Participarán los Defensores del Pueblo de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y  País Vasco.

Contarán con la intervención del Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, clausurará las Jornadas.

La adecuada prestación del servició público de salud constituye una de las principales preocupaciones de los Defensores del Pueblo, máxime cuando año tras año estos reciben un importante número de quejas ciudadanas relacionadas con esta materia, número que se han visto incrementado, en general, durante los peores momentos de la crisis sanitaria provocada por la Covid 19. Estas quejas han tenido una particular incidencia en los municipios rurales, en los que residen de forma predominante personas mayores que, por su edad, frecuentemente se ven afectadas por diversas patologías y que, por ello, requieren de atención sanitaria.

Es por ello que los titulares de las Defensorías, con motivo de las últimas Jornadas de Coordinación, acordaron tratar de forma monográfica la prestación del servicio de salud en el medio rural y su celebración en León, organizadas por el Procurador del Común.

De esta forma, León acogerá en la Real Colegiata de San Isidoro, durante los días 20 y 21 de octubre, las jornadas anuales de coordinación, en su 35ª edición, tras dos años sin haberse podido realizar a causa de la pandemia.

El acto de inauguración tendrá lugar el jueves 20 de octubre, en el que participarán el Procurador del Común, Tomás Quintana, el Alcalde de León, José Antonio Díez y el Vicepresidente 1º de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez.

A lo largo de los dos días se expondrán tres ponencias: la primera, bajo el título La prestación del servicio sanitario en tiempos de pandemia, a cargo del Dr. Vicente Álvarez García, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura; la segunda sobre los Modelos de prestación del servicio de salud en el medio rural, cuyo ponente será el Dr. Juan José Fernández Domínguez, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León, y la tercera, titulada El empleo público sanitario en el medio rural, de la que se ocupará  la Dra. Mª Josefa Cantero Martínez, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Además se celebrarán dos mesas de trabajo, en las que se abordarán, respectivamente, las Quejas frecuentes y recomendaciones en lo referente a la prestación del servicio de salud en el medio rural y los Problemas estructurales de la prestación del servicio sanitario en el medio rural, con la participación de los asesores y expertos en sanidad de las diferentes Defensorías. En la tercera y última mesa de trabajo se tratarán los Problemas y soluciones en relación con los empleados públicos que prestan el servicio sanitario en el medio rural, con la participación del Director del Área de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud, la Directora General de Personal y Desarrollo Profesional de Castilla y León, la Directora General de Planificación y Reforma Sanitaria y el Gerente de Atención Primaria de Navarra. 

El viernes, día 21,  intervendrá el Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y, posteriormente, se dará lectura a un documento de conclusiones. La clausura de las Jornadas de Coordinación correrá a cargo del Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido hoy un reconocimiento del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía occidental en las Noches de la Psicología, celebradas en Cádiz. Jesús Maeztu ha sido distinguido por su constante labor de señalar e instar a los poderes públicos a eliminar las desigualdades y los déficits que lastran la salud psicológica y el bienestar emocional de la población andaluza, especialmente de la más vulnerable; por su vigorosa defensa de valores de justicia, solidaridad, aceptación, tolerancia y acuerdo, tan centrales en la profesión de la Psicología; y por la disponibilidad y cercanía siempre mostradas hacia este Colegio.

En su intervención, el Defensor del Pueblo andaluz ha agradecido la labor de los profesionales de la psicología en la atención a la salud mental, agravada como consecuencia de la pandemia, y ha hablado de la necesidad de invertir en las "enfermedades del alma", donde existen "sentimientos y frustraciones". "Ha habido muchas desaveniencias en las familias. Y yo me pregunto, ¿causas? Hemos sabido leer algunos mensajes de la pandemia, pero otros mensajes no", ha señalado Jesús Maeztu, quien ha mencionado los riesgos de la brecha digital o los problemas por la pérdida de la presencialidad.

El Defensor del Pueblo, también Defensor de la Infancia y Adolescencia, ha dedicado especial atención a la pobreza infantil y otras formas de violencia hacia la infancia, entre ellas el incremento de problemas asociados a la salud mental. "¿Dónde están los recursos?", se ha preguntado el Defensor, quien ha reclamado más psicólogos "para curar el alma, porque la pandemia nos ha hecho daño".

"Hace falta evitar luchar contra la estigmatización de los enfermos de salud mental; profesionales más formados; empatía de la Administración, con una política de cuidados; e incidir en la educación", ha manifestado el Defensor.

