Informe Especial sobre la pobreza en Aragón. En este marco, Fernando García Vicente se entrevistó ayer con el Presidente de la Fundación Federico Ozanam, Fernando Galdámez, y el próximo viernes mantendrá un encuentro con representantes de Cáritas.

En la reunión de esta mañana, los representantes de la Caridad se han referido, fundamentalmente, al proyecto denominado El Encuentro, mediante el cual se atiende a personas sin hogar que padecen una enfermedad mental grave. La atención se dispensa en un centro de día en el que pueden seguir un programa de rehabilitación tanto médico como de inserción social y también, en pisos supervisados. Actualmente atienden a unas 60 personas y cuentan con 29 plazas concertadas por el departamento de Salud de la Administración Autonómica, que son insuficientes. La Caridad realiza esta labor en coordinación con el Albergue municipal de Zaragoza donde pernoctan algunas de los enfermos sin hogar de carácter crónico.

Entre las propuestas de mejora en la atención a estas personas que los responsables de la Caridad han trasladado al Justicia de Aragón, destaca la agilización de la concesión de las ayudas sociales, como el IAI, si bien han insistido en la importancia de que vayan acompañadas de un seguimiento posterior de la Administración y de compromisos por parte de los beneficiarios, que en el caso de los enfermos mentales, sería la toma de la medicación.

Otra propuesta que han trasladado al Justicia ha sido la creación de comedores sociales, también supervisados en cuanto a la ingesta de la medicación prescrita, así como la reducción de los tiempos de tramitación de las incapacidades que, en la actualidad, supera el año.

Los representantes de La Caridad han expuesto con preocupación la falta de plazas para enfermos mentales en Unidades de Larga Estancia (ULE), cuya lista de espera, según han apuntado, superan los cuatro años, así como la ausencia de recursos para personas sin hogar y con enfermedad mental convalecientes de intervenciones médico-quirúrgicas y que precisan de un periodo de rehabilitación.
En otro orden de cosas, han planteado al Justicia su oposición a que la gestión de estos recursos que están destinados a atender a personas en situación de necesidad, ya sea por falta de hogar, enfermedad mental o marginalidad, se realice mediante un contrato con la Administración, porque entienden que esta fórmula prima la oferta económica y no permite valorar con justicia la preparación de personal que lo va a prestar, la experiencia y la trayectoria de servicio a la sociedad de estas organizaciones. El Justicia de Aragón se ha comprometido a analizar esta cuestión con detenimiento con el fin de sugerir otras fórmulas más adecuadas al tipo de la labor que se realiza.

 

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha dirigido cuatro recomendaciones a la Conselleria de Vivienda en relación con las prórrogas de subsidicación de préstamos para la adquisición de viviendas protegidas.

En concreto, el defensor valenciano pide la inmediata revisión y revocación de las resoluciones denegatorias de las prórrogas de subsidiación que se dictaron conforme a los antiguos criterios. Asimismo, recomienda que estos procesos de revisión tengan la máxima publicidad posible, en consonancia con la relevancia del derecho que resultó afectado, para así garantizar que todos los afectados puedan acogerse a este mecanismo revocatorio.

En este sentido, Cholbi invita a la Conselleria de Vivienda a establecer mecanismos extraordinarios (entre ellos, la concesión de un periodo de tiempo adicional para la presentación de solicitudes) con el fin de que aquellos ciudadanos que, en su momento, pudieron haberse beneficiado de la concesión de la prórroga de subsidiación y que no presentaron la solicitud por la desinformación generada puedan acogerse ahora a dicha prórroga que, de acuerdo con los nuevos criterios, les pueda corresponder. Al mismo tiempo, deja la puerta abierta a la apertura de los correspondientes expedientes de responsabilidad patrimonial por funcionamiento irregular o anormal de la Administración.

La actuación del Síndic vino motivada por la queja presentada por la Asociación de Afectados Ayudas de la Vivienda de la Comunidad Valenciana en la que denunciaban que la Conselleria, a pesar del tiempo transcurrido, no estaba aplicando los nuevos criterios interpretativos emitidos por el Ministerio de Fomento en agosto de 2014. De hecho, señalaban en su escrito de queja que la información que ofrecía el PROP (tanto a los ciudadanos que acuden al servicio como a los que consultan a través de la web) era que las prórrogas serían denegadas, lo que conducía a la desinformación de las personas interesadas y a la posible pérdida de derechos a los que pudiera tener acceso.

Consulta el contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre esta materia.

Desde 1998, el Justicia de Aragón ha visitado 219 establecimientos de atención al mayor, tramitado 470 expedientes y dirigido a las Administraciones 56 Sugerencias y Recomendaciones, el 30% sobre irregularidades administrativas.

Una de las conclusiones que arroja esta intensa actividad en defensa de un colectivo vulnerable y necesitado de especial protección, es la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de estos centros mediante la coordinación de las administraciones municipal y autonómica encargadas de conceder las licencias correspondientes, con el fin de que los periodos de provisionalidad sean lo mas breves posible.

