Después de cuatro años de recomendar reiteradamente al consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, que se agilizara el pago de los retrasos de la renta mínima de inserción (RMI), el Síndic en denuncia públicamente la falta de colaboración de la Generalitat.

Rafael Ribó ha expresado una profunda preocupación por estos retrasos y la falta de voluntad para corregirlas, tanto por el número de personas y familias afectadas como por la gravedad de las situaciones que provoca, ya que se trata de un colectivo que se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad.

El Síndic recuerda que las administraciones públicas están obligadas a satisfacer de manera diligente las obligaciones económicas. Además, deben actuar de acuerdo con el principio de protección especial a las personas en situación de pobreza y de riesgo de exclusión social.

Las demoras hacen referencia a cuantías conocidas y reconocidas por la Administración, que en algunos casos corresponden a mensualidades de los años 2011, 2012, o 2013.

El síndic lamenta que Empresa y Ocupación no haya respondido a la resolución, en la que el Síndic recomendaba medidas concretas y específicas para avanzar efectivamente, sin más espera, y de manera progresiva en la liquidación de los pagos. Al mismo tiempo, proponía un compromiso efectivo para la resolución de esta situación, que se estableciera una planificación temporal de regularización total y mecanismos para compensar las consecuencias y perjuicios que estos retrasos están generando o pueden comportar para las personas afectadas.

También sobre la renta mínima, el Síndic ha actuado de oficio a fin de aclarar la confusión y la falta de criterios unificados a la hora de reactivar el cobro de la prestación económica en supuestos de suspensión temporal de esta.

El Síndic considera que, teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación, que está destinada a cubrir necesidades básicas, sería necesario aplicar el criterio más favorable a las personas interesadas. Estas, por su parte, deben cumplir convenientemente el deber de comunicar los cambios en su situación en un plazo breve, que la normativa vigente fija en un mes.

También considera que, para garantizar la seguridad jurídica y una interpretación unívoca de la norma, sería conveniente que ésta regulara expresamente la fecha de efectos en los supuestos de reactivación tras un periodo de suspensión.

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Vitoria-Gasteiz

Este encuentro, organizado por el Ararteko, se celebrará hoy y mañana en Vitoria-Gasteiz y en él participarán miembros de las defensorías del pueblo del Estado español, Andorra y Portugal.

El objetivo es analizar la situación actual y la evolución de los 4 últimos años en los diferentes ámbitos territoriales de integrantes de la Red. Poner en común la respuesta social e institucional.

Esta tarde, los participantes en el encuentro analizarán, a puerta cerrada, los datos estadísticos correspondientes a los diferentes territorios, así como las principales carencias detectadas y las buenas prácticas en las respuestas de los poderes públicos.

La sesión de mañana viernes estará abierta a las personas invitadas y a los medios de comunicación. La jornada comenzará a las 8:45 h en la sede del Parlamento Vasco. Allí, la presidenta de la Cámara Bakartxo Tejería recibirá a una delegación de participantes en el encuentro.

A partir de las 9:30, en el Gran Hotel Lakua, se celebrará una mesa redonda con la participación de Ana Alberdi, secretaria general de Emakunde, Miren Ortubay, profesora de Derecho Penal de la UPV y miembro del Fórum Feminista María de Maeztu, Eva Silván, representante del País Vasco de Save the Children y María José Barbarín Urquiaga, magistrada de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa (sección especializada en violencia contra la mujer) y miembro del Comité de Expertos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.

A las 12:15, en el Gran Hotel Lakua, sede del encuentro, se presentarán las conclusiones de las Jornadas y una declaración de las defensorías.

Las conclusiones las presentará Julia Hernández, adjunta al ararteko y coordinadora de la Región Europea de la Red de Defensorías de la Mujer en la FIO.

Vitoria-Gasteiz, 25 de junio de 2015

The Ombudsman, Chief Justice Emeritus Joseph Said Pullicino, has today received the UN Working Party on Arbitrary Detention.

The WGAD is in Malta to follow up recommendations they had made in 2009 on issues related to detention and deprivation of liberty in a broad way.

The Working Group on Arbitrary Detention was established by a resolution of the UN High Commission for Human Rights and has the mandate to investigate cases of deprivation of liberty.

The UN delegation was composed by Mr. Mads Andenas, former Chair-Rapporteur of the Working Group, Mr. Roland Adjovi, Vice-Chair of the Working Group, Mr. Miguel De la Lama, Secretary of the Working Group, and Ms. Yiyao Zhang, from the Secretariat of the Working Group. The meeting was also attended by Dr Monica Borg Galea, Head of Investigations.