El Defensor del Pueblo ha avanzado sus primeras conclusiones sobre lo sucedido en el perímetro fronterizo de Melilla el pasado 24 de junio. Tras analizar la documentación recibida por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la institución concluye que se efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales. El Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que en su disposición décima establece el régimen especial para Ceuta y Melilla).

Desde la institución se lamenta la pérdida de vidas humanas y los heridos causados en la tragedia, y se insiste en que ese día se registró una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos.

Del visionado de las imágenes recibidas en la institución se puede comprobar que, en una puerta del perímetro fronterizo, una avalancha de personas provoca un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales.

El Defensor del Pueblo no ha dado por concluida esta actuación y ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad la remisión de más imágenes del 24 de junio del perímetro fronterizo que podrían ayudar a aclarar algunos extremos.

Actuaciones

La institución mantiene abiertas, mientras tanto, actuaciones dirigidas a diversas administraciones. Una ellas destinada al Ministerio de Exteriores para que refuercen, con medios materiales y humanos, embajadas y consulados a fin de que las personas con necesidades de protección internacional puedan acceder a ellos y solicitar asilo sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada en el país

Asimismo, a la Fiscalía General del Estado se le ha dado traslado del testimonio y parte de lesiones de uno de los residentes entrevistados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla por técnicos de la institución.

Por otra parte, se ha solicitado información sobre los procedimientos de determinación de la edad de los presuntos menores residentes en el Centro de Menores La Purísima (Melilla).

También se prosiguen actuaciones con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) -al objeto de conocer el protocolo seguido con los partes de lesiones de las personas que resultaron heridas ese día-; con la Dirección General de Política Interior -para conocer el estado de las solicitudes de protección internacional de las personas que consiguieron acceder al CETI en dicha fecha y las incidencias apreciadas en las entrevistas realizadas por la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Beni Enzar-; con la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de Inmigración -dándole traslado de las conclusiones alcanzadas tras la visita realizada, por personal del Defensor del Pueblo, al CETI, y con el Servicio de Protección de Menores de la Ciudad Autónoma de Melilla, -trasladándole las conclusiones alcanzadas tras la visita al Centro de Menores La Purísima, así como información acerca del estado de tramitación de las solicitudes de protección internacional de los menores-.

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"Quella del Difensore civico è una figura tanto preziosa quanto delicata. Uno strumento su abbiamo puntato la nostra attenzione per poterci aprire nei confronti della comunità all'insegna della trasparenza, per far capire il lavoro svolto, ma anche per recepire dai cittadini suggerimenti e indicazioni. Si tratta di un autentico punto di riferimento per verificare tutto ciò che non va o che potrebbe essere fatto meglio". Questa la dichiarazione di Marino Fardelli Difensore Civico della Regione Lazio e Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome italiane.

A Trieste, nella sala Gialla del palazzo consiliare regionale, alla presenza del presidente dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, si è svolto il Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome italiane. L'organismo ha così dato il via alla fitta 48 ore di impegni che ha coinvolto ogni rappresentante giunto da tutta la penisola italiana.

Sono state elaborate una serie di proposte operative tali da far conoscere maggiormente ai cittadini tutti, ruoli e funzioni della figura di garanzia del Difensore Civico a cominciare dal rapporto con i media e i social utili per far conoscere maggiormente le opportunità a beneficio dei cittadini derivati da questa funzione.

"Questa sessione organizzata a Trieste - ha evidenziato Marino Fardelli, è servita anche per inaugurare una nuova stagione di lavoro pronti a visitare le realtà che compongono il coordinamento nazionale, volti a uno scambio di buone pratiche per un confronto anche con gli uffici. Tra le priorità, infatti, ribadiamo l'idea di creare uno scambio proficuo, perenne e continuato con i funzionari e i dirigenti della Difesa civica dei Cr e delle Province autonome per offrire al cittadino una piena disponibilità operativa. Energia e passione che dovranno portare anche a un rafforzamento dell'autonomia del Difensore civico per un lavoro a beneficio della popolazione, ma anche a supporto della stessa politica".

Hanno preso parte ai lavori oltre al Presidente Marino Fardelli anche i due vice presidenti nazionali Antonia Fiordelisi Difensore Civico della Basilicata, Marcello Pecorari Difensore Civico dell’Umbria, Arrigo De Pauli Difensore Civico del Friuli Venezia Giulia, Mario Caramel Difensore Civico del Veneto, Gabry Morandell Difensore Civico della Provincia Autonoma di Bolzano, Gianlberico De Vecchi Difensore Civico della Lombardia, Paola Baldovino Difensore Civico del Piemonte e Adele Squillaci Difensore Civico della Valle d’Aosta.

Il prossimo coordinamento nazionale si svolgerà a Perugia nel mese di novembre.