Es necesario un fortalecimiento presupuestario del ámbito de la salud, e invertir en infraestructuras, políticas de recursos humanos y programas de renovación de maquinaria, potenciando la búsqueda y la prevención 
 
Es preciso revisar con urgencia el modelo residencial actual y su capacidad de afrontar la pandemia con las medidas preventivas y prevención indispensable
 
La institución continúa velando por los derechos de los niños y sus intereses y actuando en ámbitos como por ejemplo la salud –incluida la mental−, el bienestar social y económico y la educación
 
La crisis económica está teniendo efectos especialmente graves. En consecuencia, cabe resolver con urgencia los problemas burocráticos con que se han encontrado las personas con menos recursos
 
Reclama garantía de derechos, transparencia informativa entre administraciones y una recuperación plena de las competencias estatutarias, promoviendo la actuación administrativa desde la proximidad
 
Considera que debe ser compatible el bienestar económico con los límites establecidos por la OMS en cuanto a la contaminación del aire y la salud de las personas
 

El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha presentado este jueves, 4 de junio, la informe Salud y derechos en la crisis de la COVID-19. Este informe tiene por objetivo ofrecer una visión global de la crisis de la COVID-19 desde la perspectiva de los derechos, y detalla las conclusiones y las recomendaciones sectoriales específicas de cada ámbito de la actuación administrativa y social afectada por la crisis de la pandemia. 

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la situación en cuanto a la COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional. El mes de marzo, la organización la consideraba pandemia, DADas la velocidad y la escala de la transmisión, y alertaba de que el impacto de esta enfermedad podría ser más alto en ciertos grupos de la población. 

La situación derivada de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia ha supuesto una sacudidaextraordinaria para todo el sistema sanitario, y ha exigido un esfuerzo descomunal de todos los profesionales así como de las organizaciones para paliar los efectos. A pesar de ello, las consecuencias sociales y económicas han sido igualmente inmensas, con millones de pérdidas de empleos y una caída del producto interior bruto en el primer trimestre del año sin precedentes. En este contexto, el Síndic ha abierto más de 40 autos de oficio vinculados a la crisis provocada por la pandemia y ha canalizado más de un millar de quejas y consultas. Por este motivo, la institución ha elaborado este informe, a fin de ofrecer una visión global de la crisis de la COVID-19 desde la perspectiva de los derechos y de la actuación del Síndic de Greuges de Cataluña. 

El Síndic ha entregado este informe al Parlamento de Cataluña y, de acuerdo con la Ley del Síndic, debe ser objeto de debate en la Comisión del Síndic de Greuges. También lo ha entregado al presidente de la Generalitat, con quien ha podido comentar los detalles en el marco de una reunión este mismo jueves, 4 de junio.

Salud

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Angehörige von Wachkomapatienten üben Kritik. Sind die Corona-Regeln zu restriktiv? Wer bestimmt, wann pflegende Angehörige ihre Liebsten wiedersehen können? Mühsam erarbeitete Fortschritte in der Genesung könnten durch die Isolation zunichte gemacht werden.

Wachkomapatienten sind seit Wochen Corona-bedingt von ihren Angehörigen isoliert. Ein unerträglicher Zustand, klagt die Mutter einer Tochter, die nach einem schweren Unfall in einem Pflegewohnhaus untergebracht ist. Sind die Regeln in den Heimen zu restriktiv? Im ORF-Bürgeranwalt-Studio diskutierte ein Vertreter des Wiener Krankenanstalten-verbundes (KAV) mit Volksanwalt Bernhard Achitz und der Angehörigen einer Wachkoma-Patientin.

