El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha mantenido este lunes un encuentro con una representación de varios centros concertados de educación especial de Andalucía y ha visitado el centro Aturem, en Sevilla, donde ha tenido la oportunidad de conocer las instalaciones y el trabajo que realizan con niños y niñas con discapacidad intelectual.

La reunión, convocada por la Confederación andaluza de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual (FEAPS-Andalucía), ha servido para compartir y trasladar información sobre el seguimiento de las actuaciones para la mejora de la atención educativa de este alumnado.

La Institución Andaluza viene prestando una atención especial a los colectivos más desprotegidos del ámbito educativo, en particular, a las quejas del alumnado con discapacidad que necesita medidas concretas para su escolarización en centros ordinarios o específicos.

Sobre el alumnado en centros específicos, son alrededor de 3.500 los niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales y merecen una respuesta adecuada. En este sentido, desde el Defensor del Menor de Andalucía se ha pedido una mayor coordinación entre las administraciones educativa, social y sanitaria para ofrecer una atención global e integrada a este alumnad

Las necesidades que precisa este alumnado ha sido objeto de análisis por parte del Defensor del Menor, que ya en 2010 elaboró un informe especial sobre el funcionamiento de los 59 centros específicos que existen en Andalucía, -16, públicos y, el resto, concertados-, para atender las necesidades educativas de estos menores que sufren alguna discapacidad intelectual.

Las conclusiones del mismo se concretaron en la necesidad de contar con un Plan de reordenación, modernización y calidad de estos centros, que recogiera, entre otras mejoras, el establecimiento de unos criterios comunes; unos mínimos de infraestructuras; criterios sobre el número de alumnos y alumnas en las aulas, y mayor participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.

En cumplimiento de estas recomendaciones de la Defensoría Andaluza, la Administración educativa aprobó el I Plan de Actuación para la Mejora de la Atención Educativa al alumnado escolarizado en centros específicos de educación especial en Andalucía, para el periodo 2010-2015, y cuyo cumplimiento está siendo objeto de seguimiento por parte del Defensor del Pueblo Andaluz.

Sugerencia del Defensor del Pueblo Andaluz para que, a la mayor urgencia, se mantenga una reunión con representantes del Ayuntamiento de Málaga y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a fin de, o bien ejecutar la infraestructura tal y como estaba prevista inicialmente, o bien de manera alternativa, si hubieran aparecido nuevos criterios de apreciación técnicos o de otra índole que hagan aconsejable modificar lo previsto inicialmente, y que se haga un esfuerzo serio y responsable para buscar fórmulas y consenso con las que afrontar, a la mayor brevedad posible, la ejecución de esa tercera EDAR que permita cumplir con el objetivo del "vertido cero". 

El síndic de greuges, Rafael Ribó, y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños y los adolescentes, Maria Jesús Larios, han presentado en la Comisión de Infancia del Parlamento el Informe sobre los derechos del niño 2014.

El documento recoge las principales carencias detectadas por el Síndic durante el último año en el ámbito de la infancia. El Síndic propone diez retos principales en los que es preciso insistir a fin de dar cumplimiento efectivo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.

Entre estos retos destaca el de la garantía del derecho a la salud, y en concreto de la salud mental, donde las carencias ponen de manifiesto una desigualdad clara en el pleno desarrollo del derecho de la salud. A pesar de que la red de salud mental infantil y juvenil es de acceso universal para los menores, se constata que la incidencia de problemas de salud mental en situaciones de pobreza infantil es mayor y que, en realidad, el acceso a los servicios de salud mental adecuados es desigual por razones socioeconómicas de las familias.

La falta de recursos comporta retrasos y listas de espera en el estudio y el diagnóstico de los niños, cosa que afecta directamente a su salud. También afecta la intensidad del tratamiento que se ofrece desde los centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ), en relación con la frecuencia de las sesiones terapéuticas.

Existe una falta de plazas específicas de centro de día o de rehabilitación para  adolescentes, como puente entre la hospitalización en un hospital de día y el sistema educativo ordinario. También faltan plazas de estancia temporal para adolescentes con trastornos severos que requieren un internamiento en una fase concreta del tratamiento.

Además, sobre el internamiento temporal, no existen servicios especializados para menores de edad, ya que la Cartera de servicios sociales 2010-2011 prevé que los servicios residenciales previstos para personas con discapacidad tienen como población destinataria a personas de dieciocho a sesenta y cinco años.

La Administración argumenta que este segmento de población habitualmente se encuentra bajo el cuidado directo de la familia con las ayudas de los servicios de que puede beneficiarse. Excepcionalmente se prevé acordar el ingreso de un niño o adolescente en un centro residencial para personas con discapacidad intelectual o física.

Más centros, definir necesidades de los trastornos graves y de ciertas patologías

Las principales recomendaciones del Síndic para combatir la saturación de la red de salud mental infantil y juvenil pasan por ampliar la oferta de los CSMIJ y otros recursos específicos en salud mental (hospitales de día, servicios residenciales, programas específicos de salud mental, etc).