Así lo expuso el Justicia, Fernando García Vicente, en el año 2007, con motivo de la presentación en las Cortes aragonesas de un Informe Especial sobre la situación de las residencias de personas mayores en Aragón y lo ha reiterado a las Administraciones implicadas cada vez que se ha dado la circunstancia.

Las residencias para personas mayores precisan, básicamente, dos tipos de autorizaciones administrativas: una, de carácter municipal, que es la licencia de apertura y, otra, dependiente del Gobierno de Aragón, que implica la autorización para su normal funcionamiento.

En opinión reiterada del Justicia de Aragón, es elemental que los centros cuenten con estos requisitos administrativos para reforzar la seguridad jurídica, pues otra cosa supone falta de control que eleva el riesgo de deficiencias, funcionamiento irregular e inadecuada atención a los usuarios.

Por otro lado, la concesión de la licencia municipal de apertura es relevante a los efectos de inscripción del centro en el Registro de entidades, servicios y establecimientos de acción social, lo que a su vez es requisito para la posible concertación de plazas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Además de la situación administrativa de las residencias, las visitas que realizan los asesores de la Institución a los centros de atención al mayor permiten comprobar las condiciones de habitabilidad, estado de las instalaciones y dependencias, capacidad, servicios que prestan, etc. Las situaciones son variadas y se reflejan al detalle en los informes individuales que todos los años se publican en el Informe Anual de actividad de la Institución.

En este sentido, en 2014 se visitaron 20 residencias y centros de atención al mayor de las tres provincias aragonesas, y se hizo una Sugerencia a la Administración autonómica sobre el plan de evacuación de la residencia municipal de Nogueruelas (Teruel) que ha sido aceptada recientemente.
En general, la detección de irregularidades o situaciones anómalas son puestas en inmediato conocimiento de la Administración, a quien compete la vigilancia y control de estos centros. En este sentido, el Justicia insiste que el primer objetivo de las visitas no lo constituye tanto la detección de posibles irregularidades, como el impulso de la acción inspectora y de definición de requerimientos de calidad en la prestación del servicio por parte de las administraciones competentes.

Esta motivación motivó el año pasado las sugerencias formuladas a la Administración autonómica sobre la conveniencia de regular y establecer protocolos de actuación detallados acerca del uso de limitaciones de la autonomía de la voluntad, tales como internamientos involuntarios o sujeciones restrictivas físicas o farmacológicas, y sobre la prevención y detección de malos tratos a personas mayores. Ambas sugerencias fueron aceptadas.
 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha propuesto a la Conselleria de Educación que modifique la normativa vigente con el fin de incluir la condición de familia monoparental entre los criterios de baremación en los procesos de admisión de alumnado en centros escolares públicos y concertados. Estos criterios son necesarios cuando la demanda de plazas escolares es superior a las plazas que se ofrecen.

El defensor valenciano se ha pronunciado así tras recibir la queja de una ciudadana que relataba que se había dirigido a la administración educativa para plantearle si la condición de familia monoparental se iba a tener en cuenta en los procesos de admisión de alumnos, sin haber tenido ninguna respuesta.

Durante la tramitación del expediente, la Conselleria de Educación comunicó al Síndic que los criterios a valorar en el proceso de admisión vienen establecidos en el artículo 16 del Decreto 42/2013, dónde se detalla de forma “taxativa” la relación de criterios y en ella no figura la condición de familia monoparental. Igualmente, la Conselleria trasladó que no tenían previsto modificar dicha normativa.

Esta contestación suscitó que el Síndic hiciera una reflexión sobre la cuestión planteada en esta queja, la equiparación de familia monoparental con familia numerosa a efectos de admisión de alumnado en centros escolares. Efectivamente, entre los criterios valorados en los procesos de admisión, determinados en la norma antes referida, no se encuentra la condición de familia monoparental, que bien se podría equiparar a los efectos de baremación a la condición de familia numerosa (expresamente prevista en el artículo).

En este sentido, esta institución comparte el criterio de que, en aquellos casos en los que existe una demanda superior a las plazas disponibles, es necesario establecer un orden de prioridad en el proceso de admisión. Hasta la fecha, criterios como la existencia de hermanas/os matriculados en el centro, la proximidad al lugar de trabajo de los padres o tutores legales o al domicilio de los mismos; la renta anual familiar, la discapacidad del alumno o de alguno de sus padres o hermanos, la condición de familia numerosa, entre otros, son tenidos en cuenta en la fase de baremación. 

Ahora bien, la queja planteada por esta ciudadana refleja una nueva realidad social: la existencia cada vez más frecuente de nuevos modelos de familia, siendo una de ellas la monoparental, con un sólo miembro a cargo de los hijos. De acuerdo con el Síndic, corresponde a la administración educativa adaptar la norma a esta nueva realidad social y, de esta forma, solucionar el problema que la ciudadana ha planteado ante esta institución.

Ver el contenido de la resolución del Síndic sobre este asunto.