El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha aceptado el ofrecimiento del nuevo Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) para ocupar una de las vicepresidencias, en concreto, la destinada a titulares de un organismo que pueda ser autonómico, regional o provincial. Otras cuatro vicepresidencias están reservadas para titulares de organismos nacionales, según establecen los Estatutos del Consejo Rector de esta federación en la que se integran defensores del pueblo, procuradores y comisionados públicos de derechos humanos de 22 países.

En la XXVI Asamblea de la FIO celebrada hoy en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana, el Defensor del Pueblo andaluz ha apoyado la candidatura como presidente del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa. En su discurso ante el plenario de la FIO, el Defensor del Pueblo andaluz ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para implementar la vía de la mediación en las defensorías, propuesta que ha sido aprobada. El Defensor andaluz se ha comprometido a presentar un informe sobre esta implantación en la próxima asamblea que se celebre de este organismo.

La Asamblea General de la FIO ha elegido al presidente de la organización en reemplazo de Augusto Jordán Rodás Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. El Consejo Rector elegido, cuya vicepresidencia primera ocupará el Defensor del Pueblo de España, tiene un periodo de vigencia de dos años.

Esta Asamblea general se ha celebrado tras el XXV Congreso de la FIO, en el que los defensores han analizado los impactos de la pandemia COVID-19 en las sociedades, comunidades y colectivos en situación especial de vulnerabilidad, y los retos adicionales que enfrentan para la vigencia plena de sus derechos fundamentales. El tema central ha consistido en Pandemia, buena administración pública y derechos humanos.

Link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-11/cp210212fr.pdf

Cour de justice de l’Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 212/21

Luxembourg, le 25 novembre 2021

Arrêt dans l'affaire C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables)

Coopération administrative dans le domaine fiscal : une demande d’informations peut concerner un groupe de personnes identifiables, mais non nominativement et individuellement identifiées

Le destinataire d’une décision d’injonction de communiquer des informations fiscales qui n’a bénéficié que d’un droit de recours incident à l’encontre de celle-ci doit pouvoir s’y conformer à l’issue de ce recours sans être sanctionné

L’administration fiscale française a adressé, sur le fondement notamment de la directive 2011/16 1 , à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations concernant L, société de droit luxembourgeois. Celle-ci serait non seulement la société mère indirecte d’une société civile immobilière de droit français détenant un bien immobilier en France, mais détiendrait également directement un autre bien immobilier dans la même commune française. Les personnes physiques détenant directement ou indirectement des biens immobiliers situés en France étant tenues de les déclarer, l’administration fiscale française (...)

Heute diskutieren die Volksanwälte Rosenkranz, Amon und Achitz den Bericht der Volksanwaltschaft mit den Abgeordneten im Wiener Landtag. Der Bericht behandelt die Kontrolle der Verwaltung in Wien im Jahr 2020.

Die Volksanwaltschaft prüft, ob behördliche Entscheidungen den Gesetzen und dem Recht auf gute Verwaltung entsprechen. Über die Ergebnisse der Prüfverfahren informiert die Volksanwaltschaft nicht nur die Betroffenen, sondern berichtet darüber auch an den zuständigen Landtag. Der Bericht dient dazu, Schwachstellen und Fehlentwicklungen in der Verwaltung aufzuzeigen, aber auch auf Chancen zur Verbesserung hinzuweisen.

Insgesamt wandten sich im letzten Jahr 1.081 Wienerinnen und Wiener an die Volksanwaltschaft, weil sie sich von der Wiener Landes- und Gemeindeverwaltung nicht fair behandelt oder unzureichend informiert fühlten. In 240 Fällen stellte die Volksanwaltschaft einen Missstand in der Verwaltung fest, was einem Anteil von rund 22 % aller erledigten Verfahren entspricht.

Inhaltlich betrafen die meisten Beschwerden Fragen der Mindestsicherung und der Jugendwohlfahrt (320 Beschwerden, 30 %), gefolgt von Problemen in den Bereichen Staatsbürgerschaft, Wählerevidenz, Straßenpolizei (269 Beschwerden, rund 25 %). Fast ein Fünftel der Beschwerden betraf Gemeindeangelegenheiten (195 Beschwerden, 18 %), ge-folgt von Anliegen aus den Bereichen Raumordnung und Baurecht (74 Beschwerden, 7 %).

Die Volksanwälte diskutieren einzelne Beispiele aus dem aktuellen Bericht mit den Abgeordneten im Wiener Landtag, um Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen:

(...)

During this week, the Ararteko wishes to highlight that restorative justice allows both the offender or aggressor and the injured party or victim of any type of crime or conflict to be reintegrated in society as social assets, while engaging society in the rehabilitation and reintegration.

Restorative Justice Week is celebrated around the world during the third week of November. The theme of this year's week is Protect and Empower the Person Harmed. This international movement was founded in Canada in 1996 and is coordinated in Europe by the European Forum for Restorative Justice, the leading international entity, with whom the Ararteko has been working closely in recent years.

Analizarán los impactos de la pandemia COVID-19 en las personas vulnerables y los retos para la vigencia plena de sus derechos fundamentales

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, participa desde hoy miércoles en el XXV Congreso y XXVI Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que se celebra en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana.

El Defensor andaluz será el representante español en una reunión en la que estarán representados 22 países de Iberoamérica a través de sus defensores del pueblo, procuradores y comisionados públicos de derechos humanos. Los defensores analizarán los impactos de la pandemia COVID-19 en las sociedades, comunidades y colectivos en situación especial de vulnerabilidad, y los retos adicionales que enfrentan para la vigencia plena de sus derechos fundamentales. El tema central consiste en Pandemia, buena administración pública y derechos humanos.

El Defensor del Pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, en su carácter de anfitrión del encuentro explicó que, a raíz de la pandemia de la COVID-19, los grupos en situación de vulnerabilidad han visto acentuar sus entornos de riesgo poniendo de relieve las profundas desigualdades económicas y sociales de los países, y el reto que plantea garantizar sus derechos.

El encuentro comienza hoy miércoles 24 con el desarrollo de sesiones internas de las redes temáticas y los grupos de trabajo de la FIO. Están previstos los encuentros de la Red de Niñez y Adolescencia, en la que participará el Defensor andaluz en su calidad de Defensor de la Infancia y la Adolescencia, y la Red de Defensorías de Mujeres, en la que participará la directora de gabinete del Defensor del Pueblo andaluz, Soledad Rosales. Entre los temas a tratar también se aborda la preservación de los derechos de las migraciones y trata de personas, así como la conservación medioambiental y las prerrogativas de los trabajadores del segmento minero y del sector privado.

Mañana jueves 25 de noviembre será la inauguración del Congreso, en el que el Defensor del Pueblo andaluz participará en la sesión sobre Buena Administración y el acceso a los servicios básicos, junto al procurador federal de los derechos de los ciudadanos de Brasil, Carlos Vilhena; la Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz y el Defensor del Pueblo de Uruguay y director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faroppa.

Por último, la Asamblea General de la FIO escogerá el viernes 26 de noviembre al presidente de la organización para los próximos dos años, en reemplazo de Augusto Jordán Rodás Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, y al consejo rector que lo acompañará.