También propone estudiar las necesidades de plazas de atención en unidades hospitalarias y residenciales para adolescentes con problemas graves y priorizar la especial situación de vulnerabilidad de los niños tutelados por la Administración derivada de vivencias anteriores al sistema de protección y la especial responsabilidad de la Administración.

Finalmente, recomienda que se atiendan adecuadamente patologías que carecen de los recursos especializados necesarios, como son los trastornos del espectro autista o los trastornos alimenticios.

El resto de retos pendientes planteados en el Informe son:

1. Carencias en la escucha efectiva de los niños

En general, los servicios que atienden a los niños no han incorporado el cambio de paradigma que implica la Convención, que supone escuchar al niño en cualquier decisión que le afecte.

2. Inadecuación de los recursos del sistema de protección a las necesidades de los niños

El bajo peso del acogimiento familiar hace que una parte de los niños y adolescentes dentro del sistema de protección no tengan asignado el recurso más adecuado a sus necesidades. Como ejemplo, más de 300 niños residentes en centros están pendientes de un acogimiento familiar.

3. La invisibilidad del maltrato

El fenómeno de la violencia contra los niños y adolescentes no es suficientemente visible. Es necesario continuar concienciando a la población y formando a los profesionales para garantizar la prevención y la detección del maltrato.

4. Déficits en la inclusión de los niños con discapacidad

A pesar de los reconocimientos normativos, los niños con discapacidad tienen carencias en la atención integral que garantice  su máximo desarrollo y también en su derecho a escolarizarse de forma inclusiva y con plenas garantías.

5. Carencias en la garantía del derecho a la salud mental (ya explicado)

6. La pobreza infantil y la necesidad de una renta garantizada para combatirla

En Cataluña, el 29,4% de los niños menores de dieciséis años se encuentra en situación de pobreza relativa (datos Idescat 2012) y la renta mínima de inserción no llega a todas las familias ni garantiza que dispongan de los medios económicos necesarios para  atender las necesidades de los niños.

7. Carencias en las políticas de acompañamiento familiar

Las políticas de apoyo a las familias presentan déficits estructurales derivados de la baja inversión pública, agravadas por el incremento de las necesidades sociales de las familias y la complejidad de la intervención para su mayor vulnerabilidad y las restricciones presupuestarias.

8. Falta de equidad del sistema educativo

Existe una diferencia de 30 puntos porcentuales entre la tasa de escolarización de los jóvenes de diecisiete años socialmente más favorecidos y de los menos favorecidos. Una de las políticas clave para combatir las desigualdades educativas, la educación infantil de primer ciclo, ha sufrido un retroceso, derivado, en parte, de la reducción del gasto público en esta etapa.

9. Escolarización desequilibrada del alumnado

Los desequilibrios en la composición social de los centros vulneran especialmente la igualdad de oportunidades de los niños más desfavorecidos, sin que se haya producido una mejora significativa en los niveles de segregación escolar del sistema desde el año 2007.

10. Desigualdades en el acceso al ocio educativo

La participación de los niños en el ocio educativo está fuertemente afectada por desigualdades (existe una diferencia de más de 30 puntos entre la participación en actividades extraescolares entre los grupos mejor posicionados socialmente y los grupos peor posicionados) y este ámbito se ha visto fuertemente afectado por las medidas de contención del gasto.

                                  Por nuestro derecho a la educación

Donostia-San Sebastián

El pasado sábado, los chicos y chicas que forman parte del Consejo de Infancia y Adolescencia del Ararteko se reunieron en el palacio Aiete de Donostia-San Sebastián.

El trabajo que se propuso para este curso de elaborar un material audiovisual para la difusión de los derechos de los niños y niñas entre los más pequeños continúa. En ese encuentro prepararon un corto sobre el derecho a la educación que han titulado Hezkuntzaz gozatu eta… que te aproveche!

Éste es el relato de la última sesión del Consejo:

"La elaboración de una receta para 'cocinar' nuestro derecho a la educación nos ha permitido reflexionar y adentrarnos en lo que es el derecho a la educación, en dónde nos educamos, acompañados por quién, en qué momentos y durante cuánto tiempo, para qué reclamamos este derecho. Nuestro reto añadido, explicarlo para un público muy exigente: niños y niñas entre 8 y 11 años, lo que nos exige utilizar un lenguaje directo y concreto, imágenes cotidianas que ilustren lo que estamos contando…

Lo que no nos ha faltado ha sido entusiasmo y voluntad, así que en breve tendremos disponible en nuestra página web el estupendo trabajo realizado en las seis horas largas de la sesión.

Hemos tenido también un rato para despedir a los consejeros y consejeras que, después de 2 años de participar activamente, dejan sitio a nuevos chicos y chicas. ¡Buena suerte Iker, June, Alejandro, Jokin e Idoia!"

Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 2015