Markus Pederiva vom KAV rechtfertigte die Besuchsbeschränkungen mit der Sondersituation in der Coronakrise, kündigte aber Erleichterungen an. Volksanwalt Achitz hat zwar prinzipiell Verständnis, dass die Bewohnerinnen und Bewohner besonders geschützt werden sollten, verweist aber auf eigentlich vorgesehene Ausnahmen, die angewandt werden müssten: „Eine dieser Ausnahmen sagt, Besuche sind zuzulassen bei Menschen in besonderen, kritischen Lebenslagen – und Wachkomaptientinnen und -patienten fallen da wohl eindeutig darunter.“

Allerdings kritisiert Achitz, dass die Entscheidung über solche Ausnahmen bei der Leiterin bzw. dem Leiter der einzelnen Pflegeeinrichtung liegt – „denen halst die Politik hier sehr viel Verantwortung auf. Was fehlt, sind klare Richtlinien der Politik.“

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In seiner heutigen Sitzung hat der Petitionsausschuss die Beschwerde einer Petentin beraten, mit der sie die Schwierigkeiten bei der Bearbeitung ihres Antrages auf Wohngeld durch die Stadt Schwerin schildert. „Zu der Ausschussberatung war selbstverständlich auch die Stadt Schwerin als handelnde Behörde eingeladen worden, die jedoch ihre Teilnahme ohne nähere Begründung abgesagt hat. Dadurch konnten wir den Sachverhalt nicht in vollem Umfang aufklären.“, so Manfred Dachner, Vorsitzender des Petitionsausschusses.

La Carta de Servicios es una herramienta de mejora de las relaciones  de la Institución con la ciudadanía
 
Mañana, 5 de junio, se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente; por ello, desde El Justicia queremos anunciar que nos hemos convertido en la primera institución aragonesa hemos recibido el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la sección a) de huella de carbono y de compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Dicho sello enclavado en la parte de cálculo del mismo nos embarca como administración a un compromiso de reducción de dicha huella de carbono que ya se está realizando en varios ámbitos de nuestro funcionamiento, especialmente en el uso de energías renovables y en la reducción al mínimo de papel y envíos físicos, así como la utilización de plásticos de un solo uso.
Igualmente, El Justicia participa en la iniciativa “CeroCO2”, de Fundación ECODES: nacida en 2005, propone acciones concretas para el cuidado del clima, facilitando y promoviendo la implicación de todos los actores sociales. Esta iniciativa ha sido premiada en 2018 con el “Climate Reality Awards” por su recorrido e impacto a lo largo de estos 14 años.
Por otro lado, mediante Resolución de 11 de mayo de 2020, se aprobó la Carta de Servicios de la Institución, que viene a sustituir el Código de Buena Conducta administrativa aprobado en 2001.
Las cartas de servicio son documentos que explican los servicios que ofrecen las organizaciones e instituciones, así como los compromisos de calidad que asumen en su prestación, como herramienta para mejorar las relaciones con los ciudadanos.
 

l’heure où tous les pays membres de l’Union sont appelés à transposer la directive européenne 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, le Défenseur des droits, chargé depuis 2016 de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte, appelle le Gouvernement et le Parlement à une transposition ambitieuse de la directive dans la loi française.

Depuis plus de 3 ans, le Défenseur des droits a régulièrement alerté sur les fragilités du système français de protection des lanceurs d’alerte. Il invite aujourd’hui à se saisir de la directive pour permettre à la France de se doter d’une législation claire, opérationnelle et accessible à tous, à la hauteur de l’enjeu démocratique que représentent le développement de la culture de l’alerte et la protection effective de ceux qui prennent des risques pour dénoncer des atteintes à l’intérêt général.

Dans la continuité de la rencontre européenne « Protéger les lanceurs d’alerte : un défi européen », organisée en décembre 2019 avec l’ensemble des parties prenantes, lanceurs d’alerte, sociologues, juristes, praticiens et autorités publiques de plus de dix pays européens, le Défenseur des droits invite notamment à harmoniser les régimes de protection comme les mécanismes d’alerte et informer les citoyens sur leurs droits nouveaux de manière claire et publique.

S’il appelle à préserver certaines avancées issues de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, en particulier une définition large du lanceur d’alerte, le Défenseur des droits recommande que le gouvernement ne s’en tienne pas à une transposition stricte de la directive, mais allant au-delà et clarifie le rôle des personnes morales dans le processus de lancement des alertes (ONG, syndicats) et inclue au niveau national un dispositif spécifique d’alerte relatif aux questions de sécurité nationale et de secret défense